Panorama Sindical. Vicentin, ¿el comienzo de una nueva etapa?

Por Lucas Molinari y Leonardo Martín

La semana comenzó con una bomba política, trascendente de concretarse en los términos planteados por el presidente Alberto Fernández: la intervención y el envío de un proyecto de ley al Congreso para expropiar la firma Vicentin. Allí subrayó la necesidad de conservar los 6000 puestos de trabajo que dependen de la empresa y atender la situación de los 2600 productores proveedores de granos a los que la firma -por la que hubo un increíble cacerolazo- les dejó un pagadios.

Sin entrar en los escandalosos detalles que llevaron a una empresa concentrada y líder en el mercado exportador a tener una deuda de 1.400 millones de dólares (entre ellos más de 18 mil millones de pesos con el Banco Nación), vale recordar que la idea de la estatatización venía siendo promovida por organizaciones políticas, gremiales y sociales ante el desfalco y el rol estratégico que puede cumplir Vicentin.

Los planteos con que hacían la propuesta fueron similares a los que finalmente desarrolló Alberto Fernández, soberanía alimentaria  e intervención en el mercado de granos con una empresa testigo en la vidriosa área de la exportación. Es decir, poder garantizar alimentos a precios razonables a la población y tener una pata en la liquidación de las divisas, eterno talón de aquiles de la economía argentina, ni que hablar de los gobiernos populares.

Uno de los espacios que llevó a Alberto Fernández esa propuesta fue el que lanzó el Manifiesto por la Soberanía, el Trabajo y la Producción el 1° de mayo pasado donde confluyen organizaciones gremiales, sociales, Pymes, cooperativas y empresas recuperadas. Entre ellas la CTA Autónoma, gremios que militan en la Corriente Federal de Trabajadores, la UTEP, la FemPinra, Mesa de Unidad PyME, el Movimiento Nacional de Empresas Recuperadas, entre muchos otros.

El mundo sindical, por abrumadora mayoría, apoyó la por ahora intervención de Vicentin. En primer lugar lo hicieron los organizaciones gremiales del sector, tanto la Federación Aceitera que conduce Daniel Yofra, así como el sindicato aceitero de San Lorenzo, Santa Fe, que encabeza Pablo Reguera.

Ramón Acosta, secretario General de la CGT General Obligado en donde están las ciudades de Reconquista y Avellaneda en el norte santafecino, ciudades base y origen de Vicentin, apoyó la medida. “Nos llena de esperanza en cuanto mantener los puestos de trabajo. Los compañeros con sindicatos dentro de Vicentin están con una buena mirada de la medida que tomó el Gobierno”.

En diálogo con Radio Gráfica, Pablo Reguera contó sobre la planta en San Lorenzo en el sur santafesino: “Antes del stress financiero éramos 2000 mil personas trabajando en la planta de Vicentin, 1000 directos y 1000 indirectos, pero que estaban todos los días. Con la paralización de la planta esos 1000 indirectos se perdieron. Además, era la única aceitera que no respetaba el convenio y la paritaria 2020“.

También dio su apoyo el Movimiento Obrero Santafesino, espacio lanzado en noviembre de 2017, donde confluyen Regionales y gremios de CGT y CTA. En un comunicado expresaron: “El cúmulo de irregularidades cometidos por los dueños de la firma, que van desde la estafa al Banco Nación, elusión de impuestos y retenciones a las exportaciones, cesación de pagos a productores y proveedores hasta el incumplimiento de convencionales a sus propios trabajadores, amerita en pos de preservar a los puestos de trabajo, evitar la extranjerización de la misma y obtener un mayor control sobre los formadores de precios de los alimentos. Una señal de esta magnitud es necesaria para transitar el camino de la soberanía alimentaria, la recuperación de la economía y marcar un nuevo rumbo que debe recorrer la patria”.

