Panorama Sindical. Saqueo

Por Lucas Molinari y Leonardo Martín

“Miren cómo estaríamos los argentinos si hubiéramos tenido dirigentes que se aguantaran lo que hay que aguantar”, planteó Cristina Fernández en su declaración por la Causa Memorándum. Mostró un gráfico sobre el endeudamiento argentino, que pasó del 116% del PBI en 2001 al 37,4% en 2015, para volver a subir al 72,6% en 2019. “Miren lo que pasó en cuatro años…” señaló la Vicepresidenta.

“Es increíble, me duele tanto, ¿saben por qué? Tengo 68 años, fui presidenta dos veces, no me mueve nada más que dejarles un país a mis hijos y a mis nietos mucho mejor que el que recibió su abuelo en 2003. Esto es lo único que me mueve. Parece que no lo entienden, que se rigen por los diarios, no tienen pensamiento propio para analizar más profundamente“.

Un discurso que resalta por lo que representa Cristina y por la capacidad de plantear la cuestión geopolítica, que no suele estar en el debate de la dirigencia, que en general aborda sólo la “política de cabotaje” y responde a la agenda que instalan los medios del poder financiero.

“Nos habían declarado la guerra los buitres”, caracterizó CFK exponiendo sobre la Causa AMIA, que definió como un “teatro de operaciones de la política interna e internacional”.

Planteó entonces la clave, el entramado del coloniaje: “Timerman logró sacar por primera vez en la historia una legislación global de la ONU donde se establecía cómo se debía negociar la deuda soberana de los países. Fue lo que se aprovechó en la última reestructuración. Mientras hacíamos esas cosas, los fondos buitre hacían campaña con todo. ¿Con qué? Con el Memorándum con Irán“. Como muestra, expuso una solicitada publicada en Europa de la Task Force Argentina.

Y definió: “Todo está armado para denostarnos a nosotros y someternos al Fondo Monetario Internacional. Si no analizamos los que nos venden los medios de comunicación, nos va a ir muy mal. Si no tomamos conciencia de lo que pasó entre 2016 y 2019, nos va a ir muy mal. No puedo creer el montaje de esta mentira que es solo para mantener distraída a la gente y poder ganar elecciones”.

¿Un llamado de atención a la dirigencia? Después de esta “cadena nacional” ¿Cabe convocar a un gran debate popular sobre cómo resolver el problema de la deuda? ¿O quedará sólo en manos de “especialistas”?

Vale recordar que el “Acuerdo Buitre” fue el 16 de marzo del 2016. En la Cámara de Diputados votó el 64,5% a favor con 85 votos macristas, 33 del Frente Renovador y aliados, 27 del Partido Justicialista, entre otros. El 31 de marzo obtuvo sanción en Senadores con 54 votos a favor y 16 en contra. Quebraron “el candado” que había puesto el kirchnerismo derogando las leyes cerrojo y de pago soberano.

La Gráfica cubrió todo el debate que atravesó a la militancia que ese 24 de marzo de 2016 inundó las calles con el movimiento obrero al frente. Pero la fragmentación tras la derrota electoral fue caldo de cultivo para que en el “palacio” se construyeran los acuerdos de la dependencia.

Cabe reponer que en esa época muchos dirigentes sostenían la necesidad de la “gobernabilidad” que se interrumpió en diciembre del 2017. Allí el pueblo en las calles dio vuelta la historia, que lo reconoció el propio Macri en una entrevista este año al referir a las “14 toneladas de piedras”.

El desafío parece estar en la construcción de poder que desborde esta determinación buitre al saqueo colonial y nos ponga como Nación a la ofensiva.

Se trata de convocar al Pueblo a un gran debate de Proyecto de país y de región, en el cual el movimiento sindical y popular podría ser el carril organizativo adecuado.

ESLOGAN

“El pago a los buitres fue lo que quedó afuera de los canjes del 2004 y 2010”, recordó un abogado que investiga la deuda externa y agregó: “Si se naturalizan los fallos judiciales y se los escinde de la cuestión política y la dependencia, lo que se está haciendo es convalidar un sistema de expoliación como el que la Argentina pudo denunciar y poner en palabras en esa declaración en la ONU que hizo Timerman”. Este comentario fue realizado al escuchar primero a Cristina y después una entrevista en Radio Gráfica a quien hoy preside nuestro país, en 2017.

