Foro Economía y Trabajo: La deuda no puede mandar (III)

Por Foro Economía y Trabajo

Al actualizar nuestras propuestas para un plan económico, no podemos dejar de analizar con realismo el cuadro de situación y presiones que genera la deuda pública, ni de insistir en que la “Deuda no puede mandar” (1) sobre nuestra Nación y nuestro Pueblo.

Las exigencias derivadas se traducen en el empeoramiento de las condiciones de vida de la mayor parte de la población y en creciente asfixia de nuestra economía. Esto ha sido corroborado de manera exponencial por el gobierno de Javier Milei, con niveles de pobreza, indigencia y precarización que vienen aumentando velozmente. Más de 15 millones de personas son pobres al primer semestre de 2026 (2), aunque el cambio de metodología del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) dificulta comparar con períodos anteriores. La pobreza infantil abarca al 44,5% de las niñas y niños. El 52,6% de la población se encuentra bajo la línea de vulnerabilidad (3). El endeudamiento de las familias para comprar alimentos y el aumento record de los suicidios (4) se cuentan entre los indicadores más trágicos.

Esto sucede en un país que es el tercer exportador mundial de alimentos (5), que exporta cada vez más petróleo y gas, y que por ello debería crecer en forma sostenida, distribuir ingresos en forma creciente, y solucionar definitivamente el drama de la pobreza e indigencia.

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LA DEUDA NO PUEDE MANDAR (III)

Al contrario, se privilegia a una minoría parásita y rentista, en cuyo beneficio se contrae una exorbitante deuda pública -que no se investiga ni se investigó y que es la contraparte de la fuga de capitales-, que evade y elude impuestos, que subfactura exportaciones, sobrefactura importaciones y que hasta recurre al contrabando.

Así se apropian del presente y del futuro de todos los habitantes de nuestra Nación, de esta generación y de las generaciones futuras.

Como venimos afirmando, es urgente un cambio de estrategia en el tratamiento de la deuda, volviendo al principio rector que manifestó el 1ro de marzo de 2004 el entonces Presidente Néstor Kirchner en su mensaje al Congreso “…no existe otra posibilidad que el crecimiento como garantía para la sustentabilidad interna, para el cumplimiento externo…no existe margen para recurrir a más ajustes ni al incremento del endeudamiento. No pagaremos la deuda a costa del hambre y la exclusión de millones de argentinos… Sabemos que nuestra deuda es un problema central. Pero no pagaremos de cualquier modo.”

En el presente texto nos referimos a medidas clave para ese cambio de estrategia. Alertamos que:

• Es en extremo grave dejar las manos libres al Presidente Milei y su Ministro de Economía, Luis Caputo cuando a) los compromisos por la deuda de la Administración Central para el próximo año 2027 alcanzan 17.136 millones de dólares y 55.135 millones de pesos; más 5.187,5 millones de dólares de bonos Bopreal del Banco Central (BCRA); b) por el DNU 846/24 se eliminó la obligación que establecía la Ley de Administración Financiera para realizar canjes de bonos de la deuda, de exigir mejores condiciones a los bonistas en por lo menos dos de los siguientes términos: plazo, quita de capital, o intereses; c) por el mismo decreto se extendió la capacidad del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) del sistema previsional para mantener hasta el 70% de su cartera en títulos públicos con o sin garantías, en tanto se permite la suscripción de instrumentos de deuda pública en cualquier moneda, con otros títulos de deuda pública en cualquier divisa. Las responsabilidades del Congreso de la Nación al respecto son gravísimas pues en los hechos admite la vigencia de Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU) viciados de nulidad absoluta, declinando sus facultades e incumpliendo sus obligaciones constitucionales.
• Es imprescindible poner fin a la seguidilla de acuerdos con el Fondo Monetario Internacional (FMI) que viene desde el “stand by” de 2018, al que siguieron los programas de servicio ampliado del FMI (SAF) de 2022 y 2025, cuyos montos sobrepasaron todos los límites permitidos. Además de impedir una política económica y social independiente, en beneficio del país y del pueblo argentino, el FMI juega abiertamente a favor de Estados Unidos y de los gobiernos de derecha en la región, incluyendo al de Milei. Ha intervenido en el proceso electoral de Argentina en 2025, con un gran desembolso de 14 mil millones de dólares en ese año, disculpando el incumplimiento de las metas, y su directora gerente expresó explícitamente su preferencia por el oficialismo. Los desembolsos que restan del FMI por el acuerdo SAF vigente (8) son poco significativos en relación al costo en crecimiento y bienestar que implica mantener el acuerdo, y están sujetos al cumplimiento de condicionalidades regresivas y a revisiones semestrales.
• De manera que este acuerdo debe suspenderse cuanto antes para recuperar libertad en la política económica, así como en la política exterior, la política social y el propio proceso político argentino. Y sustituir el escaso financiamiento restante del FMI por otras fuentes menos condicionantes. Además de insistir en la investigación de la legitimidad de esos acuerdos de acceso extraordinario que, se ha probado, proveyeron fondos para la fuga de capitales y para sostener programas económicos opuestos a los intereses del país y de su población, de modo tal que la parte ilegítima debería calificarse como deuda odiosa.
• Debe impedirse la extorsión financiera por parte de gobiernos extranjeros y de cualquier otro agente nacional o internacional, para torcer las preferencias del voto en el proceso electoral de 2027, como lo hicieron en 2025 en Argentina y en otros países. Justo antes de las elecciones legislativas del 14 de octubre de 2025, y luego del swap por 20.000 millones de dólares entre el BCRA y el Tesoro de Estados Unidos anunciado el 9 de octubre de ese año para sostener la paridad cambiaria, en una situación de alto riesgo devaluatorio de nuestra moneda, el presidente Trump amenazó con retirar todo apoyo financiero a la Argentina si Milei perdía las elecciones. Esto provocó terror a una corrida cambiaria y a una hiperinflación, situación que influyó en la decisión del voto de los argentinos. Este tipo de extorsión e injerencismo debe denunciarse en todos los foros nacionales e internacionales pertinentes, el Congreso Nacional debe tomar parte en el reclamo de reconocer y reparar esta violación al compromiso de no injerencia en los asuntos internos del país, y procurar los mecanismos para evitar a toda costa la reiteración de episodios semejantes en las próximas elecciones generales de 2027.
• Debe quedar muy clara la carga que significa para el pueblo la obsesión por limpiar el balance del BCRA, éste es otro factor importante de aumento de la deuda pública. El tesoro absorbió deuda del BCRA (Leliqs –letras de liquidez de corto plazo exclusiva para bancos- y pases). Estas operaciones bajaron la deuda del BCRA pero subieron la del Tesoro nacional (9) en capital y en intereses, que se capitalizan, permitiendo maquillar el déficit fiscal real. En los hechos, esto es como cambiar un prestamista amistoso por otro exigente, cargando esta deuda sobre la población.
• De hecho, la capitalización de intereses -es decir, sumar los intereses al capital de los instrumentos financieros, y pagarlos al final, junto con su amortización- es un factor fundamental del aumento permanente de la deuda pública. Un estudio del IPPY (10) calcula en 100.793 millones de dólares la capitalización de bonos, letras y otros préstamos, entre noviembre de 2023 y julio de 2026. Esta bola de nieve, una suerte de circular 1050 cargada sobre las espaldas de los argentinos, que beneficia principalmente a capitales especulativos, debe frenarse, porque hipoteca el futuro sin beneficio alguno para el país, y distorsiona las verdaderas cifras de las cuentas fiscales, escondiendo un déficit que presenta como éxito lo que es en realidad una estafa.

CON MILEI, AUN MÁS DEUDA

El gobierno de Cristina Fernández de Kirchner (2011-2015) dejó una deuda bruta de 222.703 millones de dólares, el 60% de la misma era intra sector público -en poder del Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la ANSeS, de los bancos oficiales, de distintos fondos fiduciarios argentinos, etc.-, el 31% era con el sector privado (unos 69.038 millones de dólares) y el 9% era con organismos internacionales (unos 20.043 millones de dólares). El país no tenía deuda con el FMI al que se le habían pagado todas las acreencias en enero de 2006. Por lo tanto, la deuda externa en poder de organismos internacionales y bonistas privados era de 89.081 millones de dólares.