No faltó la comisión gremial interna de Aceiteros en Vicentin, Avellaneda, que dialogó con Gráfica. Leandro Monzón, delegado de la fábrica en Avellaneda, norte de Santa Fé, relató: “Estoy de delegado hace cuatro años, nos afiliamos en el 2007 y recién pudimos tener comisión interna en 2014. Acá en la zona no hay mucha militancia sindical, a nosotros nos costó mucho. Nosotros teníamos una burocracia durante 30 años que nunca se arrimaba para sindicalizarte, imaginate que éramos empleados de comercio ¿entendes?”, comenzó explicando.

“Después despacito se fue avanzando, hasta llegar ahora que creo que estamos organizados. Al estar como comercio teníamos el sueldo muy bajo respecto a lo que ganaban los aceiteros en el país. De ahí logramos las categorías, condiciones laborales dignas, comité mixto de seguridad que es muy importante para la seguridad laboral. Porque siempre el trabajador para la empresa es un costo”. Interesante testimonio para dar cuenta de un proceso que ocurrió con fuerza en el kirchnerismo: una gran ola de sindicalización que formó una nueva generación de dirigentes. Que resistió al macrismo y hoy lucha por un proyecto nacional.

En la expresión de apoyos gremiales, como ya dijimos amplios, hubo una resonante ausencia. No hubo comunicación formal de la conducción de la CGT nacional sobre el tema. Si declaraciones tibias de apoyo de dirigentes en forma particular, pero nada oficial, ni siquiera un esquemático comunicado de compromiso. Llamativo.

 

LA IMPORTANCIA DE VICENTÍN PARA LA SOBERANÍA ALIMENTARIA. El economista e investigador Pablo Chena planteó en diálogo con Radio Gráfica “el potencial que tiene esa empresa en manos públicas para abastecer fundamentalmente al mercado interno de harina y aceite y, por lo tanto, poder regular esos precios”.

“Cuando uno no tiene el mecanismo de una empresa reguladora puede garantizar precios, pero no el abastecimiento”, agregó Chena. Con Vicentin, además de precio podría garantizar abastecimiento.

Apuntó, además, contra los préstamo del Banco Nación de 350 millones de dólares a una empresa líder en el sector agropecuario, en un actividad ultra rentable. “Una sola empresa se llevó 1,8 millones de IFE o 1 millón de salarios mínimos si tomamos el préstamo sólo con el Banco Nación. Con esos recursos, el Estado fue a financiar a una empresa concentrada del sector más productivo de la economía argentina”.

Apuntó, además, que “es importante contar con un instrumento como Vicentin para evitar que se consolide la pobreza estructural” al poder regular precio y abastecimiento de alimentos en un contexto de pandemia y crecimiento de la pobreza.

 

COOPERATIVISMO Y VICENTIN. Carlos Iannizzotto, presidente de Coninagro, planteó esta semana: “Hay fuerzas empresarias cooperativas con una mirada solidaria, capital social y gestión empresaria, y es lo que vamos a plantear al interventor, que podemos encauzar actividades productivas protegiendo el empleo y que esto no caiga en un enredo jurídico donde terminemos perdiendo todos y en que el déficit del Estado siga aumentando”.

Quienes fueron parte del lock out en 2008 durante el conflicto de la 125 y están aún en esa Mesa de Enlace que pareció reactivarse previo a la pandemia con un leve aumento de las retenciones, están hoy sentados debatiendo el futuro de Vicentin. La clave estaría en una alianza entre YPF Agro y el sector cooperativo. En esa hipótesis trabaja el Ministerio de Producción, que absorbió al INAES (Instituto de Economía Social). Este fue un reclamo histórico del sector cooperativo que antes dependía de Desarrollo Social.

Como otro dato no menor, cabe subrayar que el estratégico puerto de San Martín, es la localidad de San Lorenzo, está gestionado por una “cooperativa” que pertenece al SUPA (sindicato de estibadores). Gremio que está intervenido por causas por administración fraudulenta y lavado de activos contra su histórico dirigente Herme Juárez, que tiene el inquietante apodo de “Vino Caliente”.