Alberto Fernández en ese entonces era jefe de campaña de Florencio Randazzo. Polemizó al aire ante el planteo de caracterizar como “Traición a la Patria” el “Acuerdo Buitre”. En ese entonces definió: “Ese es sólo un eslogan”.

RUMBO

Mercenarios colombianos asesinan al presidente de Haití, en Cuba “inéditas protestas” con una agitación en redes sociales direccionada desde Estados Unidos e Inglaterra, corrida del dólar en Argentina…

El Imperio y sus aliados locales en cada país mueven sus fichas.

“El dólar es un ícono para desestabilizar no solo en Argentina sino en el resto de América Latina”, explicó José “Pepe” Sbatella en Gráfica esta semana.

Sbatella estuvo al frente de la Unidad de Información Financiera durante el gobierno de Cristina, época en la que se avanzó en causas contra el “lavado”. “Íbamos en persona a allanar las cuevas en la City”, contó aunque reconoció que se fracasó sobre todo en la política de pesificación que encaró aquel gobierno.

Esta semana fue noticia el “dólar contado con liquidación”. “Conociendo los bueyes que tiran de ese carro, a mi entender, el parking tendría que ser por un mes, dos meses, que le inmovilice la compra a esta gente”, opinó Sbatella dejando en claro que falta más intervención del Estado (hoy el parking es de dos días nomás).

Es que las maniobras destituyentes existen, sobre todo en tiempos pre-electorales. “Falta una coordinación de poder de regulación del Estado con capacidad de daño para ese pequeño sector, que tiene que estar identificado, porque la pelea no es sólo instrumental sino de imagen pública de lo que está pasando. No puede ser que un núcleo muy pequeño de especuladores hackeen un gobierno cuando está controlada más o menos la situación”, remarcó.

A la vez agregó que “por más que el Gobierno no hizo grandes transgresiones, la derecha siguió atacando y deteriorando al Gobierno. Eso está dando un giro en la política oficial. Los conflictos se tienen que definir con más poder policía del Estado, más regulación en el esquema de los sectores económicos, sobre todo en los precios”.

Esta semana el INDEC dio cuenta de la inflación de junio que sumó un 3,2%, con picos en el rubro “Comunicación” del 7%.

Según Sbatella la confrontación de las Corporaciones obliga al gobierno a definir el rumbo geopolítico.

“Las medidas de largo plazo implican toda una nueva relación de regulación del sistema del conglomerado transnacional argentino. Ahí está el corazón del conflicto, y lo del dólar ayuda a esos sectores. El problema central es ese, que costó en la época de Néstor y Cristina y cuesta ahora, que es cómo generar una capacidad de acción que controle estos conglomerados. Creo que hay que usar la geopolítica global. No se puede andar con dudas de profundizar el acuerdo político estratégico con Rusia y con China”.

REDUCCIÓN DE LA JORNADA LABORAL – INGRESO BÁSICO UNIVERSAL

Entre los muchos debates en el mundo del trabajo que aceleró la pandemia, uno de ellos es el de la reducción de la jornada laboral, también la necesidad de avanzar con un Ingreso Básico Universal. Discusiones preexistentes que van tomando mayor cuerpo ante la evidencia de que en esta etapa de capitalismo financiero no hay empleo de calidad para una porción considerable de la humanidad ni ingresos que les permita salir de la pobreza o extrema pobreza a centenares de millones de personas en el planeta.

En Argentina la situación social es crítica, con un marcado deterioro desde 1975 en adelante, con un período reparador durante los gobiernos kirchneristas que no alcanzó a resolver el núcleo duro de pobreza ni informalidad pese al crecimiento económico.

La última medición del INDEC, correspondiente al primer trimestre del 2021, informó que existe un desempleo del 10,1%. Una cifra preocupante que lo es aún más al momento de poner la lupa en la calidad de ese empleo con un dato demoledor: hay casi 6 millones de personas que desarrollan tareas en el marco de la economía popular, 1,5 millones bajo relación de dependencia no registrados y 1,5 millones más de desempleados. Prácticamente la mitad de la fuerza laboral argentina no tiene un empleo con derechos plenos y parte de ella directamente no lo tiene. Como agravante, agudizado por el deterioro generalizado de los ingresos populares en el último lustro.

