Por Horacio Rovelli *
El “reseteo de Argentina” es un concepto mencionado por Paolo Rocca, CEO del Grupo Techint, en diciembre de 2023 durante el Seminario ProPymes. Allí describió la situación anterior como “absolutamente insostenible”, por lo que consideraba necesaria la desregulación, el ajuste fiscal y reformas laborales para “nivelar la cancha”.
Con lo que no contaban era con que el capital extranjero, encabezado por Eduardo Elsztain (vicepresidente del Consejo Judío Mundial y miembro de la secta Jabad Lubavitch), iba a influir directamente sobre Javier Milei quien, siendo de origen no judío, visita la tumba de Ohel (la tumba del Rebe en Nueva York) y se considera el “presidente más sionista del mundo”¹.
Una vez captado Milei, fue fácil imponer a todo el equipo de economía (Luis Caputo, José Luis Daza, Santiago Bausili y Vladimir Werning, todos provenientes del JP Morgan²), quienes incluso después de las elecciones del 26 de octubre de 2025 extendieron su influencia a la Cancillería (donde Pablo Quirno, que trabajó 17 años en el JP Morgan, asumió un rol central), subordinándose así a la política exterior de los EE. UU.
Sin embargo, los promotores de Milei —principalmente Rocca, Eurnekian y Magnetto— ya habían costeado los trabajos jurídicos, tributarios y de economía en general. Estos fueron realizados en gran parte por los estudios Lisicki & Litvin; Bruchou & Funes de Rioja; Marval, O’Farrell & Mairal; KPMG; PriceWaterhouseCoopers y Deloitte Argentina. Estas firmas son, a su vez, las que certifican y auditan los balances de las grandes empresas del país y liquidan sus impuestos. Federico Sturzenegger había recibido originalmente estos trabajos para la candidata Patricia Bullrich; hoy conforman el manual del liberalismo en la Argentina actual y, ante la elección de Milei, se implementan en la administración nacional.
Primero, apenas asumió el gobierno de La Libertad Avanza, se dictó el DNU 70/23 con el objetivo de desregular la economía, reformar el Estado, precarizar el trabajo (mediante el aumento del período de prueba y cambios en las indemnizaciones) y establecer una lista para la venta y concesión de empresas públicas, modificando o derogando alrededor de 300 leyes. Este decreto no fue derogado y sigue vigente.
Meses más tarde, el Congreso de la Nación aprobó el proyecto del Poder Ejecutivo bajo la Ley 27.742, denominada “Ley Bases”. Esta norma habilitó la privatización y/o concesión de las empresas ENARSA, Nucleoeléctrica Argentina, YCRT, AySA, Ferrocarriles Belgrano Cargas, SOFSE y corredores viales, entre otras. También incluyó la desregulación del sistema eléctrico nacional, junto a reformas impositivas, laborales y previsionales. Asimismo, se creó el RIGI (Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones), el cual establece enclaves económicos dentro del país que quedan bajo jurisdicción extranjera, sustrayéndolos de la justicia nacional y otorgándoles estabilidad fiscal por 30 años. A partir del quinto año, estas inversiones podrán disponer libremente de todas las divisas que generen, sin obligación alguna de ingresarlas al país, sin el pago de retenciones o derechos de exportación, y sin la obligación de abastecer al mercado interno.
La “Ley Bases” permite la libre disponibilidad de divisas provenientes de recursos naturales no renovables. Esto constituye un acto criminal de administración fraudulenta, dado que supone un vaciamiento del país y de su patrimonio minero e hidrocarburífero, sin obtener nada a cambio.
Los países que gozan de un alto bienestar son aquellos que han logrado acumular Fondos Soberanos de Inversión para compensar las extracciones de recursos no renovables, garantizando una capitalización destinada a las próximas generaciones.
La “Ley Bases” es de dudosa constitucionalidad porque implica una delegación de facultades del Congreso de la Nación al Poder Ejecutivo, práctica expresamente prohibida por el Artículo 29 de la Constitución Nacional. Dicho artículo las considera nulas de falsedad absoluta e irrevocable, y establece que quienes las formulen, consientan o firmen serán considerados “infames traidores a la Patria”.