Un dirigente cooperativista que hoy es funcionario y suele hacer planteos estratégicos dice: “Con el avance sobre Vicentin, logramos el control de un puerto estratégico, en la hidrovía del Paraná”. Digamos también que esta semana hubo otra noticia fundamental para la Nación Argentina, porque el 10 de junio el presidente anunció el envío de tres proyectos referidos a Malvinas. Uno de ellos para reafirmar el territorio nacional, en un 65% marítimo, y otro para controlar nuestros recursos pesqueros, saqueados por barcos piratas. Temas vinculados, sobre todo para el mundo pospandemia, donde la producción de alimentos y el control de los recursos naturales profundizará la disputa entre las naciones y las corporaciones.

EXTENSIÓN DE LA DOBLE INDEMNIZACIÓN HASTA FIN DE AÑO. Previsible y necesario. El Gobierno nacional extendió el pago de la doble indemnización para los despidos sin causa justa hasta el 31 de diciembro mediante el DNU 528/20.

El objetivo sigue siendo proteger el empleo lo máximo posible para no agudizar la crisis económica y, también, de cara a la salida de la pandemia. Que para cuando la economía pueda recuperar un sendero de crecimiento  la base esté más sólida y la destrucción no haya sido tan profunda.

El despliegue de políticas para conservar los puestos de trabajo es variada como complejo es el presente laboral. Vale recordar que hasta el 31 de julio también existe la prohibición de despedir.

A modo de auxilio, el Estado cubrió el 50% del pago de los salarios del sector privado, en un monto hasta 33.700 pesos que se estima que cobrarán 1,7 millones de trabajadores en junio (salarios de mayo). También ha habido descuentos en el pago de cargas sociales en sectores afectados y otras medidas como líneas de crédito a tasas por debajo de lo habitual en el mercado, pero que las entidades financieras privadas retacearon.

Aún queda por terminar de definir que va a ocurrir con el aguinaldo. El secretario General de la CGT Héctor Daer afirma que lo tiene pagar, Andrés Rodríguez de UPCN y adjunto de la CGT también tuvo afirmaciones en ese sentido, pero atención, en sus declaraciones también dejan abierta la puerta a que cada gremio discuta las condiciones en su actividad.

Las empresas continuarán pidiendo el IFE aguinaldo, rechazado inicialmente por el Gobierno, pero no descartado. Está en análisis. Como trascendió se plantea la posibilidad que continúe el ATP, pero ya como un crédito blando a las empresas a diferencia de lo que ocurrió en los últimos dos meses donde el Gobierno pagó parte del salario con el fin de evitar el cierre o crisis profundas de las empresas que termine generando una destrucción de empleos.

Dos datos económicos para agregar de esta semana. La utilización de la capacidad instalada en la industria fue del 42% en abril según informó el INDEC, la más baja desde 2002. Número esperable dentro de la pandemia y la cuarentena.

Los sectores más golpeados, la industria automotriz y el tabaco que tuvieron directamente no tuvieron actividad retomando en mayo. Textil apenas funcionó al 4%.

Los sectores que mejor utilización de la capacidad instalada tuvieron fueron “Sustancias y Productos Químicos” (69,3%), Papel y Cartón (59,9%) y Productos Alimenticios y Bebidas (59,7%).

Dentro de la mala, un dato positivo (fundamental) es la inflación. En mayo fue del 1,5%, también según datos del INDEC acumulando en el año 11,1%. Los economistas atribuyen la baja demanda producto de la caída del mercado interno, los que militan en la tribu ortodoxa ya comienzan a anunciar plagas inflacionarias para la segunda mitad del año.

Es vital sostener que la inflación no se dispare en un contexto de paritarias a nivel masivo congeladas hasta nuevo aviso. Con salarios ya castigados durante los cuatro años de macrismo, acuerdos de recorte salarial por el artículo 223 Bis y el enfriamiento económico es vital al menos que no sigan cayendo. También para para evitar que no de deterioren los ingresos del IFE por el cual casi 9 millones de personas cobran 10 mil pesos. Muchas de esas personas no pueden generar otros ingresos por imposibilidad de trabajar o por la caída del mercado interno.

