A mediados de diciembre del año 2017 se rechazaba en la calle la Reforma Previsional pero al finalizar el mismo mes, la decisión dentro del Senado y de la Cámara de Diputados de la Nación fue sancionar la Ley N° 27.426, reglamentada el 8 de febrero del año siguiente junto a la Ley N° 27.260 de reparación histórica. Tras sendas reglamentaciones, se estableció la facultad del empleador para intimar al trabajador a jubilarse al cumplir los 70 años de edad y lo obliga a requerir de la ANSeS la información necesaria para constatar que el empleado cuenta tanto con la edad establecida como con los 30 años de aporte.
Miguel Fernández Pastor, abogado especialista en temas previsionales, dialogó con Lucas Molinari y Víctor Mastrángelo sobre el avance de la declaración de inconstitucionalidad, en Punto de Partida por Radio Gráfica.
Fernández Pastor explicó cómo fue el proceso de reclamo ante esta norma, “el Gobierno vendía que la Reforma iba a hacer crecer el 4 o 5% anual y la experiencia demostró que sólo en el primer año se perdió el 20%. En aquel momento presenté un recurso de amparo para que declaren inconstitucional esta Ley pero ya pasaron casi tres años”.
“El año pasado llegó a la corte y esta pidió al procurador que hiciera un dictamen, él nos dió la razón y se aprobó que es inconstitucional. Hoy el significado más importante es ético y moral porque tacha de inconstitucional una norma que lo era a todas luces”.
En relación al futuro de los jubilados con el próximo Gobierno y a las expectativas sobre el accionar de la Corte Suprema de Justicia, el abogado reflexionó “el haber mínimo está en $12.900, habría que sumarle otros $2.600 y la mínima se iría a $16.400, que no resuelve todos los problemas pero cambia la tendencia. Este fallo, si sale, va a motivar para que rápidamente se reúna la Cámara para votar una nueva Ley de Movilidad, hay muchas cuestiones que empiezan a cambiar para hacer algo distinto”.
Sobre el respaldo del sector de los jubilados y los pasivos hacia el Gobierno de Mauricio Macri, el especialista se permitió disentir: “Fue cierto en la elección del 2015 pero no estoy tan convencido de que haya ocurrido ahora. Sí puede ser en los sectores acomodados de la Capital Federal pero en el resto del país y al salir a los barrios periféricos de CABA esa ecuación no funciona”.
Además ofreció su opinión sobre la imputación de Luis María Blaquier, subdirector ejecutivo del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de la ANSES, con negociaciones incompatibles por suscribir Obligaciones Negociables (ON) de Cablevisión y Arcor. “Esa causa es de principios del 2016, lo que demuestra la impunidad con la que llegaron al Gobierno. Emitió Obligaciones Negociables que son títulos de deuda de esas empresas. Él lo organizó y luego pasó a ser el Vicepresidente Ejecutivo del Fondo de Garantía de Sustentabilidad”.
“Más que negociaciones incompatibles, jurídicamente la figura que corresponde es administración infiel porque se utiliza claramente en beneficio personal, es sintomático y paradigmático que ocurra con una familia muy ligada a la oligarquía y a las dictaduras argentinas”.
LFB/GF/RG
Discusión acerca de esta noticia