Por Foro Economía y Trabajo
El proyecto de ley “de modernización laboral” del gobierno no moderniza, atrasa, arrasando derechos individuales y colectivos. Profundizar las asimetrías de poder entre los trabajadores y el capital es su principal objetivo económico y político.
Se trata de reducir aún más el salario real e imponer condiciones laborales cada vez más precarias, debilitar y fragmentar a la organización sindical en la negociación colectiva y la acción gremial, e incrementar las ganancias empresarias con una fenomenal transferencia de ingresos, que por experiencia sabemos no aumentará la inversión sino la fuga de capitales.
Será a costa de los trabajadores – activos y jubilados, del sector formal o informal–, desfinanciando al sistema previsional y al sistema solidario de salud -por la reducción de la alícuota a cargo del empleador para las obras sociales del 6 al 5%-. Y también de las provincias como se desprende de dos normas del proyecto que representan un alto costo fiscal y deberían tratarse por separado. Son las contenidas en el Título XIII – Régimen de Incentivos para Medianas Inversiones- y el Título XIV -Modificaciones a leyes impositivas- y suponen un sacrificio fiscal que significará un mayor ajuste todavía para la economía real.
Este proyecto de ley no solo es contra las y los trabajadores sino también contra el país. Es clave para los objetivos del gobierno ultra neoliberal de Javier Milei, coherente con los intereses de los conglomerados empresarios más fuertes y las condiciones de los fraudulentos acuerdos con el Fondo Monetario Internacional (FMI).
Tiene en sus 196 artículos la misma matriz política que el decreto ley 21297 del 23 de abril de 1976, conque la dictadura cívico militar, derogó 25 artículos de la Ley de Contrato de Trabajo (LCT) sancionada en 1974 y modificó otros 99 para implementar un modelo neoliberal idéntico al de Javier Milei, con una brutal “flexibilización laboral” . También tiene antecedentes en la Ley de Empleo (24013) de Carlos Menem que también quitó derechos y redujo contribuciones desfinanciando a la seguridad social, o con la Ley “Banelco” (25250) de Fernando de la Rúa. Ninguno de estos engendros contrarios a la Constitución Nacional, o la flexibilización de hecho que impulsó Mauricio Macri, resultó en más empleo formal, o en mayor calidad laboral.
Tampoco lo hará este mamarracho inconstitucional que se busca imponer con extorsiones a los gobiernos provinciales. Al afectar los ingresos de los trabajadores activos y jubilados, una de sus consecuencias será menos demanda en el mercado interno, menos actividad e inversión productiva, menos industria, menos empleo y de menor calidad.
Es más, así se acentuará la actual pérdida de ganancias para la mayoría de las empresas que operan en el mercado nacional, que el proyecto pretende compensar reduciendo “costos laborales”, financiar despidos con fondos de la seguridad social, cediendo recursos fiscales imprescindibles para el sistema de salud o la educación, o contribuciones a las obras sociales.
Es decir, lo contrario de lo que reclama la mayoría de la sociedad: más producción, más industria, con más trabajo argentino agregado y desarrollo científico técnico, con salarios suficientes, educación y sistema de salud para vivir bien.
Estas son las razones por las que el Congreso de la Nación NO DEBE sancionar, en ninguna de sus partes, el proyecto de “modernización” presentado por Javier Milei.
Debe sí abocarse, en cambio, a una actualización de la legislación laboral sumando derechos, no quitándolos como hace el gobierno. El trabajo no es una mercancía y no debe tratarse como un simple factor de la producción; sin creatividad humana, por ejemplo, no habría revoluciones tecnológicas.
La reforma que Argentina necesita debe ser coherente con los profundos cambios operados en la organización del trabajo debido a la creciente incorporación de tecnología, comenzando por la reducción de la jornada laboral, junto con la inclusión en la LCT , reconociendo la relación de dependencia real, de los trabajadores de plataformas, los denominados “colaboradores” y los de las locaciones de obra (monotributistas) que el proyecto de Milei excluye.
El crecimiento del empleo de manera sostenida sólo será efectivamente posible en el marco de una política económica impulsada por los salarios reales y la recuperación del ahorro nacional, orientando el excedente hacia una transformación de nuestra matriz productiva y una reconversión industrial, imprescindible para crear empleo y salir del actual desastre económico.
Por ello, para comenzar a recuperar empleo formal, sí es urgente que los legisladores impulsen y sancionen una ley de Emergencia Económica que, dando prioridad a la recuperación de la demanda, disponga entre otras medidas: una inmediata recuperación del poder adquisitivo de los salarios, las jubilaciones, y el salario social complementario; revertir la apertura irrestricta de importaciones; regular el comercio exterior y administrar los precios de los bienes y servicios básicos para vivir, y de los insumos para producir, que hoy continúan subiendo.
FORO ECONOMIA Y TRABAJO
Sergio Arelovich, Ricardo Aronskind, Gabriel Barceló, Noemí Brenta, Marcelo Di Ciano, Juan Pablo Costa, Norberto Crovetto, Marisa Duarte, Eduardo Dvorkin, Roberto Feletti, Néstor Forero, José M. Fumagalli, Américo García, Carlos Gutiérrez, Ricardo Koss, Bernardo Lichinsky, Nicolás Malinovsky, Jorge Marchini, Felisa Miceli, Alejandro Rofman, Horacio Rovelli, José Sbatella, Nahuel Silva, Juan Carlos Teso, Rodolfo P. Treber, Eduardo Berrozpe (coordinador)
Discusión acerca de esta noticia