Por Lucas Molinari
Terminó un mes de 31 días atravesado por una devaluación del 22% y con aumentos desmedidos en todos los rubros. “Hay que pasar el invierno” supo decir Álvaro Alsogaray, como ministro de Economía del gobierno de Frondizi, alineado con el Fondo Monetario Internacional y referente de la Ucedé.
El domingo pasado por la tarde, el ministro-candidato anunció por redes sociales una batería de medidas, que fueron definidas como un “paliativo” por gran parte de la dirigencia sindical.
La Mesa Chica de la CGT salió el mismo domingo a respaldar a Massa con un comunicado destacando que “fortalecen el salario de los trabajadores y trabajadoras” y que “permiten vislumbrar otro horizonte para nuestro país con más trabajo, más producción y más desarrollo”.
Mario “Paco” Manrique, de SMATA y candidato a diputado de Unión por la Patria, opinó en Gráfica: “Las medidas no son suficientemente profundas pero se van tomando a través de los acuerdos que se van realizando. A medidas que podamos ir fortaleciendo la economía, podemos dar más beneficios a aquellos que lo necesitan e ir manteniendo la producción activa”.
A su vez, Paco repuso el sentido común que todo dirigente gremial debería tener: “El mejor acuerdo de precios que podemos hacer es discutir rentabilidades. ¿Por qué un paquete de fideos sale mil pesos? Las empresas productoras de alimentos, de servicios, deberían presentar sus costos, analizar y determinar el valor de mercado”.
Para “Cachorro” Godoy de la CTA Autónoma “el gobierno está bien encaminado pero se queda a mitad de camino”. Argumentó que los anuncios no recomponen la pérdida de ingresos, pero que igualmente van a pelear para que los bonos se cobren. Sobre todo Godoy, desde ATE, se refirió a la situación de los trabajadores municipales, cuyos ingresos son los más bajos de la administración pública.
Lo cierto es que hasta hoy no podemos medir cuántos laburantes van a cobrar el bono. Veremos qué pasa en el sector privado, para las pequeñas empresas el gobierno anunció que se hará cargo de la llamada “suma fija”.
Para quienes son monotributistas el beneficio es mínimo, porque se elimina por seis meses el impuesto que para la categoría A, la más baja, es de 500 pesos.
Fernando Gómez, desde Infonativa, describió las medidas: “300 pesos por hijo, por día, en la Tarjeta Alimentar. 10.000 pesos por dos meses a los beneficiarios del Potenciar Trabajo. 37.000 pesos para los jubilados por dos meses, que en realidad son 10.000 pesos más el bono que ya se había anunciado antes de la devaluación. Suma fija de 30.000 pesos para trabajadores formales que cobren menos de 400.000 pesos neto, no remunerativa y absorbibles por la próxima paritaria. Y una invitación espantosa a endeudarse para saldar deudas”.
Esto último vale remarcarlo: Ante un endeudamiento social creciente por los bajos salarios, el Estado ofrece créditos a la mitad de la tasa de interés. Lo que constituye otro gran negocio para el sector financiero. Nos ofrecen “tomar deuda para pagar deuda”.
Y mientras tanto, se multiplica el “megafestival de Leliqs”.
Gómez hizo el siguiente cálculo: “Cada segundo los Bancos embolsan 800.000 pesos por intereses de Leliq y Pases Pasivos. El Estado le asegura 800.000 pesos por segundo, 48 millones de pesos por minuto, 2.880 millones de pesos por hora, 69.000 millones de pesos por día. En un día, con lo que se asegura rentabilidad en los Bancos, se paga más de 3 veces los dos meses de desembolso sobre el millón y medio de compatriotas que viven del Potenciar Trabajo. Por segundo, los Bancos se llevan el equivalente a seis jubilaciones mínimas con bonos”.
Es decir, que plata hay, pesos se emiten, pero el destino no está direccionado para el consumo popular. ¿Por qué? Lo hemos explicado en estas columnas: Porque el modelo económico impuesto con el macrismo y continuado con este gobierno es exportador.
Sin embargo, hay cierto convencimiento que la cosa puede estar mucho peor. Por eso se milita la boleta de Unión por la Patria para que haya balotaje.
