Luis Villanueva: “Para enfrentar la corrupción tiene que haber un Estado fuerte”

Luis Villanueva, subsecretario de Integridad y Transparencia de la Oficina Anticorrupción, fue consultado en Radio Gráfica sobre el trabajo que lleva adelante el organismo y en qué condiciones lo encontraron tras la gestión macrista.

ROL DE LA OFICINA ANTICORRUPCIÓN

“La oficina anticorrupción tiene básicamente dos tareas: una es la participación en causas penales, donde se querellan, denuncian e impulsan acciones judiciales. Después hay otra parte que es la preventiva, la que procura generar mecanismos y distintas políticas públicas para que el acto de corrupción no suceda y, si ocurre, que se detecte a tiempo antes de producir aspectos jurídicos, políticos o económicos hacia terceros. Es decir, formular políticas públicas para prevenir la corrupción”, detalló sobre el organismo que actualmente está a cargo de Félix Crous.

Sobre como se visualiza el termino de “corrupción” en la sociedad, Villanueva apuntó que “en estos últimos años, en términos discursivos, se fue construyendo una idea sobre que corrupción implica meter presa a gente y judicializar todo lo que se pueda para llevar a Tribunales”. Para contrarrestar esta situación, Argentina está adoptando el modelo de “los países donde se trabaja bien la corrupción” que consiste en prevenir los hechos más que juzgarlos.

TRANSPARENCIA EN LA GESTIÓN PÚBLICA

Sobre el impacto que tuvo la utilización política de la transparencia y la corrupción en la región, el funcionario señaló que “se pretendió con esa bandera condicionar movimientos políticos y sociales que iban sucediendo en distintos países, básicamente encarcelando a los líderes de espacios populares”.

“Hay otro tipo de corrupciones que tienen que ver con procesos económicos, con decisiones de políticas públicas, las cuales son tomadas por funcionarios que cooptan el Estado exclusivamente para ponerla en servicios de intereses privados y estos son casos de corrupción”, explicó Villanueva, puntualizando que durante el Gobierno de Mauricio Macri “lo que se vio es una cooptación de la decisión pública, eso implica corrupción masiva y generalizada. Eso es lo que sucedió en Argentina en el periodo de 2015 a 2019 y se denomina un proceso de cooptación del Estado. Eso existe y lo investigamos. La trabajamos y procuramos dentro de lo que se puede porque hubiera deseado que lo haga su propio gobierno con la Oficina de Anticorrupción”.

En ese sentido, marcó las diferencias con la gestión anterior. “Nosotros como Gobierno tenemos que rendir cuentas a la sociedad con una gestión absolutamente transparente. Sobre todo en un país como el nuestro, donde hay clarísimos problemas económicos y sociales, esto implica una responsabilidad en términos políticos y en solidaridad de cuidar el buen uso que tengan los recursos públicos por parte de los funcionarios. Siempre dijeron que cuando menos Estado menos corrupción pero es absolutamente lo contrario. Para enfrentar la corrupción tiene que haber un Estado fuerte que pueda controlar a sus funcionarios. No puede haber permisibilidad”, enfatizó.

“No puede haber permisibilidad”

Respecto a la ex titular de la Oficina Anticorrupción, recordó que “Cuando Laura Alonso llega a la función pública desiste de todas las querellas de gobiernos anteriores al de Cristina Kirchner, que aún se estaban tramitando, e inicia todas las querellaras contra funcionarios (de ese momento) y contra Cristina por hechos sucedidos de 2007 al 2015″. Asimismo “no inicia ninguna contra funcionarios macristas del 2015 al 2019. Toda una oficina de anticorrupción inclinada a la persecución penal del adversario político”.

TRANSPARENCIA EN LA ADQUISICIÓN DE BIENES POR PARTE DEL ESTADO

En cuanto a la tarea de prevenir hechos de corrupción, manifestó que estos no solo solamente son efectuados por funcionarios público, sino también por miembros del sector privado. “A la par de que hay malos funcionarios, que no hacen lo que tiene que hacer, también pasa reiteradas veces que muchos sectores del mercado o los mercados condicionan decisiones de política pública. La corrupción de proveedores existe y el que lo niega está desconociendo la historia reciente que da cuenta sobradamente de eso”.

“La corrupción y cartelización son fenómenos que se encuentran arraigados en sectores de la economía como el alimentos o el de obra pública, y esto es corrupción que no participan funcionarios públicos”, plasmó, y explicó que para combatir estas manera de accionar “se crearon direcciones anticorrupción en muchos ministerios, como el de Seguridad, el de Transporte, el de Agricultura. Esto implica fortalecer las capacidades del Estado para prevenir la corrupción y enfrentar el proceso donde algunos actores del sector privado buscan condicionar la decisión política pública”.