¿Se extiende la suspensión de desalojos? ¿Cuál es la situación de los inquilinos?

Fernando Muñoz, responsable del Programa de Atención de Inquilinos, en el marco de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires, dialogó en Radio Gráfica sobre la situación de los locatarios durante la pandemia y la posibilidad de que se extienda el plazo de suspensión de los desalojos (contemplado hasta el 30 de septiembre), aún sin formalización.

Muñoz opinó “creo que el Gobierno lo va a renovar. El tema de la postergación supongo que tiene que ver con discusiones que deben existir respecto de hasta qué mes se va a prorrogar. El plan inicial, en marzo, fue hacerlo por 180 días pensando en que la pandemia se iba a extender hasta el invierno. Los planes se alteraron en una Argentina donde el mercado tiene una preeminencia y hegemonía absoluta”.

Para explicar el poderío del mercado, el titular usó de referencia el blanqueo de capitales de 2016 y 2017 que impulsó el ex presidente Mauricio Macri, donde “se declararon 110.000 inmuebles, de los cuales el 25% estaban en la Ciudad de Buenos Aires, es decir 30.000 departamentos”.

“Son capitales que están fugados, y ni hablar en la Provincia (Buenos Aires), donde debe haber cerca de 50.000 propiedades”, evidenció, y criticó fuertemente que Argentina “es un país donde no cuenta con números concretos, ni de inquilinos, de locadores, ni de cantidad de viviendas o inmuebles que tienen, ni de los precios de los alquileres, los cuales uno se la pasa consultando a páginas privadas manejadas por el mercado”.

En cuanto a la situación de los inquilinos, que piden la prórroga de la medida, Muñóz advirtió que “bancan presiones tremendas, por parte de las inmobiliarias, los amenazan por haber adherido a la prórroga con no renovar o que la renovación venga con precios exorbitantes”.

Muñoz afirmó que faltan organismos de control para evitar los abusos sobre los inquilinos.

El funcionario mencionó que “hay una orfandad por parte de los organismos del Estado para poder intervenir”, y añadió que “todos sabíamos que cuando se firmó el decreto, se venía una ola de incumplimientos porque en realidad, el mercado no acepta ninguna norma o ley que lo regule”.

“Las inmobiliarias y los dueños, en CABA, están acostumbrados a que uno -inquilino- tenga que ir con la plata en el bolsillo todos los meses a pagar el alquiler, que no te entreguen factura, es imposible bancarizarlo”, mencionó entre otro tipo de situaciones que se viven a diario.

“No hay ningún organismo público que sea autoridad de aplicación de este decreto, ni el propio decreto dice quién es el organismo responsable de garantizar que esto se cumpla aún creado el Ministerio de Vivienda y Hábitat”, denunció.

Un Ministerio que, bajo la tutela de María Eugenia Bielsa, “desconoce el acceso a la vivienda a través del alquiler, y repite un discurso en torno a la construcción de viviendas”, critió el representante de la Defensoría del Pueblo.

“Hay algo inédito que ha incorporado que es una línea de créditos para inquilinos para que hagan refacciones cuando la propia Ley de Alquileres, y el Código Civil vigente dice claramente que la responsabilidad es del locador en estas situaciones”, examinó, y aseguró que “en una situación de crisis, el crédito blando es el único recurso que queda para agarrarse”.

La Ley de Alquileres sancionada el pasado 30 de junio, regula los derechos y obligaciones del inquilino y del propietario. La Defensoría del Pueblo creó, a partir de la sanción, una guía básica donde repasa las principales novedades de la Ley 27.511 y el DNU 320/20 de emergencia por el COVID-19.

Este material fue elaborado por el Programa de Atención de Inquilinos, logrando que sea claro y sintético sobre las nuevas condiciones y plazos de alquiler habitacional, y sin perder el eje de la normativa eventual mientras esté vigente el aislamiento obligatorio.

Asimismo, el titular sostuvo que a pesar del éxito que tuvo el primer PRO.CRE.AR durante la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner siguió subiendo el nivel de inquilinos: “hoy son dos millones y medio de hogares, no hay una política pública concreta por ejemplo de la Ley de Alquileres”.

El funcionario alertó que “el mercado es fuerte, el Estado todavía no ha reaccionado, no cuenta ni siquiera con la reglamentación de AFIP, para que se registren los contratos. El Estado no sabe tampoco cuál es el endeudamiento de los inquilinos”.

Por último, Muñoz destacó que es importante saber “cuántas familias tienen deuda del alquiler como para llevar adelante una política de desendeudamiento”.