Matías Velázquez, secretario adjunto del sindicato Federación Gráfica Bonaerense e integrante de la CGT Regional Oeste, exhortó: “Con mucha humildad pero también con mucha responsabilidad, a los militantes históricos, a los más veteranos, decirles que en honra a toda la historia de lucha que tiene la clase trabajadora y el peronismo, a los 18 años de resistencia, a los 30 mil compañeros detenidos-desaparecidos, a la pelea contra el neoliberalismo en los `90, a la pelea contra el macrismo, que pongamos la confianza en nuestro pueblo, que más allá del enojo con cierto sector dirigencial, confiemos en que nuestro pueblo va a pelear. Y para que nuestro pueblo pelee la estrategia tiene que ser la del peronismo conduciendo ese proceso. Así que hago un llamado a que participemos activamente de las elecciones de octubre y que participemos de la construcción de una nueva metodología política. Eso depende de que nos involucremos y participemos activamente. No va a haber cambio en la negación de los problemas, en el enojo desde afuera, si en la discusión desde adentro”.
Mientras tanto, hay sindicatos como SIPREBA, que salieron a volantear en las cabeceras de las estaciones de tren con un material propio “en defensa de los medios públicos” y otros gremios como Camioneros vienen desarrollando asambleas de base para conquistar el voto para Sergio Massa.
Pablo Moyano, co-secretario general de la CGT, volvió a levantar la voz: “Voy a ser el primero en estar en la calle contra la derecha. A uno le cuesta pensar como casi el 60% de los argentinos hayan elegido a la derecha en las PASO, pero es producto de la bronca y de algunas medidas con las que el gobierno no le ha podido llevar soluciones al bolsillo de los trabajadores”.
Le respondió, vía Twitter, la candidata presidencial Patricia Bullrich: “A MI NO ME AMENACE, MOYANO. Vos vas a ser el primer en ser detenido cuando violes la ley. Nosotros vamos a crear trabajo. No como ustedes, extorsionadores que conviven con 8 millones de trabajadores en negro y no les importa nada”.
En el Panorama anterior hemos reflexionado sobre cómo lograr una real ampliación de derechos para la clase trabajadora argentina. La humilde conclusión a la que llegamos es: recuperando soberanía. Un programa que no está representado en los candidatos a presidente. Pero, si el campo popular posterga estos debates ¿Cómo no entender el crecimiento de experiencias como “La Libertad Avanza”?
En lo económico, Milei propone la “dolarización” que, aunque parece impracticable por la complejidad del entramado productivo argentino, es un slogan que puede crecer en votos de cara a octubre. Bullrich, con Melconian, reafirman la “economía bimonetaria”, mientras Sergio Massa promete una “estabilización” a partir del crecimiento de las exportaciones.
Mientras tanto, los sindicatos continúan la discusión paritaria:
La Bancaria acordó esta semana, para el período enero-agosto un alza del 75%, pero si la inflación, cuando se conozcan los datos del INDEC, supera esa cifra quedó establecida un reajuste automático con los salarios de septiembre. El aumento alcanza a todas las remuneraciones y adicionales convencionales y no convencionales. Con este acuerdo, el salario bancario inicial quedó en $419.864,81 incluyendo la Participación en las Ganancias, una conquista que el gremio obtuvo en 2015. Las partes volverán a reunirse en la segunda quincena de septiembre. Asimismo el monto por el Día del Bancario que perciben en noviembre quedó actualizado en $361.000.
El Sindicato de Comercio acordó postergar la discusión para septiembre, con el compromiso del pago del bono que anunció el gobierno. La primera reacción de la CAME (Cámara de la Mediana Empresa) y la CAC (Cámara Argentina del Comercio) fue de rechazo a las medidas oficiales. Sin embargo, aceptaron su pago teniendo en cuenta que son montos “absorbibles por paritarias”. El último acuerdo trimestral alcanzado fue 7,5% de incremento por mes, para julio, agosto y septiembre, más un 4,5% de recupero del trimestre anterior.
En el caso de “prensa escrita” la cosa viene trabada. Para el próximo martes 5 de septiembre Sipreba anunció la realización de asambleas con cese de tareas y durante toda la semana que viene “quites de firmas”. El miércoles 6 volverán a reunirse en el Ministerio de Trabajo.
Entre las patronales, una que viene sumando el rechazo de sus laburantes, es la del Grupo Octubre, dueño de Página/12, entre otros medios.
