De Vedia, fiscal federal de la Seguridad Social: “Hay que ir a un esquema con justicia social y redistribución”

Por Lucas Molinari

-Contános en primer lugar qué va a pasar en términos judiciales. El Defensor de la Tercera Edad, Eugenio Semino, explicó en una conferencia de prensa que presentará un amparo contra la suba de jubilaciones por decreto.

Gabriel De Vedia: -Sabía que (Eugenio) Semino (Defensor de los Jubilados) iba a presentar la demanda. Acá lo importante es que hubo una Ley de Emergencia sancionada por el Congreso de la Nación, que alcanza a nueve estamentos. Hace un corte transversal a las distintas temáticas del país como la salud, la economía, servicios públicos. Entre otros aspectos aparece el tema previsional. A los que estamos en el campo de la seguridad social lo que nos interesa es que el ciudadano medio esté incluido en un esquema de políticas públicas progresivo, que vaya hacia adelante. El problema es que el país se recibió en una situación muy complicada en lo económico.

La emergencia responde a una visión de un estado crítico de las finanzas y de la cuestión social. Si uno analiza la ley ve que se hace una transferencia de recursos de sectores pudientes y también de otros más débiles, porque primero se priorizó el tema alimentario, y se lanzó el Plan Alimentario Nacional. Como jueces y fiscales no podemos obviar que hay muchos recursos, dentro de las limitaciones actuales del país, destinados a ese aspecto social. Entonces, es importante reflexionar sobre esto porque cuando analizamos el decreto, la fórmula que se va a aplicar para la movilidad jubilatoria, hay que armonizarlo con todos los reglamentos jurídicos de la Ley de Emergencia, y a la vez hay que armonizarlo con la situación y las posibilidades presupuestarias actuales priorizando siempre a los sectores más débiles, entre los que están los jubilados, para quienes queremos una situación mejor.

El gobierno puede, en virtud de la mencionada ley, fijar el índice de movilidad aplicable para marzo y para junio, cosa que todavía no hizo. También se va conformar una comisión para que redacte una nueva fórmula de movilidad, superadora de la actual, e incluso de la ley anterior a la fórmula de 2017, para que cuando termine la emergencia el primero de julio la jubilación sea la mejor posible. En este contexto se dictó un decreto y se fijó una movilidad después de evaluar varias cosas. Primero, dar prioridad con un criterio redistributivo y solidario a los beneficiarios de la jubilación mínima, casi cuatro millones cuatrocientos mil personas. También se tuvieron en cuenta a los ex combatientes de Malvinas, y las asignaciones familiares. El decreto prevé un sistema único de movilidad, compuesto por el 2,3% más 1.500 pesos. Esto hace que el aumento para los que tienen la mínima sea del 13%. Al mismo tiempo el Poder Ejecutivo resolvió hacer un Vademécum de remedios gratuitos para los afiliados de PAMI, y eso también se tuvo en cuenta al redactar el decreto, pensando que en el esquema ese 13% resulta ser un poco más alto. Ahora, obviamente la preocupación que hay de grandes sectores de la sociedad, también del gobierno, es que ese porcentaje de aumento vaya bajando en relación a los mayores ingresos. Eso afecta a más de un millón de jubilados que van a cobrar una movilidad un poco más baja del 13%.

Sobre los amparos frente a la suspensión de la fórmula: “La Corte Suprema de Justicia de la Nación históricamente ha convalidado la emergencia siempre que se den ciertos requisitos”.

-¿Y qué puede ocurrir en el terreno judicial?

-La Corte Suprema de Justicia de la Nación históricamente ha convalidado la emergencia siempre que se den ciertos requisitos. Incluso ha convalidado decretos de necesidad y urgencia al respecto. Uno de esos requisitos es la emergencia declarada por ley, cosa que ya tenemos. Después hay un plazo, denominado ‘Plazo fatal’, de 180. Esto significa que el 30 de junio cae la Emergencia. Lo ideal sería que se cumpla con el artículo 55 de esta ley y el primero de julio ya esté vigente una nueva movilidad. Si eso no sucediera hay dos posibilidades. Que se retome la vigencia de la fórmula suspendida, y se vuelva a reajustar como se venía haciendo, o que se prorrogue la emergencia. Esto no sería lo ideal, por eso sería interesante que se esté a la altura de las circunstancias, que pensemos en el esquema general de todos los jubilados con una visión de justicia social y redistribución.

-Sos optimista en el sentido de creer que se puede lograr una mejor fórmula, incluso mejor que la vigente durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. Coincido con vos, pero para ponerlo en números, hoy con el aumento se llega a un poco más de quince mil pesos. Yo recuerdo que con la fórmula de Cristina, la jubilación mínima llegaba a diecinueve mil pesos.

-Todo va de la mano de cómo termina la negociación con el Fondo Monetario Internacional (FMI). Es claro que la Emergencia es transitoria, por lo tanto es constitucional, se cumple con los cánones que pide la Suprema Corte.