Una de las que opinó sobre la posibilidad de avanzar en una reducción de la jornada laboral  fue la ministra de Trabajo de la provincia de Buenos Aires, Mara Ruiz Malec: “Tenemos en Argentina una de las jornadas laborales más extensas en el mundo occidental y en el continente. Es de 48 horas semanales, lo que está considerado sobretrabajo. Ahí hay una posibilidad de comenzar a discutir, también en términos de otras cosas que estamos discutiendo como una mejor distribución de las tareas de cuidado que no son remuneradas, algún tipo de disminución de la jornada laboral. También en relación a los problemas de empleo y a que trabajar muchas horas no redunda en una mayor productividad”.

“La reducción de la jornada laboral es factible, habrá que ver hasta qué punto, eso puede surgir de un debate entre sindicatos, empresas y universidades que aporten evidencia empírica. Tenemos un punto de partida que nos permite discutir una reducción de la jornada laboral que sea beneficiosa para la productividad, para el empleo y otras cuestiones de nuestra vida que tiene que ver con el tiempo fuera de las horas de trabajo”, agregó.

También el reconocido abogado laboralista y ex diputado nacional, Héctor Recalde, en diálogo con Radio Gráfica recordó que él había presentado un proyecto siendo legislador en el año 2013. “Fue un proyecto moderado, proponía bajar la jornada laboral de las actuales 48 horas semanales a 45. Esa jornada de 48 horas semanales fue establecida en 1928”.

“Aprovechando la pandemia y la falta de trabajo creo que es el momento ideal para bajar esa jornada. Si se redujera solo una hora por día se estaría repartiendo trabajo en 900 mil personas. Incluso hay estudios que hablan de un incremento de la productividad, se bajan los accidentes de trabajo y hay un ambiente más feliz en los ámbitos laborales. Esto obviamente sin reducciones de ingresos pensando en que aumenta la productividad”, completó.

Actualmente hay dos proyectos presentados en el Congreso nacional que apuntan a la reducción de la jornada. Uno es de la dirigente bancaria y de la Corriente Federal de Trabajadores, Claudia Ormachea, en coautoría con el también bancario de Tucumán, Carlos Cisneros, que data de noviembre de 2020. El otro fue impulsado por el dirigente de la CTA de los Trabajadores, Hugo Yasky, presentado en septiembre de 2020.

En el caso de Ormachea plantea una jornada laboral no mayor de seis horas diarias y 36 semanales. Yasky propone reducir de las actuales 48 horas a 40 horas. Ambas propuestas, por ahora, sin avances en el trámite parlamentario.

 

¿Y EL INGRESO BÁSICO UNIVERSAL?

Decíamos, otro debate que no es nuevo, pero que salió a la superficie con mayor fuerza durante la pandemia. Se plantea garantizar un piso de ingresos a toda la población.

Argentina, con una economía dependiente, concentrada y extranjerizada, de desarrollo medio, tiene un alto grado de informalidad. Millones de personas que se generan ingresos como pueden.

Entrevistado en Radio Gráfica, el ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo, explicó su posición: “Argentina tiene que ir a un ingreso social de base. Es lo que dice la CEPAL, Naciones Unidas, lo están haciendo España, Alemania, Israel, entre otros. El tema es que ese ingreso universal genere ingresos para una parte importante de la población vinculado al trabajo. Es un debate que hay que darse”.

“También los países tienen distintas modalidades. Algunos empiezan por los jóvenes, otros por regiones. Hay debates sobre que características debe tener y luego el esquema fiscal y la progresividad para hacerlo por etapas. Para mí forman parte del debate de las políticas sociales que hay que dar en los próximos años”, indicó Arroyo.

“En Argentina tenemos como referencia lo que pasó con el IFE que alcanzó a 9 millones de personas, también con el Potenciar Trabajo (50% del salario mínimo) que llega a 1 millón de personas. 400 mil son menores de 29 años”, subrayó.