La comisión interna del diario denunció en Twitter los bajos salarios y la política antisindical de la empresa que conduce Víctor Santa María: “Desde que el Grupo Octubre tomó el control del diario, en 2016, los salarios se deterioraron muy por encima del promedio de la economía. El básico de un redactor es de apenas $152 mil, $97 mil por debajo de la canasta básica total familiar que mide el Indec. (…) Pese a estar controlado por un sindicato, el Grupo Octubre no solo desconoce la representación de la Comisión Interna, sino que comenzó a otorgar mejoras sobre el piso de la paritaria solo a quienes se comprometen explícitamente a no parar. (…) Los ascensos en Página/12 también tienen como condición la no adhesión a medidas de fuerza. De hecho, muchas de esas promociones representan una mejora salarial escasa (un editor cobra unos $230 mil) y son impulsadas con el único objeto de debilitar a la Comisión Interna. (…) Al mismo tiempo, y para disimular el efecto de los paros, el diario se abastece con contenidos generados por otras usinas del Grupo Octubre, como Agencia GO, AM 750, IP, Canal 9 y suplementos como Buenos Aires/12, elaborados con personal fuera de convenio”.
Repasando otros temas que son agenda de Gráfica: Ley de alquileres. Esta semana expondrán en el Senado, organizaciones de “propietarios” e “inquilinos”. Veremos qué ocurre en la Cámara Alta porque cualquier modificación del proyecto de ley implicaría un nuevo debate en Diputados. El contexto es complejo: Se estima que 120 mil contratos vencen hasta fin de año. En el oficialismo conviven diferentes posturas, mientras en la oposición hay un acuerdo a favor de los propietarios.
Finalmente, mañana lunes será un día agitado en torno a la Legislatura Porteña. La diputada nacional Victoria Villarruel, candidata a vicepresidenta por “La Libertad Avanza”, y la legisladora porteña Lucía Montenegro, harán un “homenaje a las víctimas del terrorismo” en la Legislatura Porteña. En un intento de reinstalar el debate histórico sobre los años `70, Villaruel que tuvo activa participación en la defensa de los genocidas durante los juicios de lesa humanidad, irrumpe con una agenda que desconcertó a muchos referentes.
La reacción fue veloz y organizaciones sindicales, políticas y de derechos humanos convocaron para las 16:30hs frente a la legislatura. Veremos qué ocurre, porque se trata de un sector que está envalentonado y tiene base social.
Un escenario que les sirve para mostrarse como “lo disruptivo”, continuando con la acusación macrista del “curro de los Derechos Humanos”, en un contexto social complejo, atravesado por el hastío.
No olvidar que se cumplió un año del intento de magnicidio de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Que lo dejamos al final de este primer tramo porque no hubo una gran concentración. En Plaza Tribunales se realizó un acto de repudio a un Poder Judicial que, tras un año del hecho, sólo parece garantizar impunidad.
Finalmente, recordamos un fragmento de la reflexión del pensador nacional Carlos Avondoglio en aquel Panorama sindical del 4 de septiembre de 2022, en torno al discurso del gobierno nacional en la Plaza de Mayo del viernes 2, leído por la sindicalista y actriz Alelandra Darín:
“El odio no se va a aplacar con llamados a la razón. Los ciclos de odio se renuevan –y se van a seguir renovando- en tanto permanezcan incólumes sus bases materiales. Hay que raspar en la superficie de esos lenguajes y ver qué hay debajo. Hay que poder ligar aquellos discursos con el latifundio, por decirlo rápido. No se puede desplegar la bandera de la paz social a costa de enrollar las otras. ¿Esto significa una opción por la violencia? No. Hay que derrotarlos políticamente. La mejor defensa de Cristina es un programa de país que nos saque del pantano. Caso contrario, vamos a seguir implorándole cordura a los gerentes de la dependencia y a sus voceros, como si sus actos no fueran perfectamente racionales de acuerdo a sus intereses”
DESPIDO EN CRAVERI
“En el día de hoy 31 de agosto despiden a nuestro compañero Nelson Cordero del Laboratorio Craveri. Activista sindical y Militante del Sindicato de Trabajadores de Laboratorios. Este acto busca amedrentar a la militancia sindical de base y busca evitar el libre ejercicio de la libertad sindical”, informaron desde el SITRALAB, un nuevo sindicato que se presentó el sábado pasado con el acompañamiento de la CTA Autónoma.
“Creemos que lo vamos a poder revertir desde la acción directa por gran cohesión que hay dentro de Craveri”, comenta Horacio Wasserman, que explica que el nuevo sindicato tuvo su génesis desde la agrupación 22 de agosto que se enmarcaba en ATSA, conducido por Héctor Daer.
Juan Craveri viene desarrollando una política antisindical en su laboratorio. Hubo despidos durante el macrismo y hay cuatro expedientes que cursan en el Fuero Laboral.
