Fuentes Seguras. El sentido de la Reforma Judicial que esta semana presentará el gobierno

Por Gabriel Fernández *

Finalmente, la anunciada y deseada –por algunos- reforma al Poder Judicial se pondrá en marcha. El presidente Alberto Fernández la enviará esta semana al Congreso Nacional con el objetivo de promover un debate de fondo, lograr el mayor consenso posible y contar para el año venidero con una estructura más justa –valga la paradoja- y sobre todo, más confiable para los argentinos.

Esta vez nuestras Fuentes se desbordaron y con sonrisas inocultables arrancaron deslizando “decile a tus amigos escépticos que Alberto cumple y Cristina dignifica”. A partir de allí, con menos ironía y más precisión, explicaron que “la demora se debió a tres puntos: la complejidad del tema, la pandemia que ocupa mucho tiempo de gestión y la importancia de desembarcar previamente en la AFI para evitar, en lo posible, un bombardeo interno”.

LA PALABRA EMPEÑADA. Añadieron: “aunque los ejes ya están, el presidente sigue estudiando la propuesta. Hay páginas que pueden ser reformuladas al último momento, así que ninguna de las versiones que circularán en las próximas horas puede ser tomada como decisiva”. Insistieron: “aún no hay versión final, tenelo en cuenta”. Entonces preguntamos por aquellas zonas de la iniciativa que califican como firmes, para luego avanzar sobre otros interrogantes.

Uno de los elementos considerados fue la lentitud de las determinaciones judiciales. “Aunque esa parsimonia a veces está relacionada con intereses externos a la Justicia –apuntaron las Fuentes– en muchísimos casos sucede por el desorden y la falta de funcionarios y juzgados para absorber gran cantidad de causas. El presidente, que conoce bien el funcionamiento interno, puso mucho esfuerzo en elaborar un esquema que haga más fluido el accionar de la Justicia, donde no haya excusas para decisiones lentas que por su propia lentitud terminan siendo injustas”.

Ahora bien, “el nudo está, como ya lo había anunciado Alberto durante la asunción, en la Justicia Federal, porque piensa que nada se resuelve con solo meter mano en Comodoro Py. En ese sentido, se busca ordenar administrativamente el funcionamiento interno para que los servicios de inteligencia no puedan, de ninguna manera, realizar actividades al margen del control jurídico”. Por eso “el primer paso era la designación de Cristina Camaño al frente de la AFI”.

Según los informantes “si se hubiera presentado antes el proyecto, con el desquicio que se encontró en lo que se llamaba SIDE, las maniobras para desmontar los cambios hubieran sido muy fuertes”. Por el contrario “la intervención logró empezar a cerrar los grifos que vinculaban a esa entidad con los grandes medios, y tantos abogados extorsionadores”. Recordaron que al asumir la funcionaria “no se conocía cuál es la situación administrativa de la Agencia, ni cuánto personal se desempeñaba”.

Las cosas se fueron ordenando con eficacia. Se están imprimiendo modificaciones en la Escuela de Inteligencia, cuyos parámetros habían sido reformados por la administración anterior. Ante la pregunta ¿algún día contará la Argentina con servicios que trabajen para el país y no para intereses privados locales e internacionales?  la respuesta fue sencilla: “a diferencia de otros, este gobierno supo desde el comienzo que no puede funcionar con toda una parte de la administración destinada a limar y destituir las autoridades constitucionales”.

ALBERTO FERNÁNDEZ. Otras de las observaciones narradas por nuestras Fuentes coinciden con los anuncios formulados directamente por el jefe de Estado. Como ya se trata de informaciones públicas, nobleza obliga, a través de Página 12, nos remitimos a su decir. Alberto indicó este domingo que su proyecto “implica reconstruir el fuero federal y además avanzar en el traspaso de la justicia ordinaria a la justicia de la Ciudad”, pero además dijo que “me propuse hacer un reordenamiento de todo el sistema de la Justicia Federal”.

Precisó que se trata de “un cambio en toda la justicia federal nacional con el propósito de que eso funcione bien. Es muy ambicioso, tan ambicioso como necesario porque la justicia federal se ha exhibido ante nosotros con un funcionamiento defectuoso”. Puso de relieve que “la reforma tiene una ley que ordena a la justicia federal de todo el país para que empiece a funcionar de otra manera. Con más tribunales, más fiscalías, más defensorías, más tribunales orales”.