-Más allá de las presentaciones judiciales, la Corte ya dictó que como el Congreso promulgó la emergencia, lo que hizo el gobierno es válido.

-La emergencia fue necesaria porque la situación financiera para pagar las jubilaciones era espantosa. El Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) está en una situación inferior respecto a 2015.

“La situación también es preocupante porque mermó el trabajo, con lo cual hay menos aportes previsionales, la economía se mueve menos, funciona a la baja el círculo virtuoso de la economía. Hay que pensar desde el punto jurídico, además de político, que la economía debe funcionar”.

-Han saqueado al país, y esperamos que con el Poder Judicial se haga justicia, porque hay que investigar, por ejemplo al señor Luis María Blaquier, subdirector Ejecutivo del Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la ANSES .

-A él lo denuncié en su momento, y está procesado. La situación también es preocupante porque mermó el trabajo, con lo cual hay menos aportes previsionales, la economía se mueve menos, funciona a la baja el círculo virtuoso de la economía. Hay que pensar desde el punto jurídico, además de político, que la economía debe funcionar.

–Otro ataque que hubo, planteo de los liberales hace mucho tiempo, es que no es sustentable el sistema jubilatorio. Vos explicabas que gran parte de los recursos vienen de los impuestos. Entonces, ¿qué podés decir de la sustentabilidad?, y ¿hay que hacer una reforma tributaria para que el Estado pueda sacarle más a los que más tienen?

-El sistema previsional argentino es un sistema que integra la seguridad social. Es universal, con justicia social, pretende la redistribución del ingreso porque los bienes tienen un origen universal y por lo tanto tienen un destino universal, y es solidario. Entre otros principios. Todo lo que se haga para estructurar políticas públicas en temas previsionales tienen que tener esta intención. Hay que pensar un esquema en el que todos los jubilados puedan participar de estos principios esenciales. Me parece que la sustentabilidad es necesaria porque tienen que haber cómo pensarla desde el punto de vista económico y financiero, porque el Estado tiene que tener con qué cumplir en calidad y tiempo con sus prestaciones. El FGS cumple esa función, es un colchón que permite tener a dónde acudir si la economía se presenta compleja. Al mismo tiempo hay que tener cuidado con ser esclavos de las posibilidades presupuestarias en este sentido. Durante muchos años se actuó en función de ellas, algo típico de esquemas liberales. Hay que hacer un buen trabajo de búsqueda equilibrio, con el criterio de reconocer derechos que deben ser pagados. Entonces tenemos que hacer que la economía funcione, y mientras tanto tenemos que ver a dónde asignamos los recursos. Un Estado puede tener estrecheces de presupuesto porque está pagando deuda externa o porque los está destinando al sistema financiero, y se queda sin nada para la obra pública o para el sistema previsional. Por eso es muy importante hacer una asignación de recursos cada vez más progresiva para los esquemas sociales, salud, vivienda, a todo lo que es social, a la educación también.

“Es muy importante hacer una asignación de recursos cada vez más progresiva para los esquemas sociales, salud, vivienda, a todo lo que es social, a la educación también”.

–Aparte porque los recursos que ingresan al ANSES son impositivos. Y tenemos un sistema tributario regresivo.

-Los recursos con los que se pagan las jubilaciones, son un porcentaje de la suma de aportes y contribuciones patronales y de trabajadores. La mitad, como el sistema en sí mismo es insuficiente y por eso se llama Sistema de Reparto Público Asistido, se asiste con tributos. Hay porcentaje de ellos que se destinan directamente a componer los recursos de la seguridad social para abonar las jubilaciones. Con lo cual toda la comunidad, el que compra un vaso de leche, y muchos sectores especiales como el impuesto al kerosén o al cigarrillo, están colaborando con el sistema. Esto incluye las jubilaciones de jueces y fiscales. Si bien la mayoría de los recursos salen de los aportes, como hoy en día el sistema es insolvente hay que cubrir un bache con un porcentaje de los recursos generales de jubilaciones. Con lo cual estaríamos diciendo que todos los jubilados, y todos los trabajadores, y toda la comunidad, vía impositiva, están colaborando para que los jueces, fiscales y magistrados tengan hoy la jubilación que tienen hoy.

–Ese monto es cincuenta y cinco veces la jubilación mínima. Sé que estás trabajando para que sea ley y se cambie. Finalmente, me gustaría que hablaras de tu denuncia contra Luis María Blaquier, que estuvo como subdirector ejecutivo del FGS, por hacer un negociado en contra del Estado y a favor de las empresas de las que él había sido directivo. Entiendo que lo habían procesado. ¿Cómo está esa causa?

