Por David Acuña
El peronismo, surgido de la radicalización de la Revolución del 4 de junio de 1943, fue la expresión política de un proyecto de desarrollo nacional autocentrado que, aprovechando la coyuntura de guerra interimperialista, avanzó en superar los condicionamientos estructurales impuestos por la oligarquía local aliada al capital británico. El proceso de sustitución de importaciones y la industrialización por medio de la apropiación de renta agraria y el control del comercio exterior, permitió tanto la ampliación del mercado interno como la redistribución del ingreso en favor de la clase trabajadora y los sectores populares.
Como consecuencia directa, el movimiento obrero vio cumplirse en forma satisfactoria una serie de mejoras sociales por las que venía luchando hace bastantes décadas. Simultáneamente, a este proceso de cambio, la componenda combativa y clasista característica de los primeros momentos del peronismo, dio paso a un modelo de armonización de clases coincidente con lo que luego se denominó “comunidad organizada”. En ella, la afiliación masiva, las concentraciones multitudinarias, la construcción de símbolos y nuevas pautas de sociabilización brindaron una legitimidad indiscutida al gobierno para encarar una reforma integral del Estado y la Constitución.
Entendiendo la relación entre el sindicalismo y Perón como la de sujetos políticos que convergen en determinados momentos en una estrategia común, no desprovista de tensiones y donde cada uno, además, tiene objetivos tácticos que le son propios, podríamos señalar tres momentos en la construcción de dicho vínculo.
Hay un primer momento de prudencia sindical ante la asunción del nuevo gobierno del 4 de junio de 1943 que se va convirtiendo en clara expectativa ante la política que el coronel Perón lleva adelante desde la Secretaría de Trabajo y Previsión Social.
La creación de tribunales de trabajo, que permitió dirimir conflictos y homologar acuerdos entre los sindicatos y las patronales.
La promulgación del Estatuto del Peón, que estableció un salario mínimo y procuró mejorar las condiciones de alimentación, vivienda y trabajo de los trabajadores rurales.
El establecimiento del seguro social obligatorio, que estará a cargo de entidades nacionales o provinciales con autonomía financiera y económica, administradas por los interesados con participación del Estado, sin que pueda existir superposición de aportes.
La fijación de mejoras salariales, el establecimiento del aguinaldo y vacaciones anuales pagas, para todos los trabajadores.
La indemnización por accidentes laborales y las jornadas de trabajo de ocho horas diarias.
Son, entre otras cuestiones, reclamos sindicales de larga data que pasaron a ser sancionados con fuerza de Ley como parte de las nuevas políticas públicas que, claramente, marcaban para la clase trabajadora una diferencia sustancial con el régimen conservador de la Década Infame.
De esta manera, de una prudente expectativa por parte de los sindicatos para con el nuevo gobierno se pasa cada vez más a un vínculo estable de diálogo institucionalizado, aunque no exento de tensiones y presiones de ambas partes.
El gobierno tratará de buscar en los sindicatos tanto el apaciguamiento de la protesta social, como un espacio más de legitimación de su poder político. Por su parte, los sindicatos buscarán en el gobierno militar, particularmente en la figura del coronel Perón, una instancia de mediación, cuando no un aliado, ante los embates de las patronales y la lógica del capital.
De esta manera, los sindicatos se van construyendo como un actor político más o menos consciente de sí. Cuestión que se les clarifica cuando en las jornadas de octubre de 1945 tienen la fuerza para tallar en la interna militar exigiendo la libertad de Perón y, posteriormente, siendo una pieza organizativa clave para el triunfo electoral de 1946.
La sanción de la Ley 12.921 de Asociaciones Profesionales el 21 de diciembre de 1946 puede ser tomada como la instancia de cierre de un primer momento del vínculo entre los sindicatos y Perón iniciado en junio de 1943 caracterizada por una homogenización de la clase obrera por medio de una legislación laboral, salarial y de igualación de derechos.
De esta forma, se abre un segundo momento caracterizado por la ampliación de las formas de representación de la clase obrera en las estructuras estatales y de gobierno. Son varios los militantes sindicales que se identifican con el peronismo y pasaron a ocupar cargos ejecutivos o legislativos. Un ejemplo de ello fue Ángel Borlenghi, que proveniente del sindicato de comercio asume como ministro del Interior.
Otro ejemplo de integración lo dan las agregadurías obreras en las embajadas argentinas conformadas en 1946 por medio del Decreto 7976, al cual le sigue dos años después el Decreto 5182 que otorga a los agregados el carácter de funcionarios diplomáticos transitorios equiparados al resto del personal de Cancillería. En 1949, por medio del Decreto 6420 se crea la carrera de agregado obrero con seis grados de escalafón.
Este proceso de integración institucional iba acompañado por la unificación en una sola estructura política, conducida a nivel nacional por el propio Perón, de las instancias políticas organizativas sobre las que se encaró la campaña electoral de febrero de 1946. El frente conformado por el Partido Laborista, la Junta Renovadora de la UCR y el Partido Independiente, es disuelto y unificado en el Partido Único de la Revolución, que luego de enero de 1947 pasa a llamarse Partido Peronista.
En el sentido expuesto, la integración no implicó que la clase trabajadora no reaccionara ante determinadas situaciones coyunturales demostrando una agenda propia y una autonomía ante las naturales presiones del gobierno. Las huelgas de los frigoríficos, portuarios y ferroviarios en 1946, o las de petroleros y metalúrgicos en 1947, con apoyo de la CGT son prueba de ello. Las mismas, también es cierto, permitieron la intervención mediadora del Estado.
Esta etapa de integración puede decirse que toca a su fin en 1951, cuando se produce una crisis social seguida de un aumento inflacionario y de la conflictividad social. Entre 1951 y 1952 medidas de fuerza en la industria azucarera, bancarios y ferroviarios dan cuenta del deterioro del salario real de los trabajadores y la tensión entre los sindicatos y el gobierno. Aun así, la crisis no tuvo impacto en las elecciones legislativas de 1954 donde el peronismo obtuvo más del 64% de los votos.
El año 1955 sindicará el inicio de una tercera etapa de nuestro análisis. Por un lado, se lleva adelante el Congreso de la Productividad y el Bienestar Social que implicó una ofensiva patronal contra los derechos obreros adquiridos a lo largo de dos décadas. Por otro, el golpe de Estado que se lleva a cabo entre el bombardeo a Plaza de Mayo el 16 de junio y el derrocamiento efectivo del gobierno democrático el 16 de septiembre.
Ambos eventos no pueden ser considerados por separado, ya que respondieron a la estrategia burguesa de reformar las condiciones de trabajo y de productividad al interior de las fábricas. El bombardeo y el golpe de Estado saldan en la práctica la contradicción irresoluble entre las patronales y los sindicatos que se daba en el ámbito democrático del Congreso de la Productividad.
A partir del golpe, la estrategia sindical ya no podrá expresarse en la esfera de la reivindicación social ya que por las condiciones coyunturales las mismas implican, de por sí, un corrimiento al ámbito de lo estrictamente político. Comienza la larga etapa de la Resistencia Peronista.
*Historiador.
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