La Confederación de Educadores Argentinos (CEA) rechazó el presupuesto nacional presentado por el Poder Ejecutivo de la Nación días atrás en lo que respecta a recursos para educación. Denuncian que el gobierno avanza con recortes en diferentes aspectos y programas relacionados con lo educativo.
Su secretario General, Fabián Felman, afirmó: El Secretario General de la CEA, Cro. Fabián Felman ¨Esto demuestra una vez más la actitud del Poder Ejecutivo de atacar los derechos y conquistas del pueblo argentino, produciendo en este caso un desfinanciamiento a la educación pública”.
A ello sumó: “Exhortamos a las y los legisladoras y legisladores nacionales a rechazar este proyecto del Gobierno Nacional, defendiendo los verdaderos intereses de toda la sociedad¨.
Según detallaron desde la CEA, una de las cinco organizaciones sindicales docentes de representación nacional, que con este presupuesto se estarían derogando diversos artículos de leyes claves para el financiamiento de la educación pública.
Según detallaron:
- El Art. 9° de la Ley 26.206 de Educación Nacional responsable de garantizar el financiamiento del Sistema
- Educativo Nacional destinado a educación en el 6% del PIB.
- El Art. 52° de la Ley 26.058 de Educación Técnico Profesional ETP que crea el Fondo Nacional para la
Educación Técnico Profesional con el 0,2% de los Ingresos. - Los artículos 5, 6 y 7 de la Ley 27.614 de Financiamiento del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación que proyecta los incrementos progresivos para alcanzar en el año 2032 el 1% del PIB.
Milei presentó el presupuesto el pasado lunes 15 de septiembre en una cadena nacional con un debate que se está comenzando a dar lentamente en el Congreso. Vale recordar que en los últimos dos años no hubo presupuesto sancionado por lo cual fue prorrogado el que correspondía al año 2023, quedando desactualizado y con un grado alto discrecionalidad por la alta inflación.
En materia educativa la motosierra ya cortó diversas áreas presupuestarias. Una de las primeras medidas fue quitar el pago del Fondo de Incentivo Docente que giraba a las 24 jurisdicciones. Además de paralizar los recursos para obras de mantenimiento y construcción de edificios escolares y desfinanciar a todo el sistema universitario, de ciencia e investigación.
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