Después se aprobó la Ley 27.743 (Paquete de Medidas Fiscales Paliativas y Relevantes), que incluyó el blanqueo de capitales (Régimen de Regularización de Activos), una moratoria fiscal y aduanera, la modificación del Impuesto a las Ganancias y cambios en Bienes Personales. Estas medidas, siempre ventajosas para el capital, permitieron el ingreso al país de 24.000 millones de dólares que no habían pagado impuestos. Esto demuestra, a su vez, que Manuel Adorni —quien hizo lo mismo— ni siquiera se adhirió al “blanqueo” porque no tenía el dinero que consiguió posteriormente.
La Ley 27.799 de “Inocencia Fiscal”, vigente desde enero de 2026, invierte la lógica fiscal al presumir la buena fe del contribuyente, restringir la persecución penal, elevar los montos mínimos punibles y crear un Régimen Simplificado de Ganancias con efecto liberatorio. Por ejemplo, sustituye el artículo 16 del Régimen Penal Tributario para establecer el pago total (capital e intereses) antes de la denuncia, o el pago con un adicional del 50% dentro de los 30 días hábiles de la imputación. Para los contribuyentes cumplidores que presenten sus declaraciones juradas y paguen en término, el plazo de prescripción de las facultades del Fisco para determinar impuestos se reduce de 5 a 3 años, dictaminando que la acción penal no proseguirá si las facultades de determinación ya prescribieron.
Respecto a la Ley 27.798 de Presupuesto de la Administración Nacional 2026, cabe destacar que durante los primeros dos años de gestión el Ejecutivo gobernó con la prórroga del presupuesto 2023. La Auditoría General de la Nación debería expedirse sobre ambos ejercicios fiscales para evaluar el grado de cumplimiento, pero todavía no lo ha hecho. Sin embargo, la Ley 27.798 establece en su artículo primero que “…al cierre del Ejercicio Fiscal 2026, deberá presentar una ejecución con resultado financiero equilibrado o superavitario”. Por lo tanto, se ajustan todas las partidas que conforman el gasto primario (salud, educación, obra pública, previsión y asistencia social) con el único fin de generar el excedente financiero necesario para pagar los intereses de la deuda.
Mediante la Ley 27.804 se modificó la Ley 26.639 de “Presupuestos Mínimos para la Protección de los Glaciares y del Ambiente Periglacial”, facultando a las provincias para determinar qué masa de agua cumple una “función hídrica efectiva”. De este modo, se define qué áreas quedan protegidas y cuáles pueden habilitarse para actividades como la minería o la explotación hidrocarburífera. La reforma de la Ley de Glaciares se subordina así a una arquitectura política y diplomática destinada a asegurar minerales críticos para la transición energética y la reindustrialización tecnológica, esencialmente de los EE. UU. En este contexto, el cobre resulta estratégico para la electromovilidad, las energías renovables y los centros de datos.
Por la Ley 27.818 se aprobaron los acuerdos de conciliación y tratados celebrados entre el Estado argentino y los fondos Bainbridge Ltd. y Attestor Value Master Fund LP. Esto no solo significa el pago a quienes no ingresaron en los dos canjes de la gestión Kirchner (años 2005 y 2010), sino que sienta un precedente para que otros acreedores reclamen el mismo derecho.
Actualmente tiene media sanción el llamado “Super RIGI”, que extiende la lógica de enclave a las infraestructuras digitales estratégicas. Este proyecto otorga beneficios fiscales que incluyen la estabilidad por 30 años y flexibilizaciones regulatorias que no garantizan la transferencia tecnológica, el desarrollo de proveedores locales ni la soberanía sobre los datos y capacidades generadas, resultando funcional a corporaciones como Palantir, Amazon, Google, Apple y Microsoft.