Actualmente –al 31/08/26, datos de la Secretaría de Finanzas– la deuda bruta ha crecido hasta alcanzar la suma de 484.917 millones de dólares (sumando la deuda moneda extranjera con la deuda en pesos convertida en dólares), es decir se ha más que duplicado en solo once años. La deuda intra-sector público bajó al 45%, lo que significa sustituir el autofinanciamiento del Estado por mayores obligaciones con otros acreedores mucho más costosos y exigentes. La deuda con los organismos internacionales aumentó 4,8 veces (pasó a 95.644 millones de dólares al 31/3/26, último dato disponible). Ahora el país le debe al FMI, el acreedor más condicionante de todos, una suma enorme, unos 58 mil millones de dólares. Y al sector privado 165,7 mil millones de dólares (también al 31/3/26). Esta última es la categoría que más creció en el gobierno de Milei y de la que menos se conoce su composición (11).

Ya durante el gobierno de Mauricio Macri (2015-2019) la deuda se incrementó en 97.927 millones de dólares, de los cuales, 44.559,9 millones de dólares corresponden al FMI. En paralelo, en forma sistemática, se fugaron 86.200 millones de dólares. Las empresas que compraron esos dólares, en su amplia mayoría, no lo pueden demostrar en sus ejercicios contables lo cual resulta fácilmente verificable al analizar los balances. Es decir, que, una vez más el endeudamiento externo no tuvo como destino la ampliación de la infraestructura del país o el desarrollo productivo o social, sino que sirvió para financiar la fuga de capitales.

Pero ni el poder legislativo, ni la justicia investigaron esas operaciones ni el acuerdo con el FMI que podrían resultar en un accionar ilícito, a pesar -entre otras- de la denuncia y causa judicial iniciada por la Oficina Anticorrupción basadas en el informe del Banco Central de la República Argentina y en la auditoría de la Sindicatura General de la Nación, en la que el Gobierno de Alberto Fernández instruyó que la Procuración del Tesoro se presentara como querellante. El 4 de septiembre de 2026, la Cámara Federal ordenó archivar esta causa (12), acorde a la decisión de la jueza de primera instancia, y a la tendencia de utilizar al Poder Judicial para cumplir objetivos políticos y complacer al poder de turno.

Durante ese Gobierno (2019 – 2023) se siguieron efectuando los pagos a los acreedores externos, públicos y privados, y a pesar de haber refinanciado la deuda con los bonistas y extendido los plazos de pago al FMI mediante el acuerdo de facilidades extendidas (SAF-EFF), se consolidó un perfil de vencimientos que comprometió las finanzas futuras del país.

En ese contexto, el BCRA siguió pagando fortunas a los grandes bancos privados del país por captar depósitos y -sin correr riesgo- comprar Letras de Liquidez (Leliq) y otros pasivos remunerados, en vez de financiar el trabajo y la producción.

El despilfarro fue potenciado a partir de la asunción del Presidente Javier Milei con la gestión actual del Ministro de Economía Luis Caputo y de su socio Santiago Bausili, presidente del BCRA.

¿QUÉ HACER CON LA DEUDA?

Nicolás Avellaneda, que asumió como presidente en 1874 durante una de las tantas crisis de la deuda externa que ha tenido la Argentina, planteaba “millones de argentinos economizarán hasta sobre su hambre y sobre su sed para responder a los compromisos con los mercados extranjeros“. Para ello redujo fuertemente el gasto público, despidió empleados del Estado y bajó sus sueldos, y en el frente externo gravó las importaciones de bienes industriales. Es decir, con el presidente Javier Milei no hay nada nuevo, sólo perfecciona el esquema iniciado por Avellaneda y repetido entre otros por Álvaro Alsogaray en la década de 1960, José Alfredo Martínez de Hoz durante la última dictadura, Luis Caputo en el gobierno de Mauricio Macri y en el gobierno actual.

Nos encontramos frente a un proceso de apreciación de la moneda nacional a corto plazo, impulsado por la atracción de flujos de capital financiero para realizar la denominada “bicicleta financiera” o “carry trade”, por el endeudamiento, por las privatizaciones o la entrega de los recursos naturales o mejoras transitorias en los términos de intercambio. Estas circunstancias no son excluyentes y, a menudo, se refuerzan entre sí, generando una falsa percepción de mejora en la situación macroeconómica, lo que fomenta un aumento en el consumo de bienes -lo que no ha ocurrido en el gobierno de Milei- y de viajes al exterior.