En un caso el juez en primera instancia sentenció la reinstalación, por discriminación por cuestión de género y activismo sindical, y fue apelado por la empresa. En otro caso, se expidieron en contra de la reinstalación, fijando la indemnización actualizada por la tasa de justicia. Los otros dos están esperando la sentencia de la Cámara. En todos los casos, la comisión interna del laboratorio exige la reinstalación.
Todo indica que ante un cambio de gobierno patronales como Craveri van a redoblar la apuesta para eliminar la presencia sindical en sus empresas.
YAPA. MILEI CONTRA LOS SINDICATOS
Lucho Roa, abogado laboralista, hizo un texto para esta edición sobre la plataforma electoral de “La Libertad Avanza”, en lo que respecta al movimiento sindical:
En el apartado Reforma Laboral de su plataforma, surgen dos puntos explícitos que refieren a los sindicatos, ellos son: Promover la libertad de afiliación sindical y promover la limitación temporal de los mandatos sindicales. La supuesta promoción de la libertad de afiliación, ha sido la excusa utilizada sistemáticamente, para atropellar los derechos de nuestra clase obrera, tal el caso del Decreto 385/77 por el cual la Dictadura, en febrero de 1977, abrogó las cuotas solidarias y dio de baja las afiliaciones de todos los trabajadores en todos los sindicatos. De los trascendidos, los mecanismos de Milei serían otros, tendientes – de hecho – a obstaculizar la afiliación sindical: uno, eliminar la obligación a los empleadores de obrar como agentes de retención de la cuota sindical; y, dos, obstruir la negociación de las cuotas solidarias.
Ambas medidas van de la mano, y apuntan a esmerilar el poder de los gremios por la vía de la desfinanciación, tal como lo hizo la reforma brasileña de Temer en 2017. Esta debilidad a su vez, busca modificar la correlación de fuerzas entre capital y trabajo, y abre las puertas para una de las banderas históricas de la banda patronal: Eliminar la ultraactividad de los convenios colectivos de trabajo. La derogación de la ultraactividad reinstalada en pleno en el año 2004, crearía las condiciones para avanzar con una reforma laboral por goteo a través de los convenios colectivos, que puede implicar incluso, no modificar la ley de contrato de trabajo. Esta idea la han deslizado algunos laderos de Milei, tal caso del ex secretario de empleo de Macri, Miguel Punte.
El otro punto de la plataforma es la promoción de la limitación temporal de los mandatos sindicales, que tampoco reviste novedad y ya ha sido objeto de varios proyectos de Ley en el Congreso de la Nación. Retoma la idea de la dictadura, que en su regla estatal 22.105 llevó los mandatos sindicales a tres años, y seguramente adiciona en el menú, la cuestión de la reelección de los miembros de las comisiones directivas de los sindicatos. El segundo punto, es tal vez el más discutido, en tanto persigue indudablemente, el fin de evitar liderazgos gremiales consolidados, instalando la falsa idea que democracia sindical y alternancia son equivalentes.
Otro punto que no figura en la plataforma, pero que también han deslizado algunos referentes del espacio ultraderechista, se vincula con las obras sociales sindicales, pero sin dejar entrever una línea clara sobre el tema. El candidato ha dicho por una parte que quiere quitarle la gestión de las obras sociales a los sindicatos, tal como lo hizo la dictadura con la regla estatal 22.269. También ha dicho que, quiere que las obras sociales sindicales compitan con las prepagas, con lo que preanuncia una profundización del modelo desregulatorio de libre opción inaugurado en los noventa por Cavallo. Asimismo, del mismo espacio, han aparecido voces que, de la mano de la discusión en torno a los vouchers educativos, pretenden instalar un debate que se dió con la fracasada reforma laboral macrista del año 2017, cual es el de recrear la CUS (cobertura universal de salud, ver DNU 908/2016), diseñando un sistema público de salud – entre el cual estarían las obras sociales – que solo garantice una canasta de prestaciones médico asistenciales, fuera de las cuales se debiera acudir al sector privado para satisfacerlas.
Como corolario, cabría tener presente que el candidato se ha pronunciado en términos escatológicos proponiendo derogar el artículo 14 bis de la Constitución Nacional, que reconoce el derecho a la libertad sindical, a la negociación colectiva y a la huelga, que junto a la Justicia Social forman parte del programa no solo del Estado Social y Democrático de Derecho, sino del mismísimo Pacto Democrático que este año cumple cuatro décadas.
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