En contraste, el gobierno de Milei vetó la Ley de Financiamiento Universitario y las leyes de Emergencia Pediátrica y de Discapacidad, las cuales cuentan con la insistencia del Congreso de la Nación. También vetó la ley que declaraba la emergencia y catástrofe por las inundaciones en Bahía Blanca; la ley que otorgaba un incremento excepcional del 7,2% para jubilaciones y pensiones; la ley que restituía la moratoria previsional (mecanismo para acceder a la jubilación completando aportes); y la ley que modificaba el esquema de distribución del Fondo de Aportes del Tesoro Nacional (ATN) para que se coparticipe de acuerdo con la Ley 23.548 y no al arbitrio del Poder Ejecutivo.
A esto se suma el accionar del gobierno sobre la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA), Nucleoeléctrica Argentina (NASA), el INTA y el INTI, entre otros organismos, con el fin de quitarles funciones para su posterior privatización y/o cierre. Esto implica la venta de sus valiosos activos y la pérdida de la inversión e investigaciones realizadas a lo largo de sus décadas de existencia.
El caso de Intercargo SAU es paradigmático: salió a la venta con un precio base de 45,1 millones de dólares, a pesar de contar con activos por 93 millones y registrar ganancias superiores a los 20 millones de dólares en su último balance anual. Así consta en la denuncia penal presentada a fines de mayo de 2026 por la Asociación del Personal Aeronáutico contra Milei, Caputo y el titular del BICE (Banco de Inversión y Comercio Exterior), Maximiliano Voss, por presuntas irregularidades y defraudación contra la administración pública.
En diciembre de 2025, la Secretaría de Transporte dispuso que las mangas y pasarelas telescópicas fueran operadas exclusivamente por las concesionarias aeroportuarias. Por este motivo, Intercargo SAU dejó de atender y facturar el uso de mangas en Ezeiza y Aeroparque, actividad que pasó a formar parte de los servicios explotados por Aeropuertos Argentina, controlada por el grupo Eurnekian. Paralelamente, el gobierno de Javier Milei renegocia un acta acuerdo para extender la concesión de Aeropuertos Argentina hasta el año 2056, con una opción de prórroga hasta 2066.
A pesar de existir el Tribunal de Tasación de la Nación, en julio de 2025 se creó la Unidad de Valuaciones dentro del BICE para tasar la concesión por 25 años de las centrales hidroeléctricas del Comahue. Esta se tasó al precio vil de 706,8 millones de dólares (monto que ni siquiera alcanzó para pagar los 801 millones de dólares de intereses de un trimestre con el FMI). También se tasó la venta de la participación del Estado en Transener por 352,2 millones de dólares, junto con las valuaciones de AySA e Intercargo SAU.
La privatización de AySA fue frenada por la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires y el Juzgado Contencioso Administrativo N° 2 de La Plata, que aceptó la demanda para proteger a 26 municipios bonaerenses. La medida cautelar exige al gobierno nacional garantizar la continuidad del servicio, las obras de saneamiento y los controles de calidad, ordenando evaluar primero el pasivo ambiental y el impacto del traspaso a manos privadas.
Por otra parte, la eliminación de la Dirección Nacional de Vialidad mediante el Decreto 461/2025 fue frenada el 17 de julio de 2025 en el juzgado de San Martín, el cual dio lugar a una cautelar presentada por el Sindicato de Empleados de Vialidad Nacional (SEVINA) y suspendió la medida. Posteriormente, el 25 de agosto de 2025, el Congreso de la Nación rechazó el decreto, por lo que la disolución de la entidad perdió vigencia.
Eso no impidió que el 30 de junio de 2026 Luis Caputo anunciara la firma de contratos para que las empresas adjudicatarias asuman la operación y el mantenimiento de 1.871 km de rutas nacionales y autopistas que antes eran operadas por la empresa estatal Corredores Viales. Se trata de los Tramos Pampa (RN 5) y Sur – Atlántico – Acceso Sur (RN 3, RN 205, RN 226, Autopista Ezeiza-Cañuelas, Riccheri y Jorge Newbery), corredores estratégicos para la producción, la logística y el comercio en Buenos Aires y La Pampa.
