A tres meses de su inicio, el Gobierno de Alberto Fernández muestra importantes cambios en torno a la orientación de la política alimentaria y de regulación de la producción de alimentos. El aumento segmentado a las retenciones a la exportación de soja, la creación de del Plan Argentina contra el Hambre y la ampliación del Programa Prohuerta evidencian una nueva orientación en la política hacia el sector agropecuario. Mientras la Mesa de Enlace llama a un paro de una semana con cese de la comercialización, los movimientos campesinos realizarán un verdurazo en Plaza de Mayo y el gobierno avanza en la construcción de un entramado socio productivo que garantice alimentos de calidad a los más pobres, fortalezca la producción popular de alimentos y active las economías regionales.
Por Ramiro Coelho*
Un conflicto histórico que se renueva
La nueva orientación de las políticas hacia el sector por parte del gobierno nacional pone nuevamente en el centro un conflicto histórico en la Argentina: el destino de la ganancia extraordinaria que genera la exportación de soja. Un cultivo, casi no consumido en la Argentina, que desplaza a los pequeños productores hortícolas y futihortícolas, dejando altos niveles de contaminación ambiental. El aumento al 33% de las retenciones a los productores que generan más de mil toneladas del famoso poroto busca generar ingreso de divisas a una economía endeudada de manera insostenible por el gobierno de Mauricio Macri. El sector, en la “campaña 2018/2019” generó más de US$ 16.000 millones de dólares y, para este año, proyecta un leve aumento, lo que generaría un ingreso al Estado de cerca de US$ 6.000 millones de la moneda estadounidense.
La desigualdad entre los que ganan y pierden mucho
A pesar de esta inmensa ganancia extraordinaria obtenida los sectores más concentrados de la producción agroindustrial, las economías regionales no parecen beneficiarse de ningún “derrame”. Los pequeños productores fruti hortícolas y las familias trabajadoras que viven en los barrios populares de las ciudades se encuentran en una situación de extrema vulnerabilidad. Según un informe presentado por el Observatorio de la Deuda Social en la Argentina (ODSA) de la UCA, el déficit en la alimentación afecta al 26,6% de los hogares, de los cuales el 7,4% sufre inseguridad alimentaria severa. Por su parte, durante el gobierno Macrista, los pequeños productores de alimentos sufrieron el aumento de los alquileres y servicios, además de perder el acceso al monotributo social y a las políticas de fomento del sector que, hasta el 2015, había implementado el Estado. Ante los datos la ecuación es muy simple: grandes productores ricos, campesinos y trabajadores pobres.
Inclinar un poco la balanza hacia los que menos tienen
La creación de Plan Argentina Contra el Hambre y la distribución de la tarjeta alimentar es la respuesta que el gobierno busca dar a 1.4 millones de argentinos y argentinas que, gracias a las políticas neoliberales del gobierno anterior, no logran acceder a una alimentación adecuada. La participación activa de los movimientos campesinos en la resistencia a las políticas de la Alianza Juntos por el Cambio y las propuestas presentadas al Gobierno del Frente de Todos parecen marcar, hasta cierto punto, la orientación de las políticas en torno a la producción de alimentos. Rafael kejzler, Director Nacional de Comercialización del Ministerio de Desarrollo social y dirigente del Movimiento Popular La Dignidad lo explicó de la siguiente manera a Radio Gráfica: “estamos garantizando un derecho. El Plan es parte de una política de mayor integralidad que contempla una cadena virtuosa, que acerque a productores y consumidores en comercios de proximidad, para que la inyección de más de 70000 millones de pesos anuales (más de 1000 millones de dólares) que representa la Tarjeta Alimentar quede en los pueblos de nuestra patria”. El casi millón y medio de tarjetas del plan están destinadas a niños y niñas de hasta seis años en situación de riesgo alimentario. El 60% de su consumo debe usarse para la compra de leches, carnes, frutas y verduras, dejando un porcentaje menor a las harinas. Otra de las estrategias de potenciación de la política contra el hambre ha sido recurrir al histórico Programa Pro Huerta, que permitirá el establecimiento de más de 200.000 huertas familiares, y el desarrollo de herramientas eficaces para hacer un seguimiento de la evolución de los precios.
Del productor al consumidor
El acceso a alimentos de calidad a precios populares parece tener como clave acercar a los pequeños productores a los barrios. Durante los cuatro años de resistencia al macrismo, los movimientos campesinos junto con los movimientos populares han venido organizando mercados, sistemas de compras comunitarias y verdurazos que han acercado productos de cooperativas, empresas recuperadas y movimientos campesinos a los sectores trabajadores ofreciendo precios altamente competitivos. La integración de dirigentes de dichos movimientos a la estructura del Estado ha dado una orientación similar al Programa. Los municipios han comenzado a organizar ferias mensuales donde se venden alimentos saludables a precios accesibles elaborados por cooperativas, fábricas recuperadas, pequeñas empresas y productores de la agricultura familiar. Por su parte las ferias populares gestionadas por las diversas organizaciones sociales, comienzan a incorporar los posnet de la tarjeta alimentar para la venta. Dicho entramado posibilita que 1 litro de leche entera se pague $35, los 320 gramos de queso crema salgan $76 o un bolsón de seis a siete kilos de verduras de estación cueste tan solo $300.
De atender la necesidad inmediata a tatar los problemas de fondo
Por su parte, los dirigentes sociales, mientras manifiestan su apoyo y participan activamente en este plan, manifiestan la necesidad a avanzar en cambios más profundos. Lito Borello,sSecretario de Derechos Humanos de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP) señaló que, “si bien son medidas muy importantes para una situación de urgencia que transita la argentina, es necesario también tomar medidas estructurales que eviten la concentración del dinero en pocas maños”. Tema que relacionó directamente con la carga de la deuda y la necesidad de “elegir entre Patria o Fondo Monetario, no pagando la deuda y procesando a quienes la generaron”.
Por su parte Nahuel Levaggi, referente de la Unión de Trabajadores de la Tierra (UTT), valoró ”que se tome el hambre como un problema y que se hayan excluido del plan a las grandes cadenas” y la posibilidad de que los productores vendan de manera directa. Pero remarcó la necesidad de que se profundicen políticas para promover el sector facilitando canales directos de comercialización a través de la logística y créditos bancarios para fortalecer el sector. Asimismo consideró ”es necesario revertir la tendencia de varios años de desaparición de pequeños productores, como han sido los casos de la cooperativas lácteas y el sector porcino. La agenda es larga. La implementación de la Ley de acceso a la tierra para pequeños productores votada por el Congreso y los veintiséis puntos entregados por el Foro Social Agropecuarios al Ministro de Agroindustria Luis Basterra son solo el inicio de una lista de temas estratégicos que enmarcan la disputa entre las patronales del campo y quienes realmente producen los alimentos que consumen los trabajadores y trabajadoras. El lockout patronal de esta semana y el verdurazo organizado para este martes por los movimientos campesinos, representan una disputa profunda entre dos modelos de país antagónicos. El que utiliza la tierra para aumentar sus riquezas sin alimentar a nadie y el que busca producir alimentos para todos y todas en condiciones de dignidad. El Estado, una vez más, será quién deba darle una definición al conflicto.
(*) Columnista de Abramos la Boca – Radio Gráfica
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