-Es una denuncia por incompatibilidad, lo que se llama intereses creados, administración infiel e incumplimiento de los deberes del funcionario público. ¿Qué sucedía? Blaquier asumió como Subdirector Ejecutivo del Fondo de Garantía de Sustentabilidad. Si no me equivoco el 16 o 18 de diciembre de 2015. Hasta el día anterior había tenido cargos directivos de empresas vinculadas al grupo Cablevisión y al grupo Arcor. Resulta que él estando a cargo de esas empresas, había emitido obligaciones negociables, que son deudas que emiten las empresas para que alguien las compre, ponga la plata, y la empresa tenga liquidez para invertir. Cuando empieza a conducir el FGS va a estas dos empresas y suscribe con recursos de ese fondo las obligaciones emitidas. Hubo una transferencia de recursos del ANSES hacia ARCOR y Cablevisión.

“La causa a Luis María Blaquier sigue tramitando su curso y en algún momento irá a juicio oral. También denunciamos a Luis Caputo, aunque se archivó la causa”.

-¿Qué pena tiene ese delito si se hace justicia?

-Entre dos y seis años. Lo denuncié de oficio. Cuando un fiscal hace eso deja de intervenir en la causa porque se sortea un juez y un fiscal. El juez es Sebastián Casanello y el fiscal es Franco Piccardi. Hicieron un muy buen trabajo de conseguir pruebas, diligenciar exhortos a Estados Unidos, y lo procesaron el año pasado.

-¿Y eso cómo queda ahora?

-La causa sigue tramitando su curso y en algún momento irá a juicio oral. También denunciamos a Luis Caputo. Aunque se archivó la causa, los cargos eran por unas maniobras parecidas y por los mismos delitos que se le imputan a Blaquier. Había intereses creados, atendió de los dos lados del mostrador. Él había sido presidente y accionista mayoritario en la empresa Axis y en el Deustche Bank. ¿Qué pasó? El ANSES tiene que invertir los recursos del FGS para tener rentabilidad. Aparte de esa inversión a veces suscriben LEBACS, letras del Banco Central que son títulos de la deuda pública. Entonces se transfieren los recursos de FGS al Banco Central y este transfiere las letras. Resulta que hubo una operatoria en la que Caputo era Secretario de Hacienda y por lo tanto integraba el comité ejecutivo del FGS. Como tal participaba en la decisión de esas inversiones. En un momento dado en vez de suscribir directamente letras al Banco Central, se triangularon por Axis y Deustche Bank.

PDP: -Cuando arrancó el macrismo el FGS estaba arriba de setenta mil millones de dólares y ahora está en veinticinco mil. Lo han vaciado.

GDV: -Algo muy importante en relación a todo esto es que esa denuncia se archivó, pero el año pasado, mucho antes del cambio de gobierno, la Auditoría General de la Nación (AGN), un órgano de contralor dentro del Congreso de la Nación e integrado por todos los sectores políticos, agarró tres de las denuncias que yo hice y las empezaron a investigar. Hicieron un informe en el que sostenían que las denuncias mías eran ciertas, que mostraban su preocupación por la falta de transparencia en la inversión de los recursos del FGS, y solicitaron a la Comisión Bicameral del Congreso de seguimiento de recursos de la seguridad social que tome cartas en el asunto y que estudie si no hay que presentar en el Poder Judicial una reactivación de las causas archivadas, entre las cuales está la de Luis Caputo. Lo firmaron todos los auditores de todos los sectores políticos.

–Te hago una última pregunta. No solo hay directivos macristas en organismos públicos sino que parece haber un tufillo de impunidad que ojalá no suceda porque sería muy grave para la democracia argentina. Estos hombres como Caputo son de la banca internacional que tiene la deuda argentina. ¿Podemos pensar que estos grandes capitales están pidiendo por sus hombres? ¿Parte de la negociación de la deuda puede ser que no se los investigue?

-El hecho de que aparezcan es una forma de querer ponerlos. Del poder económico y financiero podemos esperar cualquier cosa. Creo que sí el ordenamiento jurídico argentino exige buscar la verdad, también jurídica, de los hechos. Es una cuestión de soberanía, nuestro derecho a la jurisdicción propia. No hay que olvidar que la justicia es un requisito para ser una república. Durante tantos años que venimos trabajando por la Memoria, la Verdad y la Justicia, no podemos olvidarnos de este concepto, de mirar a los hechos y esclarecerlos. Una sociedad que no tiene justicia en ese sentido, y por lo tanto examinar las responsabilidades judiciales de los sujetos de derecho, los operadores, los que fueron ministros, los funcionarios… Si hay delito hay que condenar y para eso está el proceso. Es un camino inexorable que la sociedad debe transitar en busca de justicia.

-Va a haber que pelear por la reforma del Poder Judicial, porque todos los planteos que has hecho sin ella, van a ser muy difíciles de aplicar.

-Tenemos que construirla entre todos, poner lo mejor de nosotros mismos en pos de la solidaridad, de lo comunitario, y pensar siempre en el pueblo, que es el destinatario de todas nuestras acciones.

MG/GF/RG