Asimismo, el 18 de junio de 2026 el gobierno argentino adjudicó la concesión de la Hidrovía Paraná-Paraguay por 25 años a la empresa belga Jan De Nul y su socia local Servimagnus. Estas firmas se encargarán del dragado, balizamiento y mantenimiento de esta vía troncal, por donde transita el 80% de las exportaciones del país (esencialmente granos y carnes). La adjudicación se realizó sin tener en cuenta los reclamos de la audiencia pública.
El pliego prevé llevar la profundidad de los 34 pies actuales a un mínimo de 40 pies en la primera etapa, y posteriormente a 44 pies desde Buenos Aires hasta Timbúes. Esto quedó sujeto a estudios que debieron haberse realizado antes de la licitación y no después. En la audiencia pública, los hidrólogos advirtieron: “… no es tan fácil dragar 500 km de río y llevarlos a tanta diferencia de calado sin tener en cuenta lo que puede pasar en el régimen de agua; seguramente aumentará la velocidad de la corriente porque se conforma una canaleta más profunda que arrastra más agua”. En el mismo sentido se pronunció la Procuraduría de Investigaciones Administrativas, a cargo del fiscal nacional Sergio Rodríguez, quien emitió un dictamen enumerando una serie de irregularidades en el proceso licitatorio.
A pesar de las advertencias, el proyecto se aprobó debido a que en marzo de 2024 la Administración General de Puertos firmó un acta de entendimiento con el Cuerpo de Ingenieros del Ejército de los EE. UU., transformando el corredor fluvial en un escenario de cooperación técnica militar y disputa geopolítica directa frente a la República Popular China.
Todo este desmantelamiento del Estado nacional, que genera privilegios a largo plazo para los grandes capitales, debilita el control local y resulta funcional al comercio y a los designios de los EE. UU.
“PAX SILICA”
Es un convenio propiciado por los EE. UU. para reforzar las cadenas de suministro de alimentos, minerales, combustibles y tecnologías relacionadas con la inteligencia artificial, entre otros rubros. A través de este mecanismo, los EE. UU. buscan reemplazar la dependencia que tienen con China y, a su vez, limitar la presencia del país asiático en América.
Un párrafo del convenio señala: “Los firmantes se comprometen también a profundizar la cooperación en I+D para ampliar la infraestructura energética, fortalecer la producción de minerales críticos y acelerar el desarrollo de semiconductores confiables, además de movilizar al sector privado e impulsar nuevos centros de datos y modelos de IA, tanto abiertos como cerrados”.
La Pax Silica fue presentada por funcionarios estadounidenses como un marco de seguridad económica destinado a alinear políticas e inversiones entre “socios de confianza” que albergan importantes empresas tecnológicas y capacidad industrial clave. En este esquema, la seguridad económica es inseparable del control sobre la energía, los minerales críticos, la manufactura de alta gama y los modelos avanzados. La Argentina de Milei firmó este acuerdo el 26 de junio de 2026.
EN SÍNTESIS
Con el aval de los EE. UU. se produce un brutal cambio en la estructura económica y social de la Argentina. Los capitales locales no son los mayores privilegiados, por lo que el “reseteo” del que hablaba Paolo Rocca queda subordinado al capital financiero de Manhattan. Aldo Ferrer hablaba de la “densidad nacional”, pero se figuraba una burguesía local que hoy no existe.
¹ Declaración realizada por Javier Milei en la Universidad Yeshiva en Nueva York, el lunes 9 de marzo de 2026.
² JPMorgan Chase & Co. es el principal banco por valuación de activos de los EE. UU. Sus principales accionistas son Vanguard Group, BlackRock, State Street Corporation, Morgan Stanley y Geode Capital Management.
(*) Licenciado en Economía por la Universidad de Buenos Aires. Profesor a cargo de la asignatura Política Económica de la Facultad de Ciencias Sociales (UBA), y de Instituciones Monetarias e Integración Financiera Regional en la Facultad de Ciencias Económicas (UBA).
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