Por Bruno Ceschin, María Rizzo y Matías Strasorier
“A la Argentina no le faltan dólares, los dólares de la Argentina se los llevaron afuera. Necesitamos que el FMI nos ayude a recuperar de los paraísos fiscales miles y millones de dólares en evasión. Comprométase (dirigiéndose a Alberto Fernández) a que cada dólar que encuentre en el exterior se lo vamos a dar al Fondo, de los que se la llevaron sin pagar impuestos, se la fugaron. Que sea un punto de negociación”, decía Cristina Fernández de Kirchner el 10 de diciembre de 2021. En cada palabra, punto y coma, resulta una jugada maestra para resolver, quizás, el mayor de los problemas que la gestión de Mauricio Macri y Juntos por el Cambio le generó a la Argentina.
Este punto no es uno más, expresa el fondo de la disputa entre dos modelos de país que se contraponen desde hace 200 años en Argentina. El endeudamiento como política necesaria para someter y dominar al pueblo argentino, fue impulsado desde Rivadavia en cada gestión de gobierno de la oligarquía argentina. La Patria endeudada fue el modus operandi con el cual Inglaterra primero, Estados Unidos después, y finalmente el Capital Financiero Trasnacional, han logrado colonizar a los pueblos de Latinoamérica.
Durante la última dictadura cívico-militar, se instaló un proceso de valorización financiera, mediante el cual grupos económicos nacionales y trasnacionales tomaban deuda en dólares para colocar ese dinero en activos financieros locales (bonos argentinos), lo que le permitía apropiarse de un importante excedente debido al diferencial entre una alta tasa de interés local (o muy alta), respecto a la tasa internacional, lo que se denominó “bicicleta financiera”. Parte de estas ganancias extraordinarias se fugaron al exterior, bajo la protección que les brindó (y les brinda) el secreto bancario, bursátil y fiscal, instrumento que sostiene la banca privada en connivencia con el estado práctico (poder ejecutivo, judicial y legislativo), a pesar de los esfuerzos de gobiernos y líderes populares que bregaron por quitar ese privilegio a los “3 o 4 vivos”. El mismo modus operandi ejecutó el gobierno de la Alianza Cambiemos entre 2016 y 2019.
Según un informe realizado por el Centro de Investigación y Formación de la República Argentina (CIFRA-CTA de los Trabajadores), entre diciembre de 2015 y septiembre de 2019, la deuda pública en dólares fue de USD 103.808 millones, y la fuga de capitales alcanzó los USD 93.667 millones.
El economista Alfredo Zaiat explicó en AM750, que el Gobierno de Mauricio Macri “generó una enorme bicicleta financiera con las lebacs y cuando se recibió el crédito del FMI empezó a bajar ese negocio de las lebacs, que era en pesos”. El FMI le prestó USD 57.000 millones de los cuales llegaron USD 45.000 millones; a junio de 2018 se habían emitido USD 46.100 millones en Lebacs y se habían fugado USD 45.100 millones por capitales especulativos.
El economista Leandro Bona conceptualiza a la fuga de capitales como la “transferencia de excedentes de riqueza de países atrasados a las llamadas naciones centrales, o de colonias a colonialistas en otra etapa”. Detallando que “en la etapa colonial se producía la fuga de excedentes productivos de commodities explotados bajo alguna ventaja comparativa en las colonias”, ya sea “ampliando su competitividad y mejorando tiempos sociales de producción”. “En una etapa superior de transnacionalización productiva, esa transferencia de excedentes se produce a través de la extranjerización de la matriz productiva de la nación atrasada, mediante giro de utilidades a casas matrices, subfacturación de exportaciones y sobrefacturación de importaciones; ello, sin precios de referencia para el comercio exterior genera las condiciones óptimas para fugar excedentes (lo hizo el macrismo durante su gobierno)” (Documento de Trabajo N°24 del Área de Economía y Tecnología, FLACSO).
Analiza que el “conflicto con el campo por la Res. 125 en realidad fue un conflicto por la apropiación de excedentes fugables”. Denuncia “los 3 o 4 vivos” vinculados a la producción agroalimentaria que fugaron divisas entre 2008 y 2018: La familia Blaquier, dueños de LEDESMA S.A., USD 124.329.000 fugados; familia Carballo De Quintin, dueños de BUNGE, USD 27.524.151 fugados; familia Constantini, dueños de FRIGORIFICO RIOPLATENSE (SAICIF), USD 375.694 fugados; Louis Dreyfus Company (LDC ARGENTINA SA), USD 593.700.000 fugados; familia Pérez Companc, por MOLINOS RIO DE LA PLATA S.A., fugaron USD 533.300.000, y por TERMINALES RÍO DE LA PLATA S.A., fugaron USD 29.900.000; la familia Pagani, por ARCOR SAIC fugaron USD 50.100.000, y por BAGLEY, USD 50.400.000; la familia Urquía, dueña de AGD S.A.I.C.A., fugó USD 163.300.000; CARGILL S.A., con USD 213.100.000 fugados; la familia Alfredo Coto, dueña de SUPERMERCADOS COTO, con USD 100.200.000 fugados; el Grupo Moreno Hnos, dueños de OLEAGINOSAS MORERNO S.A.C.I.F.I.Y.A. (51% pertenece a GLENCORE desde el año 1997), con USD 30.100.000 fugados; Mastellone Hnos, dueños de LA SERENISIMA, con USD 17.943.251 fugados; la familia Nardelli, con la empresa VICENTIN SAIC fugaron USD 131.118.755; la familia Paladini, dueños de FRIGORÍFICOS PALADINI, con USD 15.000.000 fugados; la familia Navilli, dueña de CIA ARGENTINA DE GRANOS, con USD 22.000.000 fugados; y la familia Fravega, productores agropecuarios, con USD 7.000.000.
Estos “3 o 4 vivos”, vinculados a la producción agroalimentaria, son los que históricamente hacen del hambre un negocio. Se quedan con las riquezas que productores, empresarios agro PyMes, cooperativistas y trabajadores generan y la fugan. Poco importa que casi el 40% de los compatriotas estén en situación de pobreza.
En el Congreso de la Nación se debatirá cómo pagarle al FMI; los argentinos y argentinas sabremos quienes se la fugaron mientras se fundían PyMEs, desaparecían productores y a los trabajadores se le licuaba el salario. Si la dirigencia política, los funcionarios y los legisladores dan una muestra de madurez y coherencia para con la ciudadanía en su conjunto, habremos resuelto el enigma de quién paga la deuda ilegitima contraída con el FMI.
Sin embargo, quedará pendiente continuar la batalla contra el hambre. Uno de los caminos puede incluir la creación de un Fondo de Inversión y Desarrollo Productivo, con la repatriación de activos financieros fugados a costa del hambre, es decir, de grupos y familias empresarias del sector agroalimentario, un fondo para hacer los cambios estructurales que el proyecto nacional y popular necesita; una Empresa Nacional Agroalimentaria federal e inclusiva; invertir en flota marina mercante; inversión en tecnología agropecuaria de punta; desarrollo de la conectividad rural en todo el territorio nacional; transformar las materias primas en productos con agregado de valor; entre otras.
Direccionar los dólares que fugaron a costa de la desigualdad y el hambre de nuestros compatriotas para desarrollar una estructura productiva nacional, federal e inclusiva, que genere más producción y trabajo, es parte de las decisiones políticas que se necesitan, en el marco del gran objetivo de construir una Argentina Productiva y Sustentable.
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