Enrique Martínez: “Las organizaciones campesinas piden el acceso a la tierra”

El jueves 30 de septiembre el presidente de la Nación Alberto Fernández, junto a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, presentaron el proyecto de Ley de Régimen de Fomento al Desarrollo Agroindustrial Federal, Inclusivo, Sustentable y Exportador como resultado de un acuerdo con el Consejo Agroindustrial Argentino. El objetivo, según el anuncio del Jefe de Estado, será agregar valor a los productos agrarios, crear nuevos empleos y aumentar el ingreso de divisas de la Argentina derivado de la exportación de alimentos industrializados.

Enrique Martínez, ex presidente del Instituto Nacional de tecnología Industrial (INTI) y Coordinador del Instituto para la Producción Popular (IPP), analizó en Radio Gráfica la iniciativa en la que, en principio, no participan los sectores de la Economía Popular.

El ex presidente del INTI señaló que el proyecto “es un tema que debe preocupar”. “Me parece que la historia de estos últimos seis años, nos muestra que es necesario al interior de lo que llamamos el ‘campo popular’, avivar la polémica sobre la vigencia, el valor o la utilidad de lo que se conoce como ‘derrame inducido’, que es imaginar que si a las grandes empresas les va bien, eso va a a producir beneficios para el conjunto de la comunidad a través de lo que se genera de empleo primario y secundario y algunos beneficios complementarios, ayudados por la acción del Estado, que trata de trasladar los beneficios que las empresas consiguen al resto de la comunidad ”, explicó.

“Esa ha sido una lógica del 2002 al 2015. Tuvo su funcionamiento relativo. Pero después quedó claro que rápidamente las empresas hegemónicas, acompañadas por un sector financiero muy voraz, se llevan todo por delante”, recordó, y aseguró que “la comunidad necesita que haya planes específicos para promover a los que quedan de lado”.

Además, Martínez sostuvo que “si la mitad de la población trabajadora tiene las enormes dificultades que tiene”, no se puede imaginar que “la otra mitad vaya a generar riqueza y, con lo que le sobre, el resto pueda vivir”. Y continuó: “La ley que se está promoviendo tiene esas características, porque lo que busca es consolidar la presencia exportadora argentina, lo cual está muy bien. Pero no puede postergarse una mirada, una solución a la agricultura llevada adelante por pequeñas unidades. Y sobre todo, porque esas pequeñas unidades son las que abastecen o intentan abastecer a buena parte de la población argentina”.

“Es incongruente que estemos ‘festejando’ con la presencia de las máximas autoridades nacionales la presentación de ese proyecto de Ley y, simultáneamente, pase totalmente desapercibido un acampe frente al Congreso de la Nación de organizaciones productoras de hortalizas, que piden algo absolutamente modesto y elemental, que es un PROCREAR Agrario. El derecho de comprarse la tierra que trabajan”, subrayó.

A su vez, el coordinador del IPP consideró que el proyecto de Ley de Régimen de Fomento al Desarrollo Agroindustrial Federal, Inclusivo, Sustentable y Exportador “está dirigido a un sector de la producción, que es totalmente distinto de las necesidades que tiene la Unión de Trabajadores de la Tierra (UTT) o los campesinos dispersos por la República”.

“Estos campesinos con créditos y eximición de impuestos, que nunca llegan a tener que preocuparse por eximirlos porque nunca llegan a tener ganancias, no pueden llegar a desarrollar su actividad. Su preocupación es otra, que se le garantice el acceso a la tierra, que se le garantice la logística, la distribución, la cadena de frío. Una cantidad de cosas que no están en la ley, que para incorporarlas habría que hacer una segunda ley”, indicó.

Y remarcó: “Esencialmente hay que cambiar el foco y pensar en los pobres, no que los ricos van a salvar a los pobres, porque no es así. Esa es la síntesis elemental de la situación en la que estamos y la política tiene que entenderlo”.

Por otro lado, el Martínez habló la situación que atraviesan las comunidades originarias por la desposesión de sus tierras en los últimos años y afirmó que “se han dictado leyes” en favor de esas comunidades pero que “con eso no basta”. “Entregar la propiedad sin entregar capital de trabajo, los bienes para trabajar la tierra, la tecnología, la cadena de comercialización hace que los pueblos originarios estén casi obligados a darla en arriendo por valores absolutamente ridículos a los productores de cereales, que es lo que ha pasado en una parte de Chaco, Formosa o Salta”.