Ricardo Soler es sociólogo, magíster en Estéticas Contemporáneas Latinoamericanas de la Universidad Nacional de Avellaneda y activista de organizaciones de derechos humanos en Bogotá. En un detallado reporte para Radio Gráfica, brindó definiciones que permiten comprender el actual escenario de crisis que vive el país.
“La Reforma Tributaria pretendía suplir el espacio fiscal que había dejado la pandemia, a partir del aumento de impuestos en las clases medias y populares, y tomando medidas completamente absurdas en este contexto de crisis económica, como gravar la canasta básica familiar, los servicios básicos como el agua y la energía, incluso impuestos para servicios funerarios”, explicó el activista, al tiempo que criticó la negativa del gobierno a incluir a las grandes fortunas en el plan tributario.
Si bien la persistente presencia en las calles de miles de colombianos, obligó al gobierno a dar marcha atrás con la iniciativa, e incluso a remover de su cargo al ministro de hacienda, Alberto Carrasquilla, el ejecutivo ya preparó otro borrador de propuestas tributarias. “Hasta el momento sólo ha tenido reuniones con sus partidos aliados y con el sector privado, pero ha imposibilitado el diálogo con los sectores sociales y los partidos de oposición”, señaló Soler.
El sociólogo también denunció que paralelamente, el gobierno de Duque, busca aprobar una reforma del sistema sanitario, “que profundiza las dinámicas de privatización en el sector de la salud y promueve la inversión de empresas transnacionales”. Y agregó: “Es preocupante porque reduce los derechos de las personas en una dinámica de mercado, en donde incluso se pretende aumentar el cobro a los pacientes por enfermedades de alto costo”.
Éste lunes, se dará el primer encuentro entre Iván Duque y el Comité Nacional del Paro, donde las organizaciones sociales y sindicales expondrán sus exigencias;
- Retiro de la Reforma de Salud.
- Presupuesto para una renta básica digna: los actuales subsidios no cubren siquiera el gasto mensual de transporte de un trabajador.
- Matrícula cero en las universidades públicas: para que el sistema de educación público superior termine con los rezagos de la privatización en el sector.
- Cumplimiento de los Acuerdos de Paz.
- Justicia por las víctimas asesinadas en el marco de las protestas –tanto las de estos últimos días, como las de 2019–.
- Detener el uso del glifosato para la radicación de cultivos ilícitos; ya está comprobado que el agente químico produce efectos nocivos en el medioambiente y en la salud, sobre todo de las personas que habitan ámbitos rurales.
- Prohibición del fracking; Iván Duque aprobó el uso de este método no convencional de extracción de petróleo en el país, pese a que también se ha comprobado que sus efectos son nocivos para la salud y el cuidado del medio ambiente.
Respecto de los Acuerdos de Paz, logrados en 2016, Soler expresó que el uribismo se encargó de sabotearlos: “hasta el día de hoy tenemos aproximadamente 970 líderes sociales o militantes de organizaciones, y alrededor de unos 280 ex combatientes de las FARC, que han asesinados, pese a firmar el acuerdo”. Y resaltó que la violencia de las fuerzas armadas estatales, ha sido históricamente ejercida sobre sectores rurales invisibilizados: “Por eso es que las actuales movilizaciones en las ciudades han permitido ver esta sistematicidad de la violencia, pero tal vez, de una forma mucho más masiva”.
“Hasta el día 5 de mayo, llevábamos 7 días de protestas y ya teníamos 37 personas asesinadas. Estos asesinatos han sido corroborados por las fuerzas del estado y han sido denunciados a nivel internacional. También, hay alrededor de 1700 denuncias confirmadas de violencia policial en todo el país”, señaló el militante. Además, denunció la utilización por parte del gobierno de “inhibidores de señal” y cortes de energía “en varios sectores de ciudades como Cali, Medellín y Pereira, para evitar la difusión en las redes sociales de la situación que se está viviendo”.
Por último, expresó su preocupación por el “interés del gobierno en declarar el estado de conmoción interior para que el presidente tenga facultades extra constitucionales y pueda darle un manejo militarizado a la protesta”, y llamó al “seguimiento y vigilancia de parte de organizaciones internacionales y locales de otros países”, en el conflicto colombiano.
- Reporte para Panorama Federal (lunes a viernes de 7 a 8hs)
- Redacción: Lucia Izaguirre y Leila Bitar
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