Este jueves se realizó la segunda audiencia de conciliación entre el gobierno santafecino y los directivos de Vicentin, para definir el futuro de la cerealera. Los dueños de la firma, sospechados por vaciamiento y fraude empresarial, se negaron a transferir sus acciones para que las administre un fideicomiso. De ésta manera, el gobernador Perotti se retiró de las negociaciones y vuelve a tomar fuerza el proyecto de expropiación. Claudio Lozano, director del Banco Nación, analizó en Radio Gráfica las posibilidades que tiene el ejecutivo nacional ante el nuevo escenario.
“No me sorprende que no se haya podido avanzar en la negociación, porque era el territorio construido por Vicentin, para seguir ganando tiempo. Si los objetivos eran salvaguardar las fuentes laborales, crear una empresa testigo en el comercio exterior y avanzar en la soberanía alimentaria, no había posibilidad de acuerdo”, señaló Claudio Lozano, titular del Banco Nación, organismo con el cual el holding mantiene una deuda de 300 millones de dólares.
El economista, además denunció las irregularidades judiciales tanto en el concurso de acreedores, como en la investigación por administración fraudulenta de la empresa: “el escenario de audiencias en las que la provincia conversaba con el grupo, estaba construido en el marco de un concurso que lleva adelante un juez (Fabián Lorenzini) que viene apañando a la firma” y agregó que el magistrado “ni siquiera había incluido dentro del comité de acreedores al Banco Nación, a pesar de ser el primer acreedor individual de Vicentin, pretendió nombrar a dedo representantes de los trabajadores colocando gerentes en el comité para que votaran a favor de la empresa, y además les permitió no presentar el balance 2019 y hasta les otorgó otros 40 días hábiles para hacerlo”.
“Los directivos buscan mantenerse dentro de la firma, y al mismo tiempo, tener impunidad judicial frente a las investigaciones que aparecen y muestran maniobras de carácter cuasi delictivo”
En el marco de las investigaciones para determinar cuál fue el destino del préstamo otorgado por el Banco Nación a la agroexportadora, el fiscal Gerardo Pollicita intentó llevar adelante un allanamiento que fue aplazado por 24 hs por el juez de Reconquista, Aldo Alurralde. “Les avisan que van a allanar las instalaciones de la empresa, y les dan tiempo para esconder toda la documentación que el juzgado pretendía obtener. Está claro que Vicentin tiene un grado de control institucional lo suficientemente importante que obliga a que saquemos la investigación de ahí si pretendemos avanzar en algo”, sentenció Lozano al tiempo que aclaró:
“La lógica es que el concurso o cualquier cuestión legal (respecto de Vicentin) se tramite en el ámbito nacional, no en un ámbito donde el grupo tiene total control”
El funcionario, además, reconoció que cuando se anunció la expropiación a principios de junio, “no se había dimensionado adecuadamente la relevancia del tema y que, por tanto, iba a generar un conjunto de reacciones aceptadas y sostenidas en la estructura del poder económico. Además, con el apoyo de los medios hegemónicos iban a intentar manipular y confundir a la opinión pública, que fue lo que hicieron con argumentos falaces”. En esa misma línea, sostuvo: “No se establecieron acuerdos con las cooperativas, los productores agropecuarios, ni se conversó con los trabajadores, suponiendo que todo estaba dado. Se produjo una reacción muy fuerte y ante esto el presidente dijo que se equivocó. Se equivocó en el modo, no el objetivo”.
“Mostrar las maniobras delictivas que llevó adelante el grupo, construirá el consenso necesario para llevar adelante la expropiación”.
Lozano también remarcó el valor estratégico que supone Vicentín para el comercio exterior: “No está en discusión una cuestión ideológica. La empresa es de las primeras 10 que controlan el comercio de cereales y derivados de la Argentina que maneja el 90% de ventas externas, tiene un papel protagónico en el complejo sojero, primer lugar en el complejo de girasol, y séptimo en el de maíz. Si el estado toma control, recupera por primera vez en mucho tiempo una herramienta que le permitiría edificar una regulación pública sólida sobre el comercio exterior”.
El economista además criticó la falta de regulación estatal en el comercio exterior de granos: “No hay control sobre lo que sale del país, perdimos el ferrocarril público en los ’90, la junta de granos, los puertos, no tenemos flota, y consecuentemente todo lo que decimos que se exporta es por declaración jurada de las empresas. Hay cálculos que indican que en realidad se pierden 5 mil millones de dólares por las maniobras de subfacturación de exportaciones dentro del sector”. Por otra parte, desconfió de la eficacia de la conformación de un fideicomiso, tal como había propuesto Omar Perotti: “Si uno deja abierta la posibilidad a la capitalización libre de los acreedores, hay bancos extranjeros, cerealeras, grandes productores que pueden terminar tomando la empresa”.
“No se trata de reemplazar a Vicentín por Aceitera General Deheza o Cargill, se trata de convertirla en empresa testigo y trasformar el fraude y la estafa en una herramienta que beneficie a la sociedad argentina”.
Para finalizar, resaltó que el presidente Alberto Fernández le transmitió que lo anunciado durante la primera conferencia de prensa sobre “conformar una empresa testigo, salvaguardar las fuentes laborales y avanzar en soberanía alimentaria, son objetivos irrenunciables”, y cerró: “Si estos objetivos se mantienen, el camino es obviamente la expropiación”.
- Entrevista realizada por Claudio Orellano, Lautaro Fernández Elem y Leila Bitar en Desde el Barrio (Lunes a viernes 13hs)
- Redacción: Leila Bitar
Discusión acerca de esta noticia