Sin embargo, esa aparente bonanza económica carece de una base sólida y no se traduce en un verdadero fortalecimiento de la economía real. No se observa un incremento significativo en la relación inversión-PIB que permita mejorar la competitividad sistémica, ni se logra un perfil exportador con valor agregado y a salvo de las fluctuaciones de los precios internacionales, además de derrochar divisas en importaciones superfluas con el peso argentino apreciado. Por el contrario, estos procesos tienden a profundizar la brecha social, deteriorando la distribución del ingreso y creando ganadores y perdedores claramente definidos.

La acumulación de activos financieros en moneda nacional a tasas insostenibles para la economía real suele exigir su conversión a moneda dura. Al principio, este fenómeno puede pasar desapercibido, ya que el esquema de carry-trade, similar a los esquemas Ponzi, se sostiene mediante la entrada de nuevos participantes. Sin embargo, cuando el volumen de salida de capital supera al de entrada, el sistema colapsa, dejando como único legado la deuda acumulada por el Estado para mantener una prosperidad ficticia.
Para evitar estos ciclos recurrentes de endeudamiento y dependencia en la economía argentina es imprescindible:

EN EL PLANO EXTERNO

1. Revisar el otorgamiento de los préstamos al país, tanto de organismos internacionales como el FMI, como de instituciones financieras privadas internacionales, de bancos colocadores de bonos, y los pormenores de los acuerdos, como así también los fallos de jueces y Cortes Supremas extranjeras que hayan beneficiado a fondos especulativos (buitres) lesivos para la Nación.
2. Exigir al Fondo Monetario que asuma las consecuencias derivadas del irregular otorgamiento del préstamo Stand by al país en 2018 y de los Acuerdos de Servicio Ampliado del FMI (SAF-EFF) de 2022 y 2025. Esa revisión plantea la quita de capital, la eliminación de sobretasas, y cambio de condiciones (ya que la baja de tasa 0,6 % y de sobretasas es mínima y no hace que la devolución de amortización y cargos financieros sea sustentable). Y suspender el Acuerdo de Servicio Ampliado del FMI (SAF-EFF) de 2025, ya desembolsado en un 85%, pues los desembolsos a cuentagotas que restan nos mantendrían sujetos a revisiones y condicionalidades hasta al menos 2029, y por tratarse de montos poco significativos ese financiamiento podría sustituirse por otros acreedores menos condicionantes, además de ganar en autonomía para decidir nuestro destino de país.
3. Salir del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) del Banco Mundial -como se tendría que haber hecho en 2007 cuando salió Bolivia; en tanto, Brasil nunca aceptó someterse a este tribunal arbitral.
4. Reemplazar la Ley de Inversiones Extranjeras por otra que implique que las mismas se orienten al desarrollo económico del país.
5. Revisar las cláusulas de cesión de soberanía jurídica en la emisión de bonos del estado y en la legislación vigente.
6. Investigar y denunciar en su caso a) la connivencia entre Paul Singer (fondos buitres) e integrantes de la Corte Suprema de EEUU; b) lo mismo con los fallos del juez Thomas Griesa a favor de los fondos buitres, Loreta Preska a favor de Burford por el caso YPF, luego revocado por la Cámara de Apelaciones de Nueva York.
7. Apoyar iniciativas en el ámbito mundial que buscan: a) alternativas para el tratamiento de la deuda de los países de ingresos medios y bajos; b) modificar las leyes que permiten en países de ingresos altos la adquisición de deuda en default con el objetivo de litigar, como la Ley Champerty que en 2004 fue modificada en el Estado de Nueva York dando lugar al negocio de los fondos buitres.
8. Determinar el objetivo y el destino de los lingotes de oro del BCRA enviados al exterior por las autoridades del organismo. En septiembre de 2026 el presidente del BCRA Santiago Bausili declaró al Congreso que el oro se encuentra en Suiza, pero legisladores de Unión por la Patria denunciaron ante la Justicia, y sostienen que en realidad el oro está en el Bank of England, Londres. Por su parte, la Auditoría General de la Nación (AGN) desmintió a Bausili y sostuvo que los funcionarios de esa entidad nunca le permitieron acceder sin restricciones a la documentación relativa a las operaciones que sacaron el oro fuera del país.

