Por Horacio Rovelli
La Argentina debe priorizar la deuda interna que implica el grado de desocupación de casi nueve millones de personas que perciben el IFE (Ingreso Familiar de Emergencia) porque no tienen trabajo o es precarizado, la suma es de solo $ 10.000 por mes.
A su vez tenemos 2.040.000 trabajadores del sector privado que trabajan en 242.000 empresas que perciben una ayuda estatal hasta un tope de dos salarios mínimos vitales y móviles, que equivalen a 33.750 pesos, es decir, los trabajadores reciben un salario mínimo ($ 16,875.- mensuales) pero la idea es pagar la mitad del salario y si este es igual o mayor a 67.500 pesos reciben el máximo equivalente a 33.750 pesos. Asimismo, el programa posterga o reduce hasta un 95% el pago de los aportes patronales de las empresas inscriptas al programa
La negociación de la deuda externa se hizo con la convicción de trasladar la amortización del capital de la deuda para la segunda parte del año 2024 y pagar desde el año 2021 solamente los intereses, que para los cuatro años (2021 a 2024) implica un gasto total acumulado de aproximadamente 9.700 millones, cuando en el año 2019 se obtuvo un superávit comercial (las exportaciones superaron a las importaciones) en 15.990 millones de dólares y este año se infiere que el superávit rondará los 18.000 millones de dólares y son buenas las perspectivas para los años 2021-2024 por la sencilla razón que el 65% de las exportaciones Argentinas son alimentos y el mundo necesita alimentarse, sobre todo los países del este asiático que tienen mucha población y no pueden hacinar sus animales por el contagio de enfermedades, la mutación de los virus y su contagio al ser humano.
La negociación de la deuda con el FMI no va a ser fácil, primero, porque fue la Administración de Donald Trump quien presionó al organismo internacional para que se le concediera los 32.200 millones de DEG (Derechos Especiales de Giro) a la Argentina de Cambiemos (unos 45.000 millones de dólares en la actualidad), que como dijo el Presidente Alberto Fernández fue para financiar la campaña política más cara de la historia Argentina. En cambio el que va amortizar esa suma es un gobierno que entiende que tenemos economía complementaria con la República Popular China, con Venezuela, con Irán, con Corea del Norte, con los países del ASEAN (especialmente Camboya y Vietnam), que a muchos de ellos en el Departamento de Estado los consideran el “eje del mal” e igual repiten los principales referentes del “Círculo Rojo”, pero no así, el Consejo Agroindustrial Argentino[1] que proponen el Plan Agro Industrial que estiman incrementar nuestras exportaciones hasta 100.000 millones de dólares por año.
El acuerdo firmado por el Gobierno de Cambiemos plantea pagar el crédito del FMI en 8 –ocho-cuotas trimestrales por desembolsos, a partir de septiembre de 2021 (que es el primer vencimiento de los 14.458 millones de dólares ingresados al país el 22 de junio de 2018), por lo que cada tramo se devuelve a partir de los 3 (tres) años y un trimestre después de haberse recibido, en 8 –ocho-cuotas trimestrales iguales.
Esto es: El primer desembolso fue de 14.458 millones de dólares y se debe devolver en 8 –ocho cuotas trimestrales de 1.807,25 millones de dólares cada una (más los intereses y es en DEG), siendo la primera cuota en septiembre de 2021 y las restantes en diciembre 2021, marzo, junio, septiembre y diciembre 2022 y marzo y junio 2023.
El segundo tramo se recibió el 30 de octubre de 2018 por 5.700 millones de dólares, por ende, se debe pagar en 8 –ocho cuotas iguales de 712,5 millones de dólares (más intereses y en DEG) a fines de enero 2022, de abril, julio y octubre de ese año y enero, abril, julio y octubre de 2023.
Y así sucesivamente para todo el crédito del FMI. Por un lado, se van sumando las cuotas en los años 2022 en adelante, y por otra parte no sabemos el valor del DEG. La tasa de interés será variable y dependerá de la evolución de la de del derecho especial de giro (DEG), pero rondaría el 4,9% anual, suma imposible de pagar
La propuesta Argentina era pagar como hasta ahora, unos 300 millones de dólares por trimestre (unos 1.200 millones de dólares en el año) y contar con un nuevo plan de amortización en más cuotas trimestrales y que se pague desde septiembre 2024.
La propuesta del FMI van a ser dos, un stand by (se tiene que devolver en tres años, imposible) o un plan de facilidades de pago que se puede extender hasta diez años, pero con condicionalidad que son las de siempre, severo plan de ajuste, reforma previsional (con extensión de años de aportes y de edad para jubilarse), impositiva (mayor presión tributaria sobre la población, por ejemplo reimplantar el IVA a los alimentos) y estructurales que son siempre las mismas, privatizaciones y sistema de capitalización previsional.
EN SINTESIS
La Argentina necesita ponerse de pie y crecer, producimos alimentos y podemos sumarle mayor valor agregado a los mismos y a cierta industrialización, no es el camino que nos depara el FMI y debemos recrear una salida sustentable, no exenta de riesgos, pero como dijo el gran maestro Simón Rodríguez: “O inventamos o erramos”
[1] El llamado Consejo Agroindustrial Argentino (CAA) conformado por CIARA (Cámara de la Industria Aceitera) junto a Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), Coninagro y Federación Agraria; entidades vinculadas a subsectores como Asociación de Semilleros, Asociación Forestal, Biocombutibles, Nutrición Animal, Feedlot, Cámara de Productores Avícolas, de Maíz Pisingallo, del Maní, de Arroceros, Cámara de Legumbres, Cámara Algodonera, de Puertos Privados, Procesadoras Avícolas, Industria Molinera, Federación Olivícola, Mesa Nacional de Carnes, Frutas y las bolsas de cereales de Buenos Aires, Bahía Blanca, Córdoba, Entre Ríos, Chaco, Rosario, Santa Fe.
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