Por Horacio Rovelli *
Una campaña sistemática y persistente contra el Estado y sus funciones, permite su desplazamiento como regulador (establece las leyes y normas) de la sociedad en general, y de la economía en particular. Esencialmente en la función de hacedor de la obra pública, de impulsor de la producción y de promover el bienestar general, y asegurar los beneficios de la libertad, para nosotros, para nuestra posteridad, y para todos los hombres del mundo que quieran habitar en el suelo argentino.
Para los que pregonan el retiro del Estado el ejemplo es la República Popular de Bangladesh, país ubicado en el sur de Asia, con 174 millones de habitantes, uno de los más densamente poblados del mundo, donde el gasto público significa solo el 7% del PIB[1], y es el segundo mayor exportador mundial de ropa.
Sin Estado, la informalidad laboral es del 84% de los trabajadores, que perciben salarios promedio mensual de 100 dólares. Allí, la morosidad del crédito es del 35% del total, los talleres y las personas se endeudan con bancos y prestamistas locales a tasas libres, pero no es el problema de las principales compañías textiles multinacionales que están instaladas en Bangladesh, ni de los grandes bancos extranjeros que están exclusivamente para financiar el comercio exterior, ni tampoco de Unocal Corporation y Chevron que extraen gas del país, que mayoritariamente se exporta (solo una minoría rica tiene red de gas).
En la Argentina pretenden hacer lo mismo. La actual administración nacional que para los años 2024 y 2025 readaptó la ley de presupuesto 27.701 del año 2023, con la premisa de priorizar el pago de los servicios de la deuda, acción que plasmó en el artículo 1ero. de la ley 27.798 de presupuesto nacional 2026 que afirma: “Establécese que el Presupuesto General de la Administración Nacional, al cierre del Ejercicio Fiscal 2026, deberá presentar una ejecución con resultado financiero equilibrado o superavitario”, con lo que obliga a todo el gasto primario (que es la función pública) a ajustarse con ese fin, llevando a cabo políticas de austeridad fiscal extremas, sin comprender el efecto multiplicador del gasto público, y que, profundiza la regresividad del sistema tributario, con consecuencias directas en una baja de la recaudación impositiva.
En lugar de fortalecer el sistema impositivo y cobrar a los sectores de manifiesta riqueza y renta, optan por financiar al Estado mediante el endeudamiento, una estrategia que tiene como objetivo declarado la reducción de la inflación, pero que en la práctica está transformando nocivamente la estructura económica y social del país y que, al capitalizar todos los meses los intereses que no puede pagar, generan una deuda pública cada vez mayor.
En diciembre de 2023 no existían títulos de deuda que capitalizaban intereses, que fueron creados por la conducción económica que, en 31 meses, significaron 88.820 millones de dólares (son títulos públicos en pesos que la Secretaría de Finanzas de la Nación imputa su contabilización en dólares) a razón de 2.865 millones de dólares por mes. Unos 34.380 millones de dólares por año. Y es la principal explicación del aumento en 114.049 millones de dólares de la deuda pública nacional en el período enero 2024- julio 2026, más allá de la ampliación neta del crédito del FMI en 17.129 millones de dólares, y de los demás organismos internacionales en 5.585 millones de dólares.
A su vez, la recaudación tributaria de la Administración Nacional en términos reales desciende mes a mes ante la caída del nivel de actividad (reflejado en los impuestos indirectos y en los ingresos previsionales), que se agrava ante la fuerte reducción de los derechos de exportación del este año 2026 (retenciones) que incluso, en este último caso, en los siete primeros meses del año 2026 comparados con igual lapso del 2025 la recaudación por retenciones es menor en términos nominales en un 20,3%.
Recaudación tributaria 2025 y primeros siete meses 2026
En primer lugar, es obvio que el IPC (Índice de Precio al Consumidor) del INDEC no refleja la realidad, nadie puede creer que en los primeros siete meses del año 2026 el índice haya crecido en forma acumulada en 19,3%, que en junio “Alimentos y Bebidas” se haya incrementado solamente 1,3% en el mes, y que en julio 2%, y que el IPC total mensual lo haga en 1,9% y en 2,1% respectivamente. Pero esa mentira le sirve para ajustar el gasto previsional (que significa el 43,4% del presupuesto público nacional), y demás erogaciones sociales que se ajustan por ese índice con dos meses de atraso, en desmedro de la capacidad adquisitiva de los mismos (efecto licuadora le llaman los ajustadores). Igual con la deuda en pesos ajustadas por inflación como es el caso de los BONCER por 103.949 millones de pesos a julio 2026, y los CuasiPar y Discount por CER[2].
