El Poder Ejecutivo busca acelerar las obras de las represas en la provincia patagónica y llegar al 2023 con las turbinas en funcionamiento. Se trata del proyecto que involucra las represas Cóndor Cliff (Néstor Kirchner) y Barrancosa (Jorge Cepernic), el cual tiene una inversión por parte de China de 4100 millones de dólares. Sin embargo, para evitar el impacto aguas arriba y aguas abajo, el proyecto requiere el desvío de un río.
Por Juan Patricio Méndez*
Luego de una serie de dificultades y contratiempos, el Poder Ejecutivo busca apurar las obras de las represas hidroeléctricas Cóndor Cliff y Barrancosa, con el fin de que su operatividad comience hacia el año 2023. Asimismo, el Gobierno Nacional espera que el 2021 sea el año de mayor laboriosidad y expansión del proyecto. Más allá de la inversión que implica, se trata también del emplazamiento de una obra cuyo potencial productivo equivale a un 4 por ciento del total de la generación del país, en materia de electricidad.
Ambas plantas proyectan su construcción junto al desarrollo de una línea de alta tensión de 170 kilómetros en la provincia de Santa Cruz. A su vez, las centrales permitirán inyectar un aproximado de 1300 megavatios de potencia, lo cual supone un gran crecimiento en el área energética, y la disponibilidad de un mayor caudal de electricidad para operar desde plantas hasta el abastecimiento de suministro a la población.
Por otro lado, el presupuesto estipulado para el megaproyecto es de 4100 millones de dólares. La obra, sin embargo, estará a cargo de la empresa china Gezhouba, propietaria de una parte importante del sector productivo de la energía. Administra un 60 por ciento de la Unión Transitoria de Empresas (UTE), un 36 por ciento de Electroingeniería y un 4 por ciento de Hidrocuyo. Para el gigante asiático, esta clase de proyectos son de importancia estratégica.
Sin embargo, dentro del sinfín de “obstáculos” que hemos mencionado se encuentran modificaciones en las condiciones técnicas de la potencia energética (de 1700 megavatios a 1300), un amparo ambiental presentado en el año 2017 que frenó la construcción, y el deslizamiento en uno de los taludes de contención en el año 2019. En efecto, luego de este último acontecimiento, se comenzó a discutir la factibilidad de la obra con un nuevo diseño.
Impacto ambiental: Qué dicen los expertos.
El amparo en cuestión fue presentado por la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas, y en tal expediente la Corte Suprema de Justicia de la Nación dictó una medida cautelar que suspendía las obras de las represas “hasta tanto se lleve a cabo el proceso de Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) y la Audiencia Pública previsto en la Ley de Impacto Ambiental de Obras Hidráulicas N° 23.879, o hasta el momento en que se dicte la sentencia definitiva”.
Para julio de 2017 se realizó la Audiencia Pública, en consonancia con lo requerido por el máximo tribunal de justicia nacional. En dicha oportunidad, diferentes ONG’s alertaron sobre las grandes omisiones técnicas, informativas y operativas de la Evaluación de Impacto Ambiental, presentada por Emprendimientos Energéticos Binacionales S.A (EBISA), absorvida por ENARSA en ese mismo año. En este sentido, se denunció que EBISA carecía de independencia e idoneidad para esta clase de evaluaciones de alta complejidad, ya que su ex presidente, Jorge Marcolini, era al mismo tiempo funcionario del Ministerio que debía evaluarlo.
Por otra parte, se señaló que la empresa no se encontraba habilitada para realizar estos estudios, ya que la misma no se encontraba inscripta en el Registro de Consultores de Impacto Ambiental del Ministerio de Ambiente, al momento de haber sido anunciado el EIA.
Sobre la aprobación de este Estudio, se señaló que se imposibilito que organismos técnicos como el Instituto Argentino de Nivología y Glaciología (IANIGLA) y el Instituto Nacional de Prevención Sísmica (INPRES), pudieran realizar sus respectivos aportes. En efecto, el IANIGLA realizó a fines del 2017 un estudio en donde detalló que existen omisiones informativas acerca de los glaciares de la cuenca del Río Santa Cruz, “bajo lo cual debe realizarse un estudio específico de impacto sobre la zona mencionada”.
A fines del 2020, el Grupo de Estudios sobre Territorio, Poder y Ecologías desde el Sur (Estepes) realizó “un llamado a la responsabilidad y compromiso ético de los profesionales que integran las instituciones públicas que evaluarán los estudios de impacto ambiental de las megarepresas de Santa Cruz”. Esto se debe a que las obras, según informes del mismo grupo, implicarán “la desaparición de un 50% del Río Santa Cruz”. Éste comentario se suma a otros informes que detallan “impactos negativos en fauna, flora, riqueza arqueológica, desacople con el Lago Argentino y posibilidad de desabastecimiento de agua para la región de Comandante Luis Piedra Buena”.
