El clima represivo avanza sobre las organizaciones sociales en un contexto de un crecimiento brutal de los niveles de pobreza e indigencia. A las ya habituales violentas escenas justificadas por el Protocolo Antipiquetes en cada movilización, a la interrupción de envío de alimentos para comedores populares, congelamiento y suspensión de Potenciar Trabajo y suspensiones de las obras en los barrios populares, hoy se sumó un nuevo capítulo con 27 allanamientos en domicilios de la Ciudad de Buenos Aires y el Conurbano a partir de una denuncia del Ministerio de Seguridad que comanda Patricia Bullrich.
Los allanamientos fueron a dirigentes, comedores y locales partidarios del Frente de Organizaciones en Lucha (FOL), del Polo Obrero y Barrios de Pie a partir de denuncias efectuadas supuestamente en la Línea 134 que el Ministerio de Seguridad puso a disposición para denunciar eventuales coacciones de dirigentes sobre quienes reciben programas sociales, por ejemplo, para ir a movilizaciones.
Según testimonios de los dirigentes de estos espacios tuvieron como rasgo común el accionar violento de la Policía Federal, comenzando a las entre las 5 y 6 de la mañana, con efectivos sin identificación, llevándose elementos que no estaban pedidos en la orden de allanamiento, con amenazas y “no garantizando el derecha a la defensa y la justicia”, indicaron los abogados de las organizaciones.
La causa está a cargo del Juzgado Federal N° 7 a cargo de Martín Smietniansky bajo la carátula de “Coacción, extorsión y defraudación contra la administración pública”.
Paralelamente, como parte de una operación política y de prensa, el Ministerio de Capital Humana que encabeza Sandra Pettovello en donde anunció que realizarán una denuncia penal porque hicieron un supuesto relevamiento en donde detectaron que de los comedores que recibían ayuda del Estado, un 50% de ellos no existía.
LA CONFERENCIA DE PRENSA: “BUSCAN ROMPER LA ORGANIZACIÓN POPULAR Y GENERAR TERROR”
En horas de la tarde, frente al Congreso de la Nación, referentes de diversas agrupaciones políticas de izquierda, de la CTA Autónoma y de la CTA de los Trabajadores realizaron una conferencia de prensa para visibilizar la situación.
Eduardo Belliboni, del Polo Obrero, manifestó: “Entre los allanamientos, uno de ellos fue al local del Polo Obrero donde la Policía hizo apagar las cámaras que graban el lugar por seguridad. Se trata de una ofensiva que se expresa en la represión en la 9 de Julio, también de una compañera golpeada el día que fuimos a la Quinta de Olivos”.
“Nos vamos a defender en todos los terrenos. Vamos a ir cada una de las instancias judiciales a revertir esta barbaridad que es allanar organizaciones populares. Este gobierno a ido más lejos que ninguno, no solo sacándole la comida a la población trabajadora, buscando destruir las organizaciones populares”, agregó.
A su turno, Carlos Fernández del FOL, que fue uno de los dirigentes allanados, enfatizó: “Le quieren dar al narcotráfico el blanqueo, quieren quebrar a las organizaciones barriales, comunitarias, religiosas y ONG. Están limpiando el territorio para que entren los narcos. Los allanamientos son porque estamos luchando contra el hambre y los narcos, para que nuestros compañeros tengan un trabajo. Nosotros ponemos el cuerpo donde no está el Estado ni la política”.
A ello agregó que la aún no han podido conocer los detalles de la causa que los involucra porque la misma está bajo secreto de sumario.
Otro de los presentes fue Alejandro “Peluca” Gramajo, secretario General de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP).
“Esto que ocurrió se inscribe en una política del Gobierno de atacar sistemáticamente a todos aquellos que hemos decidido hacer visible que este gobierno no vino a ajustar a la casta política, no vino a ajustar a los empresarios prebendarios, sino que vino a empobrecer al 80% de la población argentina. Lo que ha hecho hoy ha corrido límites, se trata de romper la organización popular y generar terror, este modelo cierra con persecución y represión. Seguiremos en unidad para enfrentar a este gobierno y defender a nuestro pueblo”, afirmó.
Por su lado, Hugo “Cachorro” Godoy, titular de la CTA Autónoma, expresó: “Es un acto nefasto, intimidatorio y persecutorio. La más amplia unidad nos va a permitir enfrentar a esta política de entrega y saqueo a nuestros bolsillos y la riqueza del país que lleva adelante este Gobierno”.
“Hay que denunciar el atropello y la persecución a través de estas medidas judiciales contra estas organizaciones y sus dirigentes. Garantizar la unidad para luchar contra el hambre, la pobreza y la desocupación”, cerró.
LM/RG
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