A cinco años del primer Ni Una Menos, el Registro Nacional de Femicidios de la Justicia Argentina lleva contabilizados en el país, entre el 1 de enero de 2015 y el 31 de diciembre de 2019, 1.247 femicidios directos que, sumando los femicidios vinculados que se comenzaron a registrar en el año 2017, alcanzan un total de 1.308 femicidios cometidos durante estos años. Por ellas, hoy el movimiento sigue militando en contra de los femicidios, los transfemicidios y travesticidios.
Por Lorena Fernández Bravo
El Poder Judicial, además, presentó los datos estadísticos sobre los femicidios realizados en el país durante al año 2019. Hubo 252 víctimas directas de femicidio y 16 víctimas de femicidio vinculado (no exhaustivo), sumando 268 víctimas letales de violencia de género en el último año. Del total de estos crímenes, 26 eran niñas o adolescentes y el 90% conocían al sujeto activo por convivir con él o por ser su pareja o ex pareja.
Este año la Plaza de Mayo no será el punto de partida ni el Congreso el punto de llegada, pero sostenidas por las redes feministas, desde todas las cuentas del colectivo se hará la tradicional lectura de documento consensuado a las 18:00 hs, un ruidazo federal en puertas, balcones y ventanas a las 19:00 y a las 21:00 se realizará un “proyectorazo”. Además, entre las 17:00 y las 19:45 se transmitirán los distintos “Diálogos de la Revuelta Feminista”.
#NiUnaMenos
Luego del femicidio de Chiara Páez a sus 14 años, asesinada a golpes por su novio Manuel Mansilla en Ruffino, Santa Fe, surgió el movimiento Ni Una Menos como un grito de hartazgo en contra de los femicidios, como máxima expresión de la violencia de género que sufren niñas, mujeres y personas LGBTIQ+, con el poder de transformar el duelo en potencia.
La marea violeta se nutre con las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo, con los movimientos LGBTIQ+, las mujeres que se organizan en sindicatos y las piqueteras, mujeres migrantes, indígenas y afrodescendientes, sumadas a la larga historia de luchas por la ampliación de derechos.
Cada 3 de junio ellas son acompañadas por centenares de miles de mujeres en Argentina y en otros países del resto del mundo, junto a quienes construyen un movimiento plural, heterogéneo, en red, entre organizaciones y grupos, ideologías y creencias, grupos sindicales, estudiantiles, sociales y partidarios, según reza el Manifiesto #12 del movimiento.
Algunos de los frutos de la lucha de estos años fue lograr que se hicieran visibles las desigualdades y los indicios de violencia de género y que se conocieran otras formas de violencia diferentes a la física, como la brecha salarial, el trabajo de cuidado no reconocido ni remunerado y la desocupación que recae con mayor peso entre las mujeres, lesbianas, transexuales y travestis.
Pero como quedan reclamos por conquistar, continúan luchando para construir una sociedad más libre, en la que las mujeres no tengan que aceptar patrones de conducta que las condenen a la subalternidad ni a la obediencia. Por quinto año consecutivo se encuentran dándole voz a las que ya no la tienen por ser víctimas de la violencia femicida, por haber sido asesinadas, violadas y violentadas.
Avances y demoras en los pedidos del Manifiesto #1
En su primer documento, el movimiento Ni Una Menos planteó demandas tanto al Estado nacional como a los Estados provinciales. A continuación se detalla la situación de cada reclamo:
- Instrumentación en su totalidad y con la asignación de presupuesto acorde de la LEY N º 26.485 “Ley de Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones interpersonales”.
– El Plan Nacional de Acción para la Prevención Asistencia y Erradicación de la violencia contra las mujeres (PNA) previsto en la Ley se puso en marcha en julio de 2016.
- Recopilación y publicación de estadísticas oficiales sobre violencia hacia las mujeres incluyendo los índices de femicidios.
– Desde el año 2015, la Corte Suprema de Justicia de la Nación elabora un Registro de datos estadísticos de las causas judiciales en las que se investigan muertes violentas de mujeres cis, mujeres trans y travestis por razones de género.
- Apertura y funcionamiento pleno de Oficinas de Violencia Doméstica de la Corte Suprema de Justicia en todas las provincias, con el objeto de agilizar las medidas cautelares de protección. Federalización de la línea 137.