EN EL PLANO INTERNO

1. Establecer que el peso del pago de la deuda recaiga sobre aquellos que se beneficiaron con la misma, fugando capitales del país.
2. Mantener cuentas públicas equilibradas realmente. Aunque el gobierno sostiene que ha eliminado el déficit fiscal, como dijimos más arriba, usa el artilugio de capitalizar los intereses de las LECAP y BONCAP, es decir que en lugar de pagarlos, y que estos intereses figuren como gasto público, se suman al capital de este instrumento financiero y se pagarán a su vencimiento. Mientras tanto, aumentan la deuda pública.
3. Realizar la investigación pública de la evasión fiscal, la fuga de capitales y la deuda pública.
4. Restablecer el decreto 2581/1964 (13), revisando sus sucesivas modificaciones, norma que reglamentaba la emergencia cambiaria y facultaba al BCRA a imponer plazos de liquidación de las exportaciones -desde el embarque y no por declaración jurada-, así como los pagos de Importaciones con financiación a plazo que carezcan de aval bancario o crédito documentario, letras u otros documentos, que debían ser previamente justificados ante el Banco Central.
5. Levantar el secreto bursátil, bancario y fiscal que protege a los responsables de fuga de capitales, maniobras de evasión o elusión tributaria. Cada blanqueo que se realiza los favorece, y debe establecerse la estricta prohibición de borrar sus datos de los correspondientes registros (lo que de concretarse implica un delito penado por el art. 11 de la ley penal tributaria).
6. Reforzar la administración cambiaria sobre las divisas del BCRA, con énfasis sobre las que requieren las grandes empresas para cancelar sus deudas de capital e intereses intra y extra-firma, y las que ocultan maniobras ilegales comerciales, cambiarias y/o impositivas.
7. Aplicar la Ley 19.359 Penal Cambiaria y el Decreto 480/1995 que la reglamenta.
8. Crear por ley del Congreso un Fondo en dólares para el pago de la deuda externa real auditada, en base a tributos que graven ganancias extraordinarias, el ingreso de penalización fiscal por fondos no declarados al fisco, o por todo tipo de transacciones de operaciones con el exterior no autorizadas por ley y todo otro ingreso fiscal de carácter especial que determine la ley.

Las medidas que señalamos son urgentes, pues es una realidad que el gobierno de Milei y el Fondo Monetario, con sus políticas y condiciones, nos empujan a un nuevo default. No es la primera vez, ni el único caso en el mundo. Es que sus mandantes, las grandes potencias, necesitan una Argentina quebrada y desintegrada para desarrollar – con las corporaciones transnacionales asociadas- sus enclaves neocoloniales, apropiarse de sus recursos, hacerla funcional a sus objetivos geopolíticos condicionando a nuestros futuros gobiernos.

Romper la esclavitud de la deuda es imprescindible para poder modificar la dependencia financiera que nos agobia.

La tarea actual es definir cómo avanzar políticamente hacia ese objetivo, que es uno de los ejes centrales del acuerdo social y federal que proponemos, basado en un plan común a los sectores nacionales y regionales del trabajo y la producción, al que refieren nuestras propuestas vinculadas a los reclamos de las organizaciones sindicales, sociales, organismos de derechos humanos, agremiaciones Pymes y cooperativistas.

Y hacernos escuchar por los países que integran y los países* que deciden en el Fondo Monetario.

MILEI Y EL FMI NOS EMPUJAN AL DEFAULT. HAY QUE EVITARLO

30 de setiembre de 2026

FORO ECONOMÍA Y TRABAJO
Ricardo Aronskind, Sergio Arelovich, Gabriel Barceló, Noemí Brenta, Juan Pablo Costa, Norberto Crovetto, Marcelo Di Ciano, Eduardo Codianni, Marisa Duarte, Eduardo Dvorkin, Néstor Forero, José María Fumagalli, Américo García, Carlos Gutiérrez, Ricardo Koss, Nicolás Malinowsky, Jorge Marchini, Felisa Miceli, Andrés Repar, Alejandro Roffman, Horacio Rovelli, José “Pepe” Sbatella, Nahuel Silva, Juan Carlos Teso, Rodolfo P. Treber, Eduardo Berrozpe (coordinador)

*Son aquellos con mayor poder de voto, según sus aportes financieros: EE.UU es determinante, tiene poder de veto con 16,49% de los votos pues las decisiones importantes exigen una mayoría del 85%. Lo siguen, en % de votos, Japón -6,14- China -6,08- Alemania -5,31- Francia -4,03- Reino Unido -4,03-; países que salvo China eligen por sí mismos un director.

