Por Jordana Secondi*
En la Ciudad de Buenos Aires pretenden instalar la idea de que hay que volver a las escuelas, y solo en ese enunciado hay muchas cosas para despejar.
La primera aclaración necesaria es que no hay posibilidad de volver a las escuelas por una sencilla y contundente razón: nadie se fue. La segunda, en esta coyuntura la desigualdad se despliega en forma cada vez más profunda, más diversa y más amplia.
Añoramos con empecinamiento retomar las actividades presenciales en los edificios escolares, quienes creemos que el mejor y más profundo proceso de enseñanza y de aprendizaje se da en la cercanía y en la presencia de les otres, donde es posible comunicarnos de modos más complejos y completos. Y esto, claro, debe darse en condiciones seguras y cuidadosas.
La escuela también es una agencia de políticas de cuidado. La escuela sigue velando por la integridad de niñes y adolescentes, incluso por jóvenes y adultes. Pocas instituciones sociales tienen la capacidad y posibilidad de construir un capital de confianza tal que, incluso, en épocas de receso, de distanciamiento o de no presencialidad, sigue estando. Vaya paradoja.
Otra cuestión a despejar: un rato adentro de la escuela no es en sí misma una actividad pedagógica, porque ésta supone un intercambio, un desafío y una problematización, y ojalá, si se produce una resignificación, entonces habrá habido aprendizaje.
La sola propuesta de entrar a un edificio, por el solo hecho de que allí hay un dispositivo electrónico que tiene conexión a internet que permitirá recibir, realizar o entregar alguna tarea, no solo no es una actividad pedagógica, sino que es un hecho que devela una situación de profunda desigualdad y de desprotección estatal.
Permitir el uso de los edificios escolares como cybers, de alguna manera reconoce que, y sin lugar a dudas, pueden producirse experiencias pedagógicas más significativas en un entorno enriquecido de imagen, audio, textos, herramientas y recursos que lo que un muy buen material impreso. La pregunta obligada es porqué ese recurso es vedado para algunas comunidades, o cedido a cuentagotas.
Postular que una propuesta pedagógica entregada en un pendrive o en un cuadernillo impreso puede ser tan rica como la posibilidad de intercambios en tiempo real, es como proponer que, en la ciudad más rica del país, en pleno siglo XXI y sin pandemia, las clases sucedan a la sombra de una higuera y no en edificios equipados y con recursos.
Pero en este caso emergente, actual y mensurable, la desigualdad que produce el no tener requiere para ser subsanada solo voluntad política y algo de inversión en el distrito más rico de nuestro país.
Si se puede disponer de acceso libre a WiFi en las plazas o subtes, es fácil imaginar porque no se habilita su acceso para que estudiantes con dispositivos adecuados y en cantidad suficiente por familia puedan sostener encuentros pedagógicos junto a sus pares y sus docentes: desprecio explícito hacia alguna parte de la población y no asumir la deuda social insistentemente sostenida con esa parte de la ciudadanía, que lo es, aunque les cueste imaginársela como tal.
Y en todo este enredo no está de más traer a escena, una cuestión más de índole gremial pero íntimamente ligada: hasta las condiciones de trabajo de les docentes, que se suponen reguladas por las mismas normativas y retribuidas de iguales maneras se alteran frente a la desidia y a la negación sistemática de la gestión de la ciudad por ejecutar soluciones: son les docentes de las escuelas que trabajan con las comunidades más vulneradas en sus derechos, quienes multiplican esfuerzos, diversifican sus propuestas y desbordan sus límites contractuales, al asumir con sus cuerpos y sus producciones lo que el Estado no da, usan su oficio para trazar puentes que todes puedan transitar.
Sabemos que cuando esto sucede en función de las subjetividades, del respeto a la singularidad y el reconocimiento de las posibilidades personales, implica posibilitar el acceso al derecho social a la educación. Cuando es en función de auxiliar en respuesta desde el desamparo y de cubrir la falencia material, termina por tornarse en abuso del Estado sobre sus trabajadores, solo compensado por la satisfacción de la empatía y solidaridad de clase. Solo por eso.
Esta situación inédita e impensada, gestionada con la lógica del desprecio y la crueldad, solo produce más vulneración a lo históricamente vulnerado, más abandono a lo ya desamparado.
Y a esa lógica solo puede contraponérsele la construcción de respuestas de cuidado y amorosidad que el tejido social y organizado sabe producir. Nosotres ya sabemos qué se necesita para construir equidad en la continuidad pedagógica.
Lo indiscutible es que la escuela está siendo dónde se encuentra la comunidad educativa a construir conocimiento y acceso a derechos.
*Directora EEM 6 y de 5
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