 

MENDOZA. Siguiendo con el tema aguinaldos, la provincia gobernada por Rodolfo Suárez (radical de Juntos por el Cambio) ya anunció que lo pagará en forma escalonada ante la caída de la recaudación por la pandemia. Los salarios menores a $ 40.000 lo cobrarán en septiembre, para los más altos se va estirando su pago progresivamente hasta diciembre. La medida fue acordada con los municipios.

Es la primer medida de estas características que se conoce en un proceso donde provincias y municipios tienen las cuentas en rojo por el desplome de la recaudación. ¿Puede esto ser un ejemplo para que el sector privado reclame una extensión similar o pago en cuotas? Muy probablemente.

También vale el ejemplo que tomaron provincias como La Pampa que para poner a flote la recaudación apuntó a los sectores con ganancias extraordinarias en el último período y ganadores en esta coyuntura de pandemia. La legislatura votó una suba de Ingresos Brutos a los bancos del 9 al 14% y ahora busca hacerlo con las plataformas digitales Netflix, Pedidos Ya, Mercado Libre, YouTube Premiun y Spotify Premium.

 

AERONÁUTICOS, SUSPENSIONES EN AEROLÍNEA ARGENTINAS. Finalmente, se concretó el acuerdo entre Aerolíneas Argentinas y cinco gremios que tienen representación en la compañía. En una reunión realizada el martes pasado se terminó de acordar las condiciones de suspensión de 4.000 trabajadores de los 12.000 que tiene la empresa durante los meses de junio y julio. Al menos por ahora.

Motivada por la falta de trabajo y las razones de fuerza mayor no imputable a la empresa se apeló al artículo 223 Bis de la Ley de Contrato de Trabajo en una negociación con los gremios. Allí se acordó pagar el 100% de los salarios de mano de los trabajadores suspendidos en forma no remunerativa, generando un alivio en el pago de las cargas sociales.

Según trascendió, la empresa estimaba pagar un 80% de los salarios, pero la respuesta gremial fue que los trabajadores ya cobraban de bolsillo menos que lo habitual al no recibir productividad, viáticos y otros ítems que engrosan el sueldo.

Aerolíneas Argentinas, como toda la actividad aerocomercial en el mundo, está profundamente golpeada por la falta de actividad. El sector cruje con los aviones en tierra, despidos masivos, suspensiones, rescates millonarios y nacionalizaciones de un sector estratégico.

Desde mediados de marzo, AA sólo opera con vuelos de repatriación y la búsqueda de insumos médicos a China. Recién se prevé retomar lentamente la actividad para septiembre aunque es cierto que existen pedidos de otras Aerolíneas de poder comenzar a operar en julio entre provincias libres de Covid-19. Nada confirmado aún.

Los gremios que firmaron el acuerdo fueron la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA), la Asociación del Personal Aeronáutico (APA), Asociación Personal Técnico Aeronáutico (APTA), Unión de Aviadores de Líneas Aéreas (UALA) y la Unión del Personal y Profesional de Empresas Aerocomerciales (UPSA).

 

TELETRABAJO, CONVOCATORIA A GREMIOS AL CONGRESO. Esta modalidad de trabajo se introdujo en el debate sindical a la fuerza de los hechos. De ser una discusión marginal, de suburbios, en pocas semanas se presentaron 14 proyectos para regularlo en Diputados y 10 en la Cámara de Senadores sumándose esta semana uno del mendocino Julio -voto no positivo- Cobos. Todos quieren salir en la foto.

Este martes 16 de junio, desde la Comisión de Legislación Laboral que encabeza Vanesa Siley se convocó a una reunión virtual informativa a la CGT, CTA-T, CTA Autónoma y gremios del sector informático y telefónico para evaluar los proyectos.

Fueron convocados la Asociación Gremial de Computación, Foetra (Telefónicos), Satsaid (Televisión, telecomunicaciones y servicios de datos interactivos), Unión Informática, UPJET (jerárquicos de empresas de telecomunicaciones), ATACC (centros de contactos, gestión de procesos y teletrabajo), CEPETEL (Profesionales de Empresas de Telecomunicaciones) y el SOEESIT (obreros, especialistas y empleados de los servicios e industrias de las telecomunicaciones de La Plata).