FORO ECONOMÍA Y TRABAJO. Está integrado por economistas y otros especialistas a propuesta de organizaciones sindicales de nuestro país, abierto a todas las instituciones que integran el Movimiento Sindical Argentino, así como a los aportes de organizaciones que agremian a las Pyme, cooperativas y a la economía popular. En el presente documento también hacen sus aportes especialistas de diversas disciplinas que lo suscriben pues solidariamente, decidieron aportar a nuestras propuestas para un PLAN NACIONAL ECONOMICO, SOCIAL Y FEDERAL. Los documentos y definiciones corresponden a sus autores, que tienen nuestro agradecimiento, que se extiende a quienes consideran la propuesta de participar en la articulación de un programa económico con eje en el trabajo, la producción, la justicia social, la defensa de los recursos y la soberanía nacionales. foroeyt@gmail.com

Nota: El Foro está a la fecha actualizando sus propuestas https://radiografica.org.ar/2024/08/18/salir-del-desastre-propuestas-para-un-plan-nacional-economico-social-y-federal/ publicadas en 2024. Este documento es parte de ese trabajo, que iremos publicando.

1. La deuda no puede mandar I y II – https://www.iade.org.ar/noticias/la-deuda-no-puede-mandar-no-somos-el-proyecto-del-default – https://radiografica.org.ar/2024/11/07/foro-economia-y-trabajo-la-deuda-no-puede-mandar-un-nuevo-acuerdo-con-el-fmi-es-nocivo-e-innecesario/
2. INDEC y Observatorio de la Deuda Social de la UCA.
3. Cátedra UNESCO sobre las manifestaciones de la cuestión social, Indicadores de la cuestión social. Argentina. Primer semestre, 2026.
4. https://cloudsnic.minseg.gob.ar/Informes/SNIC/Informe_SNIC_Nacional_2025.pdf, p. 3
5. FAO
6. Boletín Fiscal.
7. BCRA. BOPREAL “Bonos para la reconstrucción de una Argentina Libre” valuados en dólares.
8. 700.000 dólares cada seis meses, hasta marzo de 2029.
9. en pesos, Lecaps – letras de corto plazo-, Lefi – letras fiscales de liquidez, rescatadas en 2025- y Boncap –bonos de liquidez.
10. Ver Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas (IPYPP) https://ipypp.org.ar/descargas/2026/La%20reconfiguraci%C3%B3n%20del%20endeudamiento%20p%C3%BAblico%20bajo%20Milei-Caputo_ipypp.pdf
11. IPYPP
12. 12 La causa penal 3561/19 “Macri Mauricio y Otros s/ defraudación por administración fraudulenta contra la Administración Pública”, Juzgado Nacional Criminal y Correccional Federal nro.5 a cargo de la jueza federal María Eugenia Capuchetti y el fiscal Franco Picardi, iniciada por denuncia de la Oficina Anticorrupción. La jueza ordenó archivar la causa, la fiscalía apeló, la causa fue a la Cámara Federal, quien ratificó el archivo del expediente en septiembre de 2026. Tras esta decisión, el fiscal general José Agüero Iturbe interpuso un recurso ante la Cámara Federal de Casación Penal para pedir la anulación del archivo y la reapertura de la investigación, pero la Cámara ratificó el archivo de la causa. También existe un Proyecto de Ley con sanción del Senado que exigía la investigación y nunca fue llevado al recinto en la Cámara de Diputados (Exp.N°0016-S-2022, Unión por la Patria, Senador Oscar Parrilli). Además, en la justicia se tramitan varias denuncias sin avances sustantivos hasta la fecha, como la causa “Codianni, Eduardo Julio c/ EN s/ amparo ley 16.986” (Expte. N° 7651/2019) que hoy se encuentra en la Corte Suprema de Justicia de la Nación, archivada. El accionante solicitó la reapertura del caso, y está a la espera que el Juez Cormick ordene pericia de los documentos del PEN para reabrir la causa y otras. La causa ante el Juzgado Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal Nº 9, a cargo del Doctor Pablo Cayssials, que solicita la nulidad de todo lo actuado con el FMI -incluyendo las Cartas de Intención y los memorándums de entendimiento-, puesto que los demandantes consideran que no se cumplimentaron los Procedimientos Administrativos del Estado ni de la de Administración. Financiera fue rechazada in limine. Es decir que hasta ahora la justicia argentina no hizo lugar a ningún reclamo relativo a los exorbitantes acuerdos con el FMI que gravan a la Nación y benefician a unos pocos, en desmedro de la mayoría.