Por Horacio Rovelli *
El Congreso de la Nación convierte en ley la infame reforma laboral pergeñada por los grandes estudios pagados por el gran capital que opera en el país, liderado por Bruchou & Funes de Rioja. Su titular Daniel Funes de Rioja, en 1976 durante la dictadura cívico-militar, fue nombrado representante de las patronales en la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Fue también, durante el gobierno de Videla, asesor del Ministerio de Planeamiento de la Nación, desde donde se hacían millonarios negociados con las obras públicas y los amigos de la patria contratista. Ha sido, entre otras cosas, desde junio 2021 a junio 2025 presidente de la UIA (Unión Industrial Argentina) impulsado por los miembros de AEA (Asociación Empresaria Argentina).
La AEA hizo un almuerzo en su sede, el 17 de diciembre de 2025, en honor al empleado del JP Morgan y titular del BCRA, Santiago Bausili, porque ellos son los principales compradores de los 38.806 millones de dólares en el año 2025 que se detrajeron del mercado local, como informa el Balance Cambiario del BCRA.
Para tener idea de las proporciones, esa suma es mayor que toda la coparticipación de impuestos que recibieron en el año 2025 las 23 provincias y la CABA. Y supera en un 52,3% el monto total de los 10 -diez- proyectos aprobados por el RIGI (Régimen de Incentivos a las Grandes Inversiones) a la fecha, por un total de 25.479 millones de dólares (y que lleva su tiempo de ejecución).
Cuando vemos el cierre intempestivo de FATE, dejando 920 trabajadores en la calle, empresa de más de 80 años de antigüedad; o de Hilandería Alal SACIFI de más de 100 años de funcionamiento. Otras que se reconvierten en importadoras como Whirlpool y Metalflor, etc., totalizando en dos años 20.135 empresas que cierran y/o están en ese camino, dejando 275.600 trabajadores registrados sin su empleo, en ese marco, es claro que la reforma laboral busca como principal objetivo el despido y el cierre con el menor costo posible para la patronal.
En una reconversión de la economía argentina, que el CEO de Techint pregonaba como un nuevo “reseteo” del país y que ahora, es vigilado por los servicios de inteligencia del Estado por ser acusado por el presidente de conspirar contra el gobierno, cuando apagó el horno de Ternium Siderar (Ex SOMISA) el 29 de agosto de 2025.
Techint, empresa beneficiada en obras públicas por la dictadura militar (que no la hacía competir con empresas extranjeras), por los seguros de cambio de Cavallo y González del Solar al traspasar su deuda en dólares al Tesoro Nacional. Tesoro que pagó esa deuda y la de las empresas que se acogieron al seguro de cambio (en el año 1982 tras Malvinas) con Bonex 1992. Título que Techint y demás conspicuos miembros de AEA compraron en la década de los noventa, a precio vil (la lámina decía 100 dólares y pagaron la misma en los mercados secundarios de 18 a 24 dólares) y que luego emplearon en las privatizaciones del menemismo (que tomó esos títulos al valor nominal)[1]. Que se benefició con la “pesificación asimétrica de Duhalde, etc. etc.
Apostó a Vaca Muerta para quedarse con el petróleo y el gas que le pertenece al pueblo argentino cuando, como establece nuestra Constitución Nacional, los recursos naturales son propiedad del pueblo y por lo tanto, ni el Poder Ejecutivo, ni el Parlamento, pueden disponer de esos recursos, sin consultar específicamente al pueblo[2].
La renta financiera y la reconversión del país
Fue la ley 21.526 de la reforma financiera de 1977 la que hace que el crédito deje de ser un instrumento de política económica para convertirse en mercancía financiera.
Lo había asegurado Tomas Jefferson, principal redactor de la Declaración de Independencia de los Estados Unidos, cuando afirmó “Las instituciones bancarias son más peligrosas para nuestras libertades que los ejércitos permanentes. (…) Si el pueblo norteamericano alguna vez permite a los bancos privados controlar la emisión de su moneda, primero por medio de la inflación y luego por la deflación, los bancos y las corporaciones que crecerán alrededor de los bancos (…) privarán al pueblo de toda propiedad hasta que sus hijos se despertarán sin techo en el continente que sus padres conquistaron”.
Explica tajantemente por qué el total de préstamos al sector privado en Argentina de 1974 representaba el 43,5% del PIB que, durante ese año, el país contaba con una estructura de 823 entidades financieras, incluyendo una fuerte presencia de cooperativas de crédito y bancos comerciales, en un contexto de pobreza del 4,6% de los hogares. Y en 2025 no alcanza a ser el 11% del PIB (en torno al 6% para empresas y menos del 5% personales) y solo son 61 entidades, de las cuales 14 son públicas y 47 son privadas (y no hay indicador cierto de la pobreza por acción premeditada del gobierno).
Sistema financiero argentino
Si bien es cierto que el crédito es poco significativo, lo es porque los bancos y sobre todo los 8 -ocho – privados más grandes[3], tienen bonitas sucursales distribuidas en todo el país para captar depósitos (en pesos y en dólares) pero básicamente prestan a los sectores más concentrados (con carteras vinculadas) y al Estado.
