Por Foro Economía y Trabajo
El gobierno de Javier Milei va por la privatización de una parte sustancial del capital de Nucleoeléctrica Argentina S.A. (NA-SA) y ello, en sus efectos, supondrá la cesión total de la operación de las centrales nucleares.
Esta decisión sigue otras anteriores de los gobiernos de Carlos Menem y Mauricio Macri, atentando contra las capacidades soberanas argentinas
En un contexto de cambio climático, la energía nuclear es imprescindible para un desarrollo energético más limpio.
Hoy las tres centrales nucleares existentes representan un 7% de la generación eléctrica en Argentina. Y, nuestro país, puede diseñar y construir centrales nucleares de 600 MW con tecnología de agua pesada y uranio natural, con capacidad para fabricar su combustible. Como se sabe la ciencia nuclear tiene numerosas aplicaciones médicas y hemos exportado varios reactores de producción de radioisótopos medicinales a distintos países del mundo.
Durante la última década del siglo pasado no pudieron privatizar su gestión, presumiblemente, por dos motivos. Primero pues el capital no quiere problemas e interpreta que la operación de centrales nucleares es demasiado problemática. Segundo porque el adjudicatario quedaba obligado a completar Atucha II, lo que resultaba en extremo complejo, salvo para la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) y sus expertos.
Pero esta vez la perspectiva es diferente. Durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner se completó la construcción de la central Atucha II con recursos técnicos y económicos propios, sin pedirle nada a nadie, funciona perfectamente, y cuando algo falla, se repara también sin pedirle nada a nadie.
Durante esta ofensiva feroz que actualmente sufrimos contra la economía, el trabajo y la producción argentinos, terminar con nuestra capacidad nuclear nacional, es un objetivo que festejan varias embajadas extranjeras, que prohíjan al gobierno de Milei e incluso podrían facilitar, al efecto, el acceso a alguna “contribución de emergencia”, aunque sea a fondo perdido.
Incluir capital privado, presumiblemente extranjero, en la composición accionaria de una empresa de las dimensiones e importancia de NA-SA, no es gratis. Las empresas mixtas en esas condiciones suelen terminar adoptando políticas más afines al beneficio económico inmediato de los accionistas privados que al interés nacional. Ambos intereses, en la mayoría de los casos, son antitéticos.
Por ejemplo, pueden cambiar el proveedor de combustible nuclear, un producto de ingeniería muy compleja que hoy en día se fabrica en Argentina, para someternos a un esquema de dumping que nos someta a la voluntad futura de un proveedor transnacional para alimentar nuestras centrales.
Por otro lado, NA-SA tiene una Gerencia de Proyectos Nucleares que permitió completar Atucha II, extender la vida útil de la Central Embalse y, ahora, encara la misma operación para Atucha I. La capacidad de sus experimentados trabajadores es estratégica para replicar centrales como la de Embalse, o para la evolución de los modelos CANDU .
En el esquema que se quiere imponer NA-SA será sólo una empresa de operación de centrales, pero no de ingeniería. Ya el gobierno de Macri redujo la mencionada gerencia hasta la inanición de la que se recuperó durante el período 2019-23. Avanzar en la cesión de su capital accionario supondría su disolución, pues esa es la tendencia de este gobierno para todas las dependencias o entes que desarrollan y aplican tecnologías complejas.
NA-SA debe ser una Empresa del Estado, con participación de sus trabajadores en su gestión acorde a la Constitución Nacional, para diseñar y fabricar partes esenciales de los reactores nucleares. Ello nos permitiría acceder a una participación, con trabajo argentino agregado, en el mercado mundial que en una primera estimación podría oscilar entre los 2000 y los 16.000 millones de dólares por año en promedio durante los próximos 25 años.
En este caso la defensa de la soberanía supone, también, la preservación de un beneficio económico para el país a mediano o largo plazo, además de un reaseguro para la calidad de vida de sus habitantes. Que no suceda con NA-SA lo que sucedió con IMPSA, empresa también estratégica para la soberanía nuclear que ya ha sido vendida a capitales estadounidenses.
En este y otros casos – como el de las centrales hidroeléctricas- el Congreso de la Nación ahora, como un próximo gobierno, deben desconocer y anular las licitaciones, así como todos los contratos que cedan soberanía nacional.
EN DEFENSA DE LA SOBERANÍA NUCLEAR ARGENTINA
FORO ECONOMIA Y TRABAJO
(*) Ricardo Aronskind, Gabriel Barceló, Noemí Brenta, Juan Pablo Costa, Norberto Crovetto, Marcelo Di Ciano, Marisa Duarte, Eduardo Dvorkin, Roberto Feletti, José M. Fumagalli, Américo García, Carlos Gutiérrez, Bernardo Lichinsky, Nicolás Malinovsky, Jorge Marchini, Juan Carlos Teso, Tomás Raffo, Andrés Repar, Felisa Miceli, Alejandro Rofman, Horacio Rovelli, José “Pepe” Sbatella, Nahuel Silva, Eduardo Berrozpe (coordinador) El foro está integrado por economistas y otros especialistas a propuesta de organizaciones sindicales de nuestro país, abierto a todas las instituciones que integran el Movimiento Sindical Argentino, así como a los aportes de organizaciones que agremian a las Pyme, cooperativas y a la economía popular. Sus documentos y definiciones corresponden a sus autores, que tienen nuestro agradecimiento, que se extiende a quienes consideran la propuesta de participar en la articulación de un programa económico con eje en el trabajo, la producción, la justicia social, la defensa de los recursos y la soberanía nacionales. foroeyt@gmail.com
Discusión acerca de esta noticia