Como ya venimos contamos en la última entrega, Vanesa Siley afirmó que “la idea es alcanzar un proyecto con consenso que tenga dictamen”.

El debate está abierto, pero el camino que se viene parece ser un regulación básica común al teletrabajo para que luego cada organización gremial en su actividad discuta en las negociaciones colectivas y el ámbito paritario en forma particular.

 

CGT REGIONAL CÓRDOBA PRESENTÓ UN PEDIDO DE INCONSTITUCIONALIDAD CONTRA LA REFORMA PREVISIONAL. La reforma previsional sancionada de apuro el 20 de mayo pasado, sin debate con las organizaciones sindicales en Córdoba sigue generando rechazos. Esta semana presentó en la justicia provincial un pedido de inconstitucionalidad la CGT Regional Córdoba que encabeza José Pihen y donde militan bancarios, gráficos, docentes, judiciales, Municipales, SADOP, entre otros.

Esa reforma previsional, impulsada por el gobernador Schiaretti, tiene una serie de puntos que disminuye los ingresos de los adultos mayores en un 6% en el cálculo del haber, que agrega años de aportes para su cálculo, genera un desacople de dos meses entre los aumentos que reciben los trabajadores activos y que impacte en los pasivos, así como afectar los ingresos de los pensionados.

Un capítulo más de una relación muy complicada entre el movimiento obrero y Schiaretti, a quien los gremios apoyaron en la última elección a gobernador.

 

¿REFORMA LABORAL EN MOLINOS MINETTI? En Córdoba Capital José Minetti, que además de la actividad molinera, azucarera y del biodiesel, tiene gran presencia en el negocio inmobiliario. Similar a Vicentin, al ganar el peronismo las PASO en agosto de 2019, se desataron los despidos. El conflicto viene desde entonces con acompañamiento de la CGT local a los delegados que tienen fallos en contra por haber luchado para resguardar los puestos de trabajo. El planteo del gobierno nacional de expropiar Vicentin, fue claramente un aire fresco para muchas de estas peleas por la continuidad de las fuentes de producción y contra la especulación empresaria.

El delegado Maximiliano Gómez contó a Gráfica: “La empresa retomó actividades hace dos meses y volvió a contratar a 35 de 150 trabajadores en su planta harinera de Córdoba”. Pero lo hizo sin respetar la antiguedad y acciona ahora sin contemplar las categorías y por supuesto sin comisión interna.

“Han privado del ejercicio de libertad sindical, y están utilizando la ley de forma represiva, contra los trabajadores en este caso”, denunció Gómez.

Frente a la baja producción que atraviesa hoy Molinos Minetti, el delegado planteó que “hay un vaciamiento de empresa hasta el día de hoy porque aunque haya cierta activación, está produciendo con material que estaba en la planta pero no está comprando material nuevo”.

 

PERSECUCIÓN GREMIAL EN EL INGENIO SAN ISIDRO DE SALTA. Una situación de una época de preperonismo es la que atraviesa el Sindicato de Obreros y Empleados del Azucar del Ingenio San Isidro (SOEASI) de Salta que presentó un amparo sindical en el Tribunal de Trabajo N°4 de esa provincia.

La organización que encabeza Mariano Cuenca, reclamó el “Cese inmediato del comportamiento antisindical y de las prácticas discriminatorias” en un escrito de más de 30 páginas donde detalla las maniobras del Grupo Ruiz Juárez hoy a cargo del Ingenio.

Creación del UTASI, un sindicato amarillo financiado por la patronal, el pedido de desafiliación sindical a cambio de mantener el trabajo, la prohibición de ingreso de los representantes gremiales así como la desfinanciación de la organización a la cual dejó de pagar el monto de las cuotas sindicales, son las medidas que lleva adelante la empresa.

La historia comienza en los inicios de 2018. El entonces Grupo Gloria – de origen peruano que gestionaba el Ingenio- cerró intempestivamente sus puertas presentando un Proceso Preventivo de Crisis. El saldo,730 trabajadores despedidos con el gremio rechazando por fraudulento el PPC.