Si vemos la última publicación del BCRA, que es a octubre de 2025, los estados contables consolidado de los bancos privados nos dicen que el crédito solo es el 45,34% del total de Activos, por ende, el 54,66% es en efectivo (juega en ello la llamada mesa de dinero con que se prestan los bancos entre sí), en títulos públicos, e intermediación financiera.
Y la relación es peor en los bancos públicos, que se ven obligados, incluso los de las provincias (salvo honrosas excepciones como son los bancos de la Pcia. de Bs As, La Pampa, y La Rioja) de comprar bonos públicos en las licitaciones del Tesoro de la Nación con el que financia su gasto.
El consolidado de los bancos públicos nos dice que es casi igual el total del crédito que otorgan, que la posesión de títulos públicos.
El sistema financiero genera poco crédito a la producción y al trabajo, y financia los títulos de corto plazo de la administración nacional, ahogada por una deuda cada vez mayor que hace estéril el brutal ajuste fiscal que llevan a cabo.
Por ejemplo. el gobierno presenta el resultado fiscal del mes de enero de 2026 con un superávit financiero de $1.105.159 millones (aproximadamente 0,1% del PIB), producto de un resultado primario de $3.125.737 millones (superávit primario de aproximadamente 0,3% del PIB), y de un pago de intereses de deuda pública neto de los intra-sector público por $2.020.578 millones.
Pero no dice que, ingresaron en divisas, pero el presupuesto nacional lo contabiliza en pesos, por la concesión por 30 años de las cuatro represas del Comahue por $ 1.043.879,2 millones. Y tampoco que capitalizaron intereses, deuda financiada por los bancos, los agentes de Liquidación y Compensación (Alycs) y las compañías de seguros, por unos $ 5.982.700 millones (que la Secretaría de Finanzas de la Nación contabiliza en 4.126 millones de dólares), con títulos de cada vez menos plazo (mayoría de vencimiento en marzo y abril de 2026) y a una tasa promedio del 3% mensual (anualizada en torno al 40%) contra una inflación promedio que el REM (Relevamiento de Expectativas de Mercado)[4] estima en 22% para el año 2026.
Si observamos en el cuadro del conjunto del sistema financiero al día 18 de febrero 2026, la disparidad entre los depósitos en dólares captado (por 40.867 millones) y el total de créditos concedidos (por 19.768 millones) explica por qué el equipo dirigido por Luis Caputo, pretende que se den créditos en divisas a los que no tienen ingresos en moneda extranjera, descalzando los mismos como sucedió en el año 2001 con el resultado que la diferencia la pagó el Estado nacional, y que está expresamente prohibido por resoluciones del BCRA.
La necesidad de dólares para pagar los importantes vencimientos de la deuda externa, le hace recurrir a violaciones flagrantes de las normas, y a modificar otras como es la RG N°1108 de la Comisión Nacional de Valores del día 18 de febrero 2026, que adecúa su normativa a las disposiciones establecidas en la Ley N° 27.799 de Inocencia Fiscal y su Decreto reglamentario N° 93/2026 en el mercado de capitales, permitiendo a los agentes de Liquidación y Compensación (Alycs) y a Proveedores de Servicios de Activos Virtuales (PSAVs, entre los cuales aparecen los exchanges cripto) captar los dólares no declarados a través de fondos de diferentes tipos para su cartera de inversores.
En síntesis
La magnitud de la deuda bruta de 502.934 millones de dólares (a los 460.934 millones declarados por la Secretaría de Finanzas, se le debe sumar los 36.000 millones de dólares de los Bopreales y los 6.000 mil millones de los tres Repos), la escala de vencimientos de corto plazo, y un mentiroso superávit fiscal, que no es tal porque se capitaliza cada vez más (y en menor plazo) deuda (en realidad se opera con déficit financiero y déficit primario), hace que el mismo gobierno reconozca que no puede colocar títulos de deuda en el mercado internacional (nadie le presta a un país en la ahogada situación de deuda y financiera en que está), y que tiene que recurrir a los recursos internos.
La venta a precio vil de nuestro patrimonio de empresas públicas y de recursos naturales y la violación de normas bancarias de seguridad, es el camino adoptado para beneficio de una minoría rentista y parasitaria como lo demuestra la adjudicación por 30 años de las cuatro represas del Comahue.
Es hora que el pueblo argentino ponga límites a quienes nos endeudan y pagan con nuestro patrimonio, como hacía el Grupo Marsans de España, que vendía los aviones de Aerolíneas Argentinas y de Austral para pagar el canon de su privatización.
[1] Así compraron SOMISA
[2] Los actos de DDHH de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Ley 23.054) “… solo puede realizarse el ideal del ser humano libre, exento del temor y de la miseria, si se crean condiciones que permitan a cada persona, gozar de sus derechos económicos, sociales y culturales, tanto como de sus derechos civiles y políticos Esto se escribe en todos los Pactos que se crean interrelacionando los unos con los otros, para que quede claro que las personas humanas tienen esos derechos por solo el hecho de haber nacido en el planeta
[3] Banco Galicia, Santander, BBVa, Macro, Credicoop, Patagonia, Supervielle, y Citi
[4] Encuesta que hace el BCRA, publicada el día 5 de febrero de 2026, se difunden los resultados del relevamiento realizado entre el 28 y el 30 de enero de 2026, contemplando a 45 participantes, entre 33 consultoras y centros de investigación locales e internacionales y 12 entidades financieras de Argentina.
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