La Fundación Banco de Bosques inició una causa, el pasado mes de octubre, contra el Ministerio de Planificación, en la que la CSJN resolvió “requerir al Estado Nacional que informe, en el plazo de 30 días, el estado actual de avance de las obras correspondientes a los aprovechamientos hidroeléctricos del Río Santa Cruz Presidente Dr. Néstor Carlos Kirchner – Gobernador Jorge Cepernic, actualmente Cóndor Cliff y La Barrancosa”.
Lo que se buscó determinar es si se habían realizado, o no, los EIA correspondientes a la Línea de Extra Alta Tensión. En tal sentido, la Corte Suprema le requirió al IANIGLA que “se pronuncie con carácter definitivo sobre los estudios producidos por Emprendimientos Energéticos Binacionales S.A., atendiendo especialmente a la cuestión del ‘desacople’ en relación con la evaluación realizada por el ingeniero Ascencio Lara”.
“Las obras implican la desaparición de un 50 por ciento del Río Santa Cruz”
Por su parte, el organismo judicial le ordenó al Instituto Nacional de Prevención Sísmica (Inpres) que “verifique la idoneidad de los estudios realizados por la firma EBISA en el marco de esta causa y dentro de su ámbito de competencia, y que emita una opinión fundada en relación a la necesidad de realizar un estudio de ‘sismicidad inducida’”.
Por último, dispuso a la Administración de Parques Nacionales (APN) a expedirse sobre el examen del Estudio Impacto Ambiental respecto de los posibles daños a la biodiversidad (especialmente en relación con la subsistencia y conservación del macá tobiano) y emita una opinión fundada sobre la idoneidad de las medidas desarrolladas en el Plan de Gestión Ambiental con relación a dichos daños”.
Los expertos advirtieron que este proyecto presenta debilidades de gran magnitud, denunciadas por varios sectores sociales. En este sentido, indicaron que “ambas represas destruyen una de las mayores cuencas hídricas del país, siendo ésta singular por ser netamente glaciaria, y por ser un elemento troncal del ecosistema y las sociedades patagónicas australes”. “Somos conscientes de que la APN no puede negar la trascendencia de un río Santa Cruz fluyendo libre hasta el mar para la conservación del ambiente natural de la región”, señalan los investigadores.
Y los desarrolladores del proyecto no dicen lo contrario. Es más, el Estudio de Impacto Ambiental, presentado por Unión Transitoria de Empresas, indicó que “con la generación de los dos embalses NK y JC, más de 180 km del Río Santa Cruz (longitud total actual 378 Km) se transformarán en un cuerpo lacustre […]. Esta alteración implicará la desaparición total de la morfometría fluvial y de la dinámica actual del río Santa Cruz en las secciones que serán inundadas”.
Al mismo tiempo, y en relación a la fauna y flora del lugar, Estepes señaló que el impacto en ambas áreas no es del todo conocido por la poca información disponible de las investigaciones científicas. “La alteración de un ecosistema tan importante como el de la cuenca del río Santa Cruz puede afectar irremediablemente en consecuencia a especies biológicas de las que ni siquiera estamos en condiciones de hacer evaluaciones rigurosas en la actualidad (Quintana 2019). Algunos expertos han alertado de los riesgos que pueden suponer para el ecosistema de la cuenca del río Santa Cruz la introducción de las líneas de extra alta tensión (Roesler), o la alteración del régimen del estuario del río (Loizaga de Castro 2013), o la propagación de especies invasoras entre otros muchos impactos”.
“El impacto en Flora y Fauna no es del todo conocido por la poca información disponible de las investigaciones científicas”
Aún se encuentra en desarrollo un proyecto de estudio sobre el impacto en los peces residentes y migrantes del río Santa Cruz y el Lago Argentino. La investigadora del Conicet Carla Riva Rossi explicó que “hay un compromiso en desarrollar la tecnología de sistemas de paso para los peces y de mantener el caudal ecológico del río aguas abajo de la presa, para conservar la biodiversidad biológica”. Sin embargo, más allá de la gestión del nivel de agua de la presa para evitar el impacto aguas arriba y aguas abajo, la construcción de las hidroeléctricas demandaría el desvío del río.
Las consecuencias las conocemos, y si no las tenemos presentes, basta solo con observar el estado de desertificación que presenta la Provincia de La Pampa por el desvío del Río Atuel, por parte de gobierno de Mendoza.
Por último, en una carta abierta, los miembros de Estepes señalaron que “el desarrollo económico no puede ir en contra del ambiente y de la comunidad. El incremento de la producción y consumo energético no son ya parámetros de bienestar social ni ambiental. La desaparición de nuestro patrimonio ambiental no puede entenderse ni como progreso ni como soberanía”.
(*) Columnista de Ambientalismo en Abramos La Boca (Lunes a Viernes de 16 a 18 horas) / Radio Gráfica 89.3
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