Por su lado, desde la UTEP, gremio que nuclea a las organizaciones de la economía popular salieron a respaldar  la implementación de un Salario Básico Universal y detallaron cómo se debería implementar desde el Estado

“El Salario Básico Universal es un derecho permanente garantizado por ley para los trabajadores y trabajadoras informales, trabajadores de la economía popular, trabajadoras de cuidados, población rural o estudiantes que no están laboralmente organizados en unidades de gestión ni tiene otro beneficio. Incluye monotributistas sociales, A y B; es compatible con la AUH y trabajos temporarios. Permitirá unificar varias políticas de ingreso que están dispersas, yuxtapuestas y son ineficientes“, puntualizaron en el comunicado, dejando en claro que no debe reemplazar al Salario Social Complementario.

“El Salario Básico Universal debe estar disponible para todo ciudadano de entre 18 y 65 años que no realicen tareas en las Unidades de Gestión del Programa Potenciar Trabajo ni tengan un ingreso laboral fijo registrado ni tenga un patrimonio y gastos abundantes. El Salario Básico Universal se percibe a través de la ANSES sin contraprestación laboral pero con certificación oficial de (1) tareas laborales por cuenta propia registradas en el RENATEP, (2) estudios primarios, secundarios, terciarios o de oficios con certificados oficiales, (3) tareas de cuidado o (4) actividades rurales“, completaron.

Desde la UTEP cuantificaron que la medida “requiere un aumento del 2,2% del gasto primario”, y repusieron la agenda de problemáticas de la economía popular que están también siendo parte del debate de proyecto de país, como “cargas impositivas excesivas para empresas pequeñas que contrasta con beneficios injustos para grandes corporaciones, falta de acceso a créditos y políticas de desendeudamiento que contrasta con la captación de créditos públicos multimillonarios por sectores concentrados, la ausencia de estrategias de mitigación de riesgos diversos que siempre lastiman más al sector productivo nacional, el escaso desarrollo de una red de transporte multimodal que garantice una logística adecuada para las economías regionales“.

Finalmente el comunicado de UTEP define: “La Argentina post-covid debe apostar fuertemente al desarrollo de las principales ramas de economía popular como las actividades ambientales y de reciclado social, la construcción e infraestructura urbana, las pequeñas manufacturas y los servicios sociocomunitarios priorizando a los niños, niñas y adolescentes, liberados y personas en proceso de recuperación de adicciones. Esto requiere que la política de economía popular no se limite a complementos salariales sino una fuerte inversión en infraestructura productiva, maquinarias, herramientas, materiales e insumos“.

Un debate que estamos siguiendo de cerca como medio. La situación de emergencia obliga a una respuesta rápida desde el Gobierno Nacional y es fundamental que haya seriedad en no hacer anuncios que no se convierten en realidad. Nos referimos al “nuevo IFE” que está latente hace meses y nunca llega. Luego, es central construir los ámbitos oficiales donde se profundice el eje: “Cómo generar trabajo de calidad”. Somos un país riquísimo en recursos naturales, el problema está en que no los controlamos. De allí que una pista en este debate puede ser: “Recuperar soberanía para generar trabajo”. La Causa del Río Paraná es un gran botón de muestra, que ampliaremos en la próxima edición de este Panorama.

 

DIPUSINDICALES, ¿QUÉ MANDATOS SE TERMINAN?

Estamos a apenas una semana que se definan la listas de los candidatos a diputados nacionales y provinciales, senadores nacionales en ocho provincias, y concejales municipales.

La definición del sindicalismo como “columna vertebral del peronismo”, al menos en la representación parlamentaria, no tendría una traducción al momento de revisar la composición del bloque del Frente de Todos donde de 119 integrantes once son dirigentes de extracción sindical. Bien lejos del también del tercio que se planteaba en la etapa del primer peronismo.

En diciembre de 2021 se vencen los mandatos de Vanesa Siley (Judiciales); Walter Correa (Trabajadores del Cuero); Hugo Yasky y Pablo Carro (CTA de los Trabajadores); Carlos Ortega (ANSES) y Patricia Mounier (Docentes Privados).

¿Se incrementará la cantidad de diputados de extracción sindical? A días del cierre de listas es difícil afirmarlo, más allá de las voluntades y expresiones de deseos de los protagonistas y dirigentes del mundo gremial.

