El dictamen para tratar el proyecto a las grandes fortunas en el recinto continúa en lista de espera. Hoy se reunió la Comisión de Hacienda y Presupuesto, pero surgieron nuevas modificaciones a la iniciativa. El titular de la Comisión, Carlos Heller (Frente de Todos) aclaró que la intención era continuar con el debate, realizar modificaciones en la redacción y dictaminar el próximo viernes.
El proyecto busca gravar con un impuesto extraordinario a las grandes fortunas, para afrontar gastos y reactivar la economía nacional tras la crisis que generó la pandemia de Covid-19. Según explicó Heller, a partir de un informe enviado por la titular de la AFIP, Mercedes Marcó del Pont, estimó que el universo de personas alcanzadas por el aporte solidario sería de 9.298 contribuyentes cuyo patrimonio supera los 200 millones de pesos. En tanto, el monto recaudado por el Estado sería de más de 307 mil millones de pesos. Según los datos de AFIP, la mitad de la recaudación recaería solo en 253 personas.
Posteriormente, el titular de la Comisión consideró algunas modificaciones al proyecto original. Entre los cambios, mencionó que se agregará el término “obligatorio” a la definición del aporte, se tendrá en cuenta la entrada en vigencia de la ley como fecha inicial del tributo y se incluirá a los residentes en el exterior por sus tenencias accionarias en empresas en el país.
Desde Juntos por el Cambio, previsiblemente, ya anunciaron que se opondrán a la sanción de la ley. Lo hicieron los diputados, también se expresaron en esa dirección las principales figuras nacionales del espacio en una reunión por Zoom realizada en forma paralela.
El diputado Alejandro Cacace (UCR) criticó que “el tributo no es coparticipable, cuando hoy la mayoría de los gastos en la lucha contra la pandemia lo llevan las provincias”. “Ya tenemos un impuesto existente a los bienes personales y este aporte está creándose de manera análoga”, agregó.
En el mismo sentido, Luis Pastori (UCR) pidió conocer la redacción final para analizar “la constitucionalidad” del texto.
En representación del PRO, la diputada Carmen Polledo coincidió en que “esto no es un aporte solidario, esto es un nuevo impuesto”. Además, dijo que “esta ley es una invitación para que distintas empresas se sigan yendo de la Argentina”.
Por su parte, desde el Frente de Todos, la diputada Fernanda Vallejos le habló a la oposición y preguntó: “Si se rechaza la posibilidad de que el 0,02% privilegiado contribuya solidariamente a morigerar la situación del resto de la sociedad, ¿cuáles son los intereses que se están defendiendo?”.
“Es indudable que se trata de un universo de personas privilegiadas en una Argentina donde más del 40% de la población habita por debajo de la línea de pobreza”, sostuvo Vallejos, titular de la Comisión de Finanzas, y añadió que este aporte “no le va a hacer ni una cosquilla” a las personas comprendidas.
La diputada Romina Del Plá, del Frente de Izquierda, recordó que su bloque presentó un proyecto “para que el sector realmente ponga en función de lo que tiene” y lo diferenció de la iniciativa del oficialismo, la que consideró como “un impuesto que aparece cada vez más devaluado”.
Sobre el final del encuentro, obtuvo dictamen el proyecto de ley que establece la prohibición de ayuda económica a empresas domiciliadas en paraísos fiscales o aquellas con probada evasión fiscal, de autoría del diputado Pablo Carro (Frente de Todos).
Prensa Cámara de Diputados.
Discusión acerca de esta noticia