Se reunió el Consejo Directivo de la CGT en la tarde del martes en el edificio de la calle Azopardo. Tras ello difundieron un comunicado en donde advierten por “las restricciones presupuestarias en relación a los programas sociales, ayudas económicas a los sectores productivos y el apoyo al sostenimiento de los ingresos laborales”. También reclamaron que el Gobierno asuma el costo de la vacunación contra el Covid-19, dada la crítica situación financiera que atraviesan las obras sociales.
Día de advertencias y demandas en una relación entre Gobierno y CGT que no atraviesa el mejor momento. Así se podría resumir las conclusiones de la reunión de Consejo Directivo de la CGT de la cual salieron dos comunicados que ponen la lupa sobre la finalización de programas sociales de emergencia que surgieron para afrontar las consecuencias de la pandemia y con un mensaje sobre el estado de las obras sociales.
En medio de la discusión presupuestaria para el 2021 y con la visita del FMI con la cual el equipo económico negociará los 44 mil millones de dólares de deuda de herencia macrista, el Gobierno anunció que en diciembre se pagará el último Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) que ya será más acotado. El programa Asistencia al Trabajo y la Producción (ATP) también fue recortando beneficiarios con el correr de los meses, reconvirtiendo la ayuda que llegaba a pagar el 50% de los salarios en créditos.
“Hoy, con la pandemia en curso, con la economía empezando a moverse, con muchos sectores de actividad de la economía todavía impedido de funcionar y con las secuencias económicas y sociales a costa, no es posible desarmar el andamiaje social y económico construido con tanto esfuerzo y garantizar que el cambio de fórmula jubilatoria no perjudique a los beneficiarios del sistema previsional”, expresaron en el comunicado desde el Consejo Directivo.
En el mismo comunicado recordaron al Gobierno “haber acordado con los empresarios medidas extraordinarias” y negociar la “renovación de los convenios colectivos de trabajo en condiciones críticas y garantizamos la paz social en los momentos más difíciles”. La principal referencia es a los recortes salariales pactados en base al artículo 223 bis de la Ley de Contratos de Trabajo. El que más trascendió fue el firmado por la CGT con la UIA con un piso de 75% para aquellos trabajadores que no desempeñaban tareas a raíz de la pandemia.
Sumado a esos reclamos, desde la CGT también hicieron pública una nota al superintendente de Servicios de Salud, Eugenio Zanarini, donde en la superficie se plantea que la vacuna contra el Covid-19 sea gratuita y a cargo del Tesoro Nacional (algo que ya fue anunciado por los funcionarios), pero vuelve a poner el foco en los recursos de las obras sociales.
Allí busca advierte por la “actual situación económica del Sistema Nacional del Seguro de Salud”, indicando que el Fondo Solidario de Redistribución “en lo que va del 2020 se ha hecho cargo – con fondos propios- tanto de las prestaciones cubiertas a través del Sistema Unico de Reintegros, de la cobertura de discapacidad como también las vinculadas al Covid-19”, en un marco donde han caído los recursos de las obras sociales a raíz de la baja de aportes como consecuencia de la pandemia.
El comunicado se da en un contexto donde la relación Gobierno – CGT no atraviesa su mejor momento, a lo cual suma discrepancias internas. Las expectativas de una mayor participación en las decisiones de Gobierno y la discrepancia en medidas puntuales generaron ruido en la relación.
Incluso transcendió que Andrés Rodríguez, titular de UPCN, llegó a proponer un paro y movilización. El dirigente viene de firmar la paritaria de los empleados estatales con un incremento salarial del 7% para la Administración Nacional Pública que abarca el último trimestre del año sin mayores inconvenientes ni protestas…
Se verá la evolución de la relación, pero al menos como manifestación pública orgánica, hasta ahora es el punto más tirante de la CGT en su vínculo con el Gobierno nacional.
REDACCIÓN: Leonardo Martín
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