En esos meses se acordó el traspaso del Ingenio al Grupo Ruiz-Juarez de origen tucumano que reabrió las puertas en septiembre de ese mismo 2018, pero con 250 trabajadores, salarios sensiblemente más bajos y una flexibilización laboral de hecho. Un caso de macrismo explícito.

“Antes el Ingenio funcionaba con 730 trabajadores con un sueldo promedio de 45.000 pesos. Hoy están haciendo funcionar al Ingenio con 250 trabajadores y un salario promedio de 27.000 pesos. Hoy Campo Santo es un pueblo que ha quedado devastado económicamente con esta situación”, contó a Radio Gráfica Mariano Cuenca.

La demanda judicial hoy está en la Justicia Laboral de Salta. La historia tendrá su próximo capítulo el próximo 1 de julio en una audiencia con las partes en conflicto en los tribunales de Trabajo.

 

ACUERDO EN POLKA. La conocida productora audiovisual propiedad de Adrián Suar y Grupo Clarín, que produjo la serie antisindical “Tigre Verón”, tuvo que acordar con el gremio de Televisión (SATSAID).

Gustavo Batalla, delegado de la comisión interna en Polka, explicó a Gráfica: “La empresa no nos pagaba el salario de mayo y habíamos cobrado un 70 % del salario de abril ,con el ATP incluido y un diferimiento del 30% restante a septiembre. Los primeros días de junio se hizo una denuncia al Ministerio de Trabajo por falta de pago del salario, que por suerte actuó inmediatamente y citó a Polka Producciones y al socio mayoritario el Grupo Clarín”.

“La primera audiencia se llevó a cabo el viernes pasado y los gerentes de Polka no fueron, solo fue un abogado en representación de Clarín, sin poder de decisión. Ahí manifestamos nuestro enojo ante el Ministerio, que fijó una segunda audiencia para el pasado martes, en la que después de tres horas de negociación Polka ofreció pagar un 50% del salario incluido el ATP, propuesta que fue rechazada y se pasó a una tercera audiencia para el miércoles donde después de varias horas de se pudo llegar al siguiente acuerdo: Por el mes de mayo y junio Polka se compromete a pagar el 75% del salario, con el ATP incluido, firmando el artículo 223 bis. Nos pareció que era una propuesta para bajar a una asamblea, dado que Polka no está produciendo nada y tenemos a varios compañeros en una situación delicada económicamente. Se bajó a asamblea y se votó positivamente a este acuerdo, garantizando a los compañeros de Polka 75% del salario por el mes de mayo y junio”.

 

 

CONTAGIOS EN MONTAGNE. El sindicato de Manufacturas del Cuero que dirige Ernesto Trigo, que integra la FATICA, denunció en un comunicado este lunes 8 de junio: “La empresa Montagne Outdoors -Sigue sin escuchar!! -Sigue sin pagar los salarios como marca la ley. -Sigue sin respetar los decretos presidenciales, amparándose en acuerdos que el Samc nunca firmó. -La empresa está cobrando ATP y sólo paga el 25 % del salario. Nunca se firmó el 223 bis como con otras empresas, por eso exigimos el pago del 100 % del salario de los meses de abril y mayo. Durante años acumularon ganancias y ahora no se dignan a completar el salario de lxs laburantxs. Por otro lado, seguimos haciendo hincapié en la salud de los trabajadores y sus familias, ya que se encontraron nuevos casos de Covid -19 en la empresa, cómo semanas atrás. Es por esto qué exigimos se cumplan la cuarentena y se aplique el protocolo como marca la ley”.

Socios en las malas y ¿en las buenas? Como vemos el movimiento obrero busca en acuerdo con el Estado poder debatir hacia delante un futuro CON trabajo en la post-pandemia. Veremos qué rol tendrá la economía popular y cómo podrá avanzar el gobierno en controlar una economía para lograr una planificación, en un mundo donde la palabra que más se dice es incertidumbre.