– No se avanzó en ninguno de los dos pedidos. En paralelo y a raíz de la situación sanitaria actual, la línea nacional 144 ha ampliado su alcance sumando otras vías de comunicación como las líneas de WhatsApp: (+54) 1127716463 / 1127759047 / 1127759048, el mail: linea144@mingeneros.gob.ar y una App.
- Garantías para la protección de las víctimas de violencia. Implementación del monitoreo electrónico de los victimarios para asegurar que no violen las restricciones de acercamiento que impone la Justicia.
– Tampoco se ha avanzado en este punto y hay debates al respecto de su aplicación. En algunas ocasiones, a las mujeres que denuncian hechos de violencia de género se les brinda un “botón antipánico” pero su sistema no es eficaz.
- Garantías para el acceso de las víctimas a la Justicia. Atención de personal capacitado para recibir las denuncias en cada fiscalía y cada comisaría. Vinculación de las causas de los fueros civil y penal. Patrocinio jurídico gratuito para las víctimas durante todo el proceso judicial.
– A raíz del femicidio de Micaela García, se impulsó la Ley 27.499 Ley Micaela que establece “la capacitación obligatoria en la temática de género y violencia contra las mujeres para todas las personas que se desempeñen en la función pública”. Y en 2016 se creó un programa de patrocinio jurídico para víctimas de violencia de género.
- Garantías para el cumplimiento del derecho de la niñez con un patrocinio jurídico especializado y capacitado en la temática.
– El puesto de Defensor/a de Niños, Niñas y Adolescentes de la Nación estuvo vacante durante 14 años, en febrero de este año la abogada especialista en derecho de familia Marisa Graham, consiguió el respaldo del Senado y juró en el cargo.
- Creación de más Hogares/Refugio en la emergencia, Hogares de Día para víctimas, y subsidio habitacional, con una asistencia interdisciplinaria desde una perspectiva de género.
– El por entonces Instituto Nacional de Mujeres difundió que en todo el país hay 89 Hogares de Protección Integral, mientras que las Naciones Unidas recomiendan “Una casa de acogida o refugio por cada 10.000 habitantes”.
– En abril de este año, Norma Durango senadora del Frente de Todos y actual presidenta de la Comisión de la Mujer del Senado, presentó un proyecto de ley que propone declarar la emergencia pública en materia social por violencia de género por el término de dos años, dotar de mayor presupuesto al Ministerio de las Mujeres, Género y Diversidad y coordinar con los gobiernos provinciales y municipales la asignación de recursos presupuestarios. También propone la creación en todo el territorio nacional de al menos un Hogar de Protección Integral o refugio en cada jurisdicción.
- Incorporación y profundización en todas las currículas educativas de los diferentes niveles de la educación sexual integral con perspectiva de género, la temática de la violencia machista y dictado de talleres para prevenir noviazgos violentos.
– En octubre del año 2006, se sancionó la Ley 26.150 de Educación Sexual Integral (ESI), que si bien fue bien recibida por las alumnas y los alumnos de todos los niveles de escolarización, también fue rechazada por una parte de la sociedad que considera que no debe hablarse de esos temas en las escuelas. Según el primer Censo Nacional Educativo que genera información sobre el abordaje de la Educación Sexual Integral (ESI), el 86% de los temas trabajados es sobre cuidado del cuerpo y la salud, el 37% son sobre cómo evitar el abuso sexual y el 43% sobre métodos de prevención del embarazo y enfermedades de transmisión sexual. Se continúa trabajando en darle impulso y profundizar la aplicación de la ESI en las aulas.
- Capacitaciones obligatorias en la temática de violencia machista al personal del Estado, a los agentes de seguridad y a los operadores judiciales, así como a profesionales que trabajan con la temática de violencia en diferentes dependencias oficiales de todo el país.
– Con la Ley Micaela, aprobada en 2018 y promulgada en 2019, se estableció la capacitación obligatoria en la temática de género y violencia contra las mujeres para todas las personas que trabajan en la función pública.
Entre el 1 de enero de 2015 y el 25 de mayo de este año se registraron 1.450 femicidios, según el Observatorio de las Violencias de Género “Ahora que Sí nos Ven”, y en el día de ayer, 2 de junio, se sumó el homicidio de Rocío Fernández en Humahuaca.
En suma, según la misma fuente, en promedio en Argentina hubo durante estos 5 años 1 femicidio cada 30 horas. Por todas ellas hay que seguir gritando Ni Una Menos.
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