Recursos totales del sector público nacional
Observando el total de recursos de todo el Sector Público Nacional (Administración Nacional más PAMI, Fondos Fiduciarios, y otros), se percibe la importancia de la recaudación de impuestos y los aportes a las Seguridad Social. En segundo lugar, las Rentas de la Propiedad generadas por las utilidades del BCRA (que en un proyecto de modificación de la Carta Orgánica del BCRA pretenden eliminar), y por los rendimientos del FGS de la ANSeS.
En los primeros siete meses del año 2026 en Ingresos de Capital se suman los 706.885.298 dólares por la concesión a 25 años de las cuatro represas del Comahue (Alicurá, Chocon, Piedra del Aguila, y Cerros Colorados), que en el presupuesto ejecutado se contabiliza en pesos.
Los ingresos totales del SPN (Sector Púbico Nacional) en los siete meses transcurridos del año 2026, contabilizando la concesión de las cuatro represas del Comahue, alcanzaron los $ 97.348.309,7 millones (+26,7% i.a.) porcentaje menor al IPC del INDEC (que dio 33,8% i.a), y muy menor a la verdadera realidad.
La disminución del ingreso del SPN obliga a realizar un ajuste mayor del gasto primario, máxime que por el mecanismo de que no se puede pagar ni tan siquiera la mitad de los intereses que la deuda pública devenga y demanda, que se capitalizan en las LECAP y BONCAP y en las renovaciones de los vencimientos de los distintos títulos de deuda, la deuda pública se incrementa sin límite, que la Secretaría de Finanzas disfraza y esconde con transferir deudas del Tesoro de la Nación al BCRA, como son los casos de los REPOS y los BOPREAL, y otros pases contables.
Gasto total acumulado siete meses 2026 – Sector público nacional
El total de las erogaciones ejecutadas base caja (esto es, se contabiliza solamente lo abonado y/o cancelado, no las obligaciones a pagar, por más que se hayan realizado en el ejercicio) en el acumulado de los siete primeros meses del año 2026 del SPN fue de $ 95.647.218,5 millones, sin contemplar los gastos figurativos, que son transferencias internas de fondos entre distintas jurisdicciones y entidades dentro del Sector Público Nacional.
El presupuesto de la Administración Nacional del año 2026 representa solo el 15,4% del PIB, cuando en, por ejemplo, el año 2010, fue del 25,2% del PIB (y era un PIB mayor que el actual).
La paralización de las obras públicas se evidencia que el Gasto de Capital total sobre el presupuesto es del 1,7% del presupuesto del Sector Público Nacional, cuando en el año 2010 fue del 13,49% del gasto total. Por ende, ni siquiera se hace el mantenimiento a las rutas nacionales y, se frenan partidas para obras en general y para vialidad provincial. Se realiza muy poco y en forma deficiente las obras hidráulicas, viviendas, y obras públicas en general, como lo demuestra que en un presupuesto que se reduce drásticamente, el Gasto de Capital decrece aún más.
El gasto previsional es ajustado por el IPC del INDEC con su efecto de licuación del poder adquisitivo de los haberes en términos reales. Sin embargo, ante un gasto público que se reduce sistemáticamente, significa el 43,4% del presupuesto.
El ajuste es también severo en los subsidios a la energía, en los salarios públicos (por reducción del personal y por licuación de salarios), y, en las transferencias a las provincias. En este último caso, en siete meses solo representó el 1,4% del presupuesto nacional, suma muy baja que corrobora la malversación de fondos y la administración fraudulenta al desviar partidas del Impuesto a los Combustibles con asignación específica a obras viales y a obras hídricas, para “rentas generales”.