Especialmente en debates recientes como la ley de Teletrabajo y en las modificaciones en el Impuesto a las Ganancias quedó en evidencia la importancia de que haya representantes del movimiento obrero en el Congreso. Dirigentes que puedan impulsar la agenda y aportar la mirada de los trabajadores en el debate legislativo.

Asimismo, en la Cámara de Senadores se perderá al único legislador de extracción sindical que es Daniel Lovera, dirigente mercantil pampeano que integra la Federación de Empleados de Comercio. Días atrás anunció mediante un comunicado que no buscará renovar su banca.

 

PUNTEO: PARITARIAS, CGT Y PARO DE SANIDAD

Fue convocado para el próximo viernes 23 de julio con la modalidad de 4 horas por turno. Está previsto para el día siguiente del vencimiento de la conciliación obligatoria dispuesta por el Ministerio de Trabajo. Reclaman un 45% de suba salarial, mientras que las prestadoras de salud privadas con Claudio Belocopitt a la cabeza afirman que no tiene los recursos para afrontarlo (y exigen al Estado que ponga la plata o que habilite subas de tarifas).

ESTATALES BONAERENSES: Axel Kicillof anunció que adelantarán el tramo del 8% previsto para agosto con los salarios de julio. “Este adelanto de la cuota paritaria tiene por objetivo cumplir con el compromiso del gobierno con los trabajadores y trabajadoras estatales de que su salario esté por encima de la inflación de este año“, indicó.

20 DE OCTUBRE, FECHA TENTATIVA PARA EL CONGRESO EN CGT: Por ahora son especulaciones, nada confirmado. La demorada renovación de autoridades podría producirse en esa fecha. Hay movimientos para lograr una unidad formal con diversos sectores, en los próximos meses se verá la capacidad de acuerdo entre los actores.

TRABAJADORES DEL CUERO:  Acordaron su paritaria 2021/2022 con un incremento salarial del 41,5% sumando un plus del 1% por año de antigüedad. La cláusula de revisión es en noviembre.

CONTROLADORES AÉREOS: El gremio ATEPSA cerró su paritaria con una suba de salarios del 45% (8% abril – 14% agosto – 10% octubre – 8% noviembre – 5% febrero 2020), un monto fijo de $5.000 a partir de octubre y dos bonos de $20.000.

DOCENTES PORTEÑOS: Acordaron el segundo tramo de la paritaria redondeando una suba del 44,5%. Sumarán un 8,8% en julio, un 5% en agosto, un 2% en septiembre, un 10,9% en octubre y otro 5% en noviembre. Cláusula de revisión en diciembre.

YAPA, MÁS PERONISMO MÁS DERECHOS

El Gobierno nacional anunció que firmará un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) para que las mujeres mayores a 60 años, que no hayan completado los 30 años de aporte, puedan sumar aportes por el cuidado de sus hijos. La medida permitirá que 155 mil mujeres en edad jubilatoria accedan al derecho. “Son estas cosas las que el peronismo genera, la acción y la decisión de reconocer un año de cuidado por cada hijo”, expresó la diputada nacional por el Frente de Todos, María Rosa Martínez, en Radio Gráfica. “Siempre recuerdo que Eva Perón, en el ‘47, decía que las mujeres tenían que tener un ingreso por matrimonio y un incremento por cada hijo, porque la promoción de derechos tenía que ver también con autonomía económica. Eso fue en el 47 y en el 2021 empezamos a transitar este camino de conquista”, remarcó.

El Programa Integral de Reconocimiento de Períodos de Servicios por Tareas de Cuidado reconocerá un año de servicios previsionales por hijo para mujeres y personas gestantes con hijos nacidos o adoptados siendo menores de edad, y dos para quienes hayan sido titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH). “Se incorpora algo que ha sido una demanda, de esos olvidos que no son casuales. Cuando hay un nacimiento y cuando hay un pedido de extensión de licencia sin goce de sueldo, no se computan aportes. En este caso, junto con el reconocimiento de años de aporte por cantidad de hijos, también se empieza a tomar en cuenta el pedido de excedencia con aportes”, destacó y calificó a la medida como “extraordinaria”. “Es una medida de mucho valor concreto hacia el reconocimiento de las tareas de cuidado”, agregó.

María Rosa Martínez: “Es una medida de reconocimiento hacia las tareas de cuidado”