Por María Laura Morales
El Comité de Latinoamérica y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer (Cladem) que es una red de ONG internacional de organizaciones y activistas de mujeres, junto con el Observatorio Feminista de Tucumán, lanzaron la campaña “Listas sin violentos ni abusadores” en el marco de las próximas elecciones.
El objetivo es lograr empezar a discutir a nivel nacional a quiénes nos están proponiendo como candidatos para las próximas elecciones provinciales y nacionales en todos los partidos políticos.
Hace algunos días desde la red de concejalas peronistas de Entre Ríos se dio a conocer el pedido de desafiliación del partido al intendente de la localidad de Gilbert, Fabián Constantino, por estar condenado a 14 años y 6 meses de prisión efectiva por abuso sexual a tres trabajadoras.
Esta semana el Concejo Deliberante de Gilbert aprobó de forma unánime un proyecto que permite que Constantino continúe en su cargo, de licencia, pero sin cobrar el sueldo. Además, hasta que no tenga sentencia firme cumplirá con prisión preventiva y seguirá siendo intendente. El argumento que sostienen para tomar esta medida se basa en que la Ley de Municipios establece que se requiere una condena firme para poder excluirlo del cargo.
En diálogo con Radio Gráfica, Adriana Guerrero, coordinadora nacional de Cladem, contó que se dan situaciones similares en Tucumán y a esta altura de los acontecimientos podemos imaginar que en el resto del país deben suceder situaciones parecidas, solo que no se visibilizan.
Allí el caso más resonante es el de Ricardo Bussi, hijo del genocida, que es candidato desde hace muchos años y ahora está en alianza con Javier Milei y cuenta con una denuncia por abuso sexual contra una persona que integraba su partido político. Otro de los casos resonantes es el de José Orellana, actual intendente de Famaillá, que siendo diputado fue condenado por abuso sexual contra una de las empleadas de la cámara, pero está sin sentencia firme. “Al estar apelada la condena, como no hay sentencia firme no se puede impugnar la candidatura”, añadió Guerrero.
Las denuncias en el sistema judicial no avanzan, los abusadores o violadores continúan gozando de todos los derechos aún con condenas que son apeladas, con la posibilidad de continuar cometiendo delitos y presentándose como candidatos. Todavía pasa que cuando las mujeres denuncian abuso sexual la responsabilidad recae sobre nosotras, no sé investiga o se descree de la víctima. “Y fíjate cómo iba vestida”, “Está buscando plata o un puesto”, “Imposible, él es un gran padre de familia”, son algunas de las frases trilladas que se escuchan cuando se conocen las denuncias, si es que logran tomar trascendencia pública.
“En Tucumán hay casos públicos y conocidos de violentos y abusadores que son candidatos, nos parece importante visibilizar esto y empezar a accionar para que quienes nos proponen los partidos políticos como candidatos no sean personas que incumplen la ley y violentan nuestros derechos”, dijo Guerrero.
Desde la campaña invitan a firmar un compromiso de tolerancia cero a la violencia en todas sus formas, piden a los partidos políticos que no lleven esos candidatos en las listas y también a las personas integrantes de aquellos espacios se les pide que exijan que esas personas no puedan presentarse. Se requiere también a las compañeras y compañeros aliados e integrantes de cada espacio tener listas sin abusadores ni violadores. Es un compromiso ético de cada partido rever a quiénes llevan en sus listas, la violencia por motivos de género no reconoce banderas partidarias.
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