El esquema geopolítico y regional manifiesta desigualdades en muchos sectores. Quizás la coyuntura misma de producción explique las discrepancias que, en términos de ecología, economía y justicia social, continúan existiendo. Así, muchas regiones que parecen externas a conflictos, están atravesadas por los mismos.
Por Juan Patricio Méndez*
La historia de La Pampa y Mendoza, con el Río Atuel en el medio, tiene muy poca agenda mediática. El motivo lo desconocemos, pero comprendemos la urgencia de que sea tratado. Fundamentalmente porque constituye un gran conflicto puertas adentro.
La conflictiva histórica por el agua entre ambas jurisdicciones, cuyas consecuencias llevaron a la desertificación de algunas zonas pampeanas, así como una negación al goce de un bien común como es el agua en dicha provincia, forma parte de un reclamo trascendental de los habitantes de La Pampa, quienes demandan, simplemente, su correspondiente derecho al agua.
¿Cuál es la historia del conflicto?
En primer lugar, en 1918 el Río Atuel desaparece, de forma provisoria, por obras clandestinas de captación y desvío ejecutadas al sur de General Alvear, a la altura de “Paso El Loro”. Este primer avasallamiento implicó el reacondicionamiento del río, y un primer avance en términos de ecocidio, debido a que la faltante de agua afectó, en su momento, a los cultivos pampeanos de la zona.
En segundo lugar, en la década del 30’, plena década infame, se produjo el corte del brazo “El Butaló”, con los conocidos “tapones de Ugalde”. Los tapones eran un método para mejorar las pasturas en los campos. Estos fueron levantados, a pocos kilómetros del límite de Mendoza y La Pampa por Isaac de Ugalde, y Madariaga, poblador de la zona, lo que implicó la desaparición del brazo. Por consiguiente, la faltante hídrica.
En un tercer lugar, entre 1947 y 1948, con la modificación y reacondicionamiento del dique El Nihuil, el caudal hídrico dejó de escurrir por el arroyo de La Barda (otro de los brazos del Atuel) vitalizador de la zona de Algarrobo del Águila (La Pampa). Por lo tanto, la desertificación denunciada por la provincia y por los pobladores de la misma, va tomando forma desde la década del 50’.
¿Qué está sucediendo ahora?
El proyecto minero Hierro Indio, vuelto a aprobar en mayo de 2019 para su exploración, ya había sido criticado por asambleas ambientalistas que denunciaban las consecuencias ambientales que produciría en el caudal de agua del Río Atuel. El área de exploración se encuentra en un área natural protegida, donde se encuentra la laguna del Río Atuel. La principal preocupación era el caudal que bajaría hacia la provincia de La Pampa. Hoy, y hace tiempo, la desertificación es la materialización de un conjunto de políticas que puso a la naturaleza como un elemento del cual disponer.
Esta área protegida fue creada en 2012 y abarca 70 mil hectáreas. Por sobre todas las cosas, el lugar se configuró como el principal reservorio de agua dulce que abastece la cuenca del río y a un amplio sector del Oasis Sur. Esta zona se encuentra delimitada por los ríos Diamante y Atuel, y abarca a las ciudades de San Rafael, General Alvear y Malargüe. En conjunto representan la mitad de la superficie provincial, y según el último censo, residen 260.678 habitantes.
El corte del Río Atuel por parte de Mendoza, para la explotación de la megaminería, nos obliga a traer nuevamente el tema fundamental del tratamiento de la Ley 7722 y las luchas sociales que emergieron por su defensa. En 2014, el proyecto Hierro Indio sido rechazado porque, según el poder Ejecutivo, la Declaración de Impacto Ambiental contenía “desorden administrativo”.
Las demandas que la provincia realizó tienen que ver con que la actividad que tenía lugar en Mendoza afectaba, en gran medida, al territorio pampeano. Existieron “fallos de la Corte Suprema de Justicia e incluso la condena de organismos internacionales como el Tribunal Latinoamericano del Agua”, expresó Felicitas Bonavitta, periodista y conductora de “Las 40” en AM750, en una nota que compartió en sus redes sociales. Sin embargo, la consecución de gubernamentalidades aún no responden a las sentencias ya existentes, y la vulneración de los derechos de los pampeanos se ha vuelto una constante.
La Corte Suprema de Justicia, en su fallo del año 2017, resolvió “fijar un caudal hídrico apto para la recomposición del ecosistema afectado en el noroeste de la provincia de La Pampa en el plazo de 30 días”. Sin embargo, la situación es la misma que hace 2 años, y no hay un horizonte claro.
La zona de La Pampa, geográficamente, se encuentra en el centro del país, río abajo de las provincias cordilleranas. Una provincia donde el recurso hídrico es un derivado de las lluvias, y donde el caudal de las lagunas o de los ríos depende, específicamente, de la bajada de los ríos. La problemática de la faltante acuífera configura un escenario de crisis, debido a que el afluente de los ríos condiciona, de forma determinante, el nivel de agua y de las lagunas de la provincia.
La reacción producida a partir del tratamiento de la Ley 7722 llevó a las asambleas, organismos y agrupaciones autoconvocadas a manifestarse y a salir a pelear por un derecho que es de todos y todas. La trascendencia del fenómeno implicó que muchas personalidades tomen cartas en el asunto y sienten posición en contra de la reforma legislativa. Como consecuencia, la presión social llevó al Gobernador Suárez, a través del parlamento, a derogar la Ley 9209 que establecía las modificaciones de la Ley 7722.
La consigna “el agua de Mendoza no se negocia” se refiere, además de la localidad y especificidad de la problemática, a que el conflicto es global. Los ríos son propiedad de todos los ciudadanos y habitantes del país, porque más que un recurso natural es un bien común. “Llevamos décadas reclamando para que Mendoza deje de alterar el curso natural del Atuel y revea la construcción de la mega obra Portezuelo del Viento que pone en riesgo el caudal de otro río fundamental para La Pampa: el Colorado”, indicó Bonavitta en su nota.
Beatriz Dillon, geógrafa y profesora de la Universidad Nacional de La Pampa, señaló que existe una gran invisibilización de los reclamos de los pampeanos, e indicó que la desertificación de la provincia es producto de la usurpación del agua de los ríos.
Por lo tanto, el problema tiene que ver con la erradicación de un modelo que produce la muerte del suelo nacional, y por lo tanto, avasalla la soberanía territorial. La demanda de una provincia, que es histórica por cierto, no puede no ser tema de agenda nacional cuando se trata de un ecocidio.
(*) Columnista de Abramos la Boca / Radio Gráfica
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