El próximo 6 de agosto está previsto que se trate en el Senado la denominada ley de la Inviolabilidad de la Propiedad Privada, un nombre engañoso que básicamente quita todos los límites a la extranjerización de la tierra en la Argentina. En diálogo con el programa Intereses Colectivos de Radio Gráfica el integrante del equipo de Justicia Ambiental y Territorial del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), Federico Orchani, analizó las graves consecuencias que generaría la sanción de la ley.
“Lo primero que hay que señalar con claridad es que esta es una ley que promueve aún más la concentración de la tierra en Argentina y pone en riesgo los bienes comunes. Analizando sus efectos, se pueden ver dos dimensiones: por un lado, los derechos y las poblaciones afectadas; por el otro, qué pasa con el rol y las capacidades estatales”, abrió el diálogo Orchani.
“El objetivo central de esta reforma es atacar el corazón de la Ley Nacional de Tierras. Esa norma vigente no prohíbe la inversión extranjera, pero sí establece límites y topes a la adquisición de tierras, entendiéndolas como un activo estratégico. Este proyecto busca desarmar esas regulaciones, lo que traerá consecuencias como el disparo en el precio de la tierra y en los arrendamientos, afectando directamente a pequeños productores y a la agricultura familiar, que producen la mayoría de los alimentos frescos del país en porciones muy reducidas de territorio“, amplió.
“Por otro lado, el Estado pierde herramientas clave de regulación, como la capacidad de expropiación para promover el acceso a la tierra, ordenar el territorio o intervenir de manera balanceada frente a conflictos de tenencia”, sumó.
¿Quiénes son los interesados en la sanción? ¿Por qué el gobierno tiene tanto interés en promoverla? “Hay que mirar esto en conjunto con otras medidas del Gobierno, como los cambios en la Ley de Glaciares, el RIGI (Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones), el desmantelamiento de las políticas para la agricultura familiar o la falta de prórroga de la Ley 26.160 de emergencia territorial indígena”, comenzó respondiendo Orchani.
“Todas estas iniciativas favorecen al gran capital transnacional. Con regímenes como el RIGI, por ejemplo, el Estado otorga exenciones impositivas y estabilidad a largo plazo a cambio de resignar recaudación —unos 1.000 millones de dólares según datos del CEPA— y sin priorizar el desarrollo ni el trabajo local. Estamos frente a un cambio de paradigma total: la renuncia del Estado a su rol redistributivo a cambio de la entrega de soberanía en favor de capitales concentrados”, alertó el integrante del CELS.
DESALOJOS, “ACELERA TODOS LOS PLAZOS”
Uno de los puntos que establece la ley de Tierras es el acortamiento de plazos para el desalojo: “La ley acelera los plazos de desalojo al derogar protocolos y garantías existentes para cuando hay poblaciones afectadas en disputas con privados. Al consagrar la sacralización de la propiedad privada, el Poder Judicial se queda sin herramientas para ofrecer alternativas habitacionales o de resguardo. Esto deja en absoluta vulnerabilidad a quienes trabajan en la informalidad o con arrendamientos precarios, como los productores hortícolas de los cordones periurbanos”.
Asimismo, advirtió por el impacto ambiental: “cerca del 78% de los lagos, el 65% de las riberas de ríos y amplias zonas de bosques nativos. El proyecto desregula y retira al Estado de la tutela ambiental, dejando esos territorios a merced de la especulación.
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