Se han dado de baja pensiones por invalidez, se han desmantelado programas de salud contra todo tipo de enfermedades. Se desfinancia al Instituto Malbrán, a la ANMAT, a la Superintendencia de Servicios de Salud, se ha reducido y se reduce las partidas para los hospitales nacionales, se ha desfinanciado al PAMI y por falta de pago muchos prestadores dejaron de serlo.
Igual pasa en educación y en ciencia donde no se cumple con la ley de financiamiento universitario y se le quita funciones a la CONEA, al INTA, al INTI, al CONICET, al Servicio Meteorológico Nacional, al Servicio Geológico Minero Argentino (SEGEMAR) etc.
Lo de la CONEA, con el despido de 100 trabajadores y el abandono de Atucha II, para concedérsela a la empresa Meitner Energy de capitales iranies residente en EEUU tras el derrocamiento del Sha de Persia en enero de 1979, para desarrollar el reactor modular compacto de mediana potencia ACR-300 con capacidad para generar 300 MW que fue creado por el INVAP en 2024. Debe sumarse el desfinanciamiento del proyecto CAREM que consistía, justamente, en construir un reactor nuclear modular pequeño en Atucha II por la CONEA.
En el caso del INTA que en los últimos años perdió cerca de dos mil trabajadores mediante retiros voluntarios y jubilaciones, muchas agencias de extensión quedaron reducidas a su mínima expresión, programas destinados a la agricultura familiar y las economías regionales fueron desarticulados y finalmente el Gobierno avanzó con una reforma que modificó la estructura de conducción del organismo, profundizando un proceso de ajuste funcional a un modelo productivo extractivista y primarizante, porque principalmente exporta materia prima. Hace diez años atrás había 200.000 productores agropecuario en el país, y hoy 3 mil grandes empresas explican casi el 85% de la producción de soja, trigo y maíz, por ende, sobra un INTA que desarrolle economías regionales, valor agregado o muchas otras producciones que incluso hoy se están importando.
No se cumple con la ley de financiamiento universitario y el gasto en las misma representó en los primeros siete meses solo el 3,2% del gasto total del SPN.
No trepida en tasar por el BICE, y ceder en concesión las represas del Comahue y de vender la participación del Estado en Transener. Que el Directorio de YPFSA vende la participación en Metrogas SA, y pretenden concesionar el tren Belgrano Carga, etc. etc. para pagar los intereses de una deuda fraudulenta, que nunca se auditó.
El total de ingresos percibidos los primeros siete meses del año 2026 del SPN fue de $ 97.348.309,7 millones, por ende, el forzado superávit financiero fue de solamente de $ 1.701.091,2 millones (significa el 0,1% del PIB), superávit obtenido tras haber pagado intereses netos de la deuda en el período por $ 8.586.270,7 millones, (equivalente a 5.724,2 millones de dólares, el 0,9% del PIB y el 9% del total del gasto del SPN), capitalizando intereses en el período, solo en LECAP y NOCAP, por 7.917 millones de dólares.
En síntesis
El presidente Javier Milei cree que la función del Estado es pagar deuda (que no se investiga ni audita), y que crece por intereses y comisiones que benefician a los acreedores y a los funcionarios que determinan y acuerdan esos intereses y comisiones, y que todo lo debe determinar el capital privado.
Para ello, impulsa un proyecto de ley para implementar un sistema de shutdown (cierre o “apagón” del Estado). La medida busca frenar el déficit fiscal estableciendo que, una vez agotada la partida presupuestaria anual, se produce “el cierre del Estado” para cortar el gasto no indispensable según el Poder Ejecutivo considere, que es de hecho una delegación de facultad del Congreso de la Nación prohibido por el artículo 29 de la Constitución Nacional. Pero que Milei y sus funcionarios no respetan ni valoran.
(*) Licenciado en Economía por la Universidad de Buenos Aires. Profesor a cargo de la asignatura Política Económica de la Facultad de Ciencias Sociales (UBA), y de Instituciones Monetarias e Integración Financiera Regional en la Facultad de Ciencias Económicas (UBA).
[1] En el año 2025, el gasto público consolidado en Alemania es del 50,50% del PIB, en los EEUU del 37,34%, en Brasil del 45,54%, en la Argentina (Nación, provincias y municipios) de 28,41% del PIB
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