Se profundiza la persecución contra Camioneros

La Cámara de Apelaciones de San Nicolás definió confirmar las prisiones preventivas y revocar las domiciliarias otorgadas a Maximiliano Cabaleyro y Fernando Espíndola, dirigentes del Sindicato de Camioneros denunciados por encabezar una protesta contra despidos. Javier Moral, abogado defensor de los imputados, enumeró las irregularidades de la denuncia y apuntó que hay una intención de “criminalizar el derecho a huelga”.

Despidos, medida de fuerza y denuncia

En enero de 2021, la empresa Rey Distribución, que opera en San Nicolás y San Pedro, Provincia de Buenos Aires, “despidió a doce trabajadores, que se apersonaron en el Sindicato para que la representación gremial presente una medida cautelar para reincorporarlos. La empresa se niega y desconoce una orden judicial que ordenaba reincorporarlos, lo cual motivó que el gremio se hiciera presente en forma de protesta, con el derecho a huelga garantizado por la Constitución”. Así relató el comienzo del conflicto Javier Moral en comunicación con Radio Gráfica.

El letrado recordó que en ese momento “se produce una denuncia en contra de los representantes gremiales, diciendo que en el marco de la protesta habrían extorsionado a los dueños de la empresa y turbado la posesión, lo cual es absolutamente falso porque estaban protestando del lado de afuera”.

Consultado en el Panorama Sindical por Lucas Molinari, Mauricio Gugger, abogado defensor junto a Moral, describió semanas atrás que “la calificación es turbación en concurso real con extorsión. Extorsión en grado de tentativa. Turbación en concurso real con coacción agravado por la suscripción de documentos con efectos jurídicos. La pena que pide la fiscalía es de 20 años de cárcel”.

Asimismo, Gugger se mostró preocupado por la posibilidad de que el avance de esta causa pueda “cambiar el paradigma” de como se califica judicialmente a una medida de fuerza, que “deja de ser una protesta y pasa a ser un delito con el nombre que le quieras dar: turbación, amenazas, coacción, etcétera”.

La denuncia recae sobre Cabaleyro, secretario general de la sección San Nicolás de Camioneros y concejal del Frente de Todos, y Espíndola, dirigente del gremio en San Pedro. El denunciante es Gustavo Rey, dueño de la empresa, quien cuenta con el patrocinio de Florencia Arietto, abogada que lidera el “Movimiento Empresarial Anti Bloqueo“.

Irregularidades en el recorrido judicial

Ramón Parodi, juez subrogante de San Nicolás, había dictado la prisión preventiva en forma de domiciliaria contra Cabaleyro y Espíndola. Los camaristas Eduardo Alomar, Guillermo Martínez y Rubén Martínez ratificaron la preventiva pero dictaron que se debe cumplir en la cárcel.

En el marco de la investigación, se ordenó el allanamiento de la sede central del Sindicato de Camioneros, en la Ciudad de Buenos Aires y se amplió la denuncia contra los imputados. Posteriormente, la defensa pidió tener acceso a la causa y descubrieron pruebas que habían sido escondidas.

“Cuando allanaron la sede central del gremio, me hago presente en la fiscalía de San Nicolás y un empleado me muestra, creo que por error, un legajito, contenido dentro de cuatro cuerpos de expedientes que nunca habíamos visto antes, en el cual aparecen escuchas ilegales entre el abogado y los imputados”, recordó Moral.

Esta información fue recopilada por la defensa y enviada a la Comisión bicameral de fiscalización de organismos y actividades de inteligencia. Su presidente, el diputado Leopoldo Moreau, pidió entonces explicaciones a la jueza María Eugenia Maiztegui, quien pidió licencia por un pico de presión, lo que derivó en que Ramón Parodi tome la causa.

Según explicó Moral, “el mismo juez Parodi, cuando otorgó el arresto domiciliario, también resolvió que se debía investigar lo sucedido con el expediente, porque entendía que hubo irregularidades”.

Javier Moral, Hugo Moyano y Pablo Moyano en conferencia de prensa.

Represalias y condena mediática

“Cuando advertimos esta situación en conferencia de prensa con Hugo y Pabo Moyano, la respuesta judicial fue pedir la prisión preventiva de personas que estuvieron año y medio en total libertad” subrayó el abogado defensor de Cabaleyro y Espíndola.

El letrado analizó que la cobertura de los medios hegemónicos busca tergiversar los hechos y estigmatizar al sindicalismo. “Quien nomina, domina. Acá hablan de bloqueos en vez de reclamos. En vez de un reclamo judicial, hablan de extorsión. Siempre es el caso inverso. Los sindicalistas siempre tienen un principio de culpabilidad”.

En ese sentido, afirmó que esta causa es parte de “un plan sistemático para decir ‘cuidado con lo que vas a hacer porque lo que te espera la cárcel en caso de que luches por tus derechos’”.

“Quieren criminalizar el derecho a huelga. No vienen por Hugo y Pablo, vienen por el movimiento obrero y la quita de los derechos laborales” concluyó Javier Moral.