El vocero presidencial Manuel Adorni anunció que el Gobierno nacional avanzará con la privatización de la empresa AySA, que da servicio de agua potable y cloaca en la Ciudad de Buenos Aires y 26 municipios del Conurbano Bonaerense. Luego, el Poder Ejecutivo formalizó la apertura del proceso privatizador con el decreto 494/2025, que habilita la venta del 90% del capital accionario, actualmente en manos del Estado nacional.
La venta tendría dos etapas: primero, el desprendimiento del 51% de las acciones a un operador que controlará la empresa y el resto será ofrecido en bolsas y mercados del país. Diversas fuentes vienen mencionado a la empresa Mekorot, de origen israelí, con socios locales, como posible beneficiaria de la privatización.
Leonardo Fernández, docente investigador y director de la carrera de Ecología de la Universidad Nacional de General Sarmiento, dialogó con Radio Gráfica sobre el tema en donde advirtió que un derecho como el acceso al agua potable pasará a ser parte de la rentabilidad empresaria.
“Lo que fue Aguas Argentinas ya se privatizó en la década del noventa, pero a diferencia de esos años la situación ahora es peor. En esos años había discursos en cuanto a la necesidad de la eficiencia y de inversión que no se da en el contexto actual”, sostuvo Fernández.
“Ya fue reestatizada en 2006 expandiendo, desde esa época, su área de cobertura a la Ciudad de Buenos Aires y 26 municipios en un área de 14 millones de habitantes”, agregó.
“AySA logró expandirse y realizