Hoy se realizaron dos desalojos en la Ciudad de Buenos Aires que afectaron a 40 familias. Uno de ellos fue en la calle México 2645 (San Cristobal), el otro en Brasil 908 (Constitución). Se impone el negocio inmobiliario sobre el destino de las familias.
Por Ramiro Coelho y Lucía Izaguirre
Destino incierto y angustiante para 40 familias desalojadas de dos propiedades. En el caso de la calle México 2645 se debió a la aparición de un propietario que reclamó una vivienda que tenía 15 familias inquilinas de bajos recursos con contratos de locación precarios. A esas familias el Gobierno de la Ciudad les otorgó un subsidio habitacional como salida.
En el caso del desalojo de la calle Brasil la situación es aún más grave. Existía un supuesto propietario que cobraba un alquiler hasta el 2015, año en que dejó de hacerlo e inició un juicio para desplazar a los habitantes de la propiedad, hecho que se finalmente se consumó. En este caso, 6 de las 25 familias no tienen ningún subsidio habitacional porque cuentan con documentación precaria con un domicilio en la provincia de Buenos Aires.
Una de las inquilinas de nombre Cristina mencionó en diálogo con Radio Gráfica: “Una de las vecinas tiene a sus hijos internados en Casa Cuna, con una situación compleja de salud. No tomaron está situación en cuenta al momento del desalojo”.
Organizaciones sociales se hicieron presentes para acompañar a los afectados. No hubo legisladores opositores al oficialismo en la Ciudad acompañando a las familias.
DESALOJO EN LA CALLE MÉXICO
Desde temprano, la casa fue vallada por la Policía de la Ciudad, en un operativo a cargo del subcomisario Alvarado, quien no permitió que ningún medio de prensa y familiares puedan ingresar a la zona.
Se contó con la presencia de una comitiva de Proyecto 7 (organización que trabaja con personas en situación de calle) para garantizar que el desalojo sea pacífico frente a una actitud bastante provocativa por parte de la Guardia de la Infantería y de las fuerzas de seguridad.
Horacio Ávila, referente de Proyecto 7, contó a Radio Gráfica que “desde muy temprano se vallaron las dos esquinas con mucho personal policial, cuatro carros de asalto y mucho personal de infantería para 15 familias con niños y niñas. Esto fue una intimidación pública. Con la angustia que significa para las familias, después de 30 años de vivir. Ellos pagaron siempre el alquiler y de improvisto apareció una dueña fantasma, a lo que nos tiene acostumbrado el mercado inmobiliario. La fecha de desalojo era en diciembre y se pospuso, llegamos hasta la fecha de hoy. Volvimos a interponer un recurso de prórroga y, ayer, no lo aceptaron. Hoy se está realizando el desalojo. Quisimos que esto se hiciera de manera pacífica, pero amedrentan a la gente con tanto personal policial“.
A ello agregó “el procedimiento no es el adecuado. No dejaban entrar a los defensores, al Ministerio Público de la Defensa, a la Defensoría del Pueblo, la Asesoría Tutelar y las familias del lugar, solo porque el domicilio no figuraba en sus DNI. Todo muy cuadrado y sumamente agresivo. Es algo que se viene repitiendo desde el operativo de Solis y se trata del mismo juez del caso Solís“.
DESALOJO EN LA CALLE BRASIL
Marina Joski, referente de la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP), estuvo asistiendo a las familias en el lugar y expresó “vivían 25 familias, 43 niños, muchos de ello con discapacidad, abuelos, madres y embarazadas. Acá no negociaron nada, no llegó la cédula de desalojo. Era una casa de alquiler que, finalmente, el dueño dejó de cuidar e inicio un proceso de desalojo en el 2015. Las familias están dolidas porque no tienen ningún tipo de respuesta del Gobierno de la Ciudad. Priorizaron los negocios inmobiliarios y dejan en la calle a quienes no tienen nada. Ni salud garantizada, ni mucho menos vivienda. Estamos presentes la UTEP y la CTEP capital, seguramente la defensoría y la Asesoría Tutelar ha venido para ver la condición de los niños“.
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