El presidente adelantó la creación de un Consejo que durante 60 días lo va a asesorar para analizar el funcionamiento de la Corte Suprema, el Consejo de la Magistratura, el juicio por jurados y el Ministerio Público, entre otros. ¿Se ampliará el número de miembros del máximo tribunal? Ni las Fuentes ni el mandatario brindaron una respuesta concluyente y es probable que la resolución sea adoptada pocas horas antes del envío a las cámaras. Aunque, estimamos, esa ausencia de réplicas implicaría una afirmación de hecho.

El propio titular del Poder Ejecutivo indicó que “siempre hay dos respuestas y siempre todo es posible. Por ejemplo, yo era muy resistente al juicio por jurados porque la historia demuestra que muchas veces los jurados terminan siendo influidos por el contexto o por los medios. Pero la experiencia me fue demostrando que los jueces también son muy influidos por los medios y por el contexto. Creo que es mucho más difícil influir a doce personas que a una y por ahí el juicio por jurados es una solución”.

Alberto Fernández añadió que “el Poder Judicial tiene cierta forma conservadora que resiste a los cambios. En estos días lamentablemente hemos perdido a Julio Maier, pero yo era ayudante de cátedra de Julio cuando ya en épocas de Alfonsín trató de imponer el sistema acusatorio y le fue pésimo”. El resultado, como se sabe, fue insatisfactorio: “terminamos haciendo este engendro donde siguieron coexistiendo los juzgados de instrucción con los tribunales orales para que los jueces de instrucción no pierdan el poder que tenían”.

TRABAJO DE PINZAS. Ahora bien, el tratamiento de la cuestión no será nada sencillo. Quien redacta esta columna sabe que los poderes que hasta el presente han influido sobre varias regiones del Poder Judicial son los mismos que se relacionan con las autoridades de las bancadas opositoras y tienen capacidad de mando al interior de los grandes conglomerados mediáticos. Quizás el inteligente presidente comprenda, en las semanas por venir, que las dificultades para reformar el Poder Judicial se amplifican si no están acompañadas por una acción equivalente sobre la comunicación social.

Lo puntualizamos en diciembre: los dos grandes desafíos oficiales para poner en marcha el país anidan en la Justicia y los Medios. Las medidas económicas más productivistas, las iniciativas sociales más justicialistas y las decisiones que implicarían una equilibrada intervención estatal en la economía estarán sujetas al bombardeo persistente de jueces y periodistas, orientados por titiriteros comunes. Por estas horas, el think tank del poder agroexportador, del financiero, de las firmas de servicios públicos privatizadas y de los acreedores, está diseñando condenas argumentales para lo que pueden estimar como “un nuevo intento por controlar la Justicia”. Sus periodistas las darán a conocer.

Esto se verá reflejado en los grandes medios alimentados por esos recursos, pero también por la pauta estatal, los beneficios extra surgidos de la lucha contra el coronavirus –pago de sueldos- y por la misma decisión gubernamental de no afectar grillas de cables, hegemonía radial, propiedad de diarios y revistas, entre otros beneficios inusitados que denotan un esquema monopólico sin justificación en el interés nacional, en la calidad de los materiales, en el aporte a la batalla en la emergencia sanitaria.

Como hemos señalado en estas páginas, pero también de modo directo a los allegados a la administración que tuvieron el gesto de consultarnos, si lo que se desea es no afectar la (mala) relación con las empresas comunicacionales, el Estado cuenta con la posibilidad indelegable de fortalecer editorialmente a los medios públicos y económicamente a los medios populares. Eso hubiera facilitado la discusión sobre el derecho a intervenir en la economía (caso Vicentin y otros) y a partir de ahora favorecería el análisis de la Reforma Judicial esbozada aquí.

Felizmente la influencia de los medios es vasta, pero relativa. Básicamente, porque nuestro pueblo, piensa. También porque estos, nuestros medios, existen. Pero la intoxicación de trazo grueso y la generación de climas hostiles es posible –como ya sabemos- y pueden convertir el debate sobre una modificación institucional imprescindible en una fatigosa escalada de montañas empinadas, con personas bien intencionadas sometidas a la nieve, los vientos huracanados y las temperaturas gélidas. Sólo por portar soluciones para la comunidad.

Se avecina un debate histórico. Si su desarrollo es satisfactorio, el Poder Judicial argentino podría reintegrarse a la vida democrática nacional. Se lo extraña, desde hace varias décadas.

• Área Periodística Radio Gráfica / Director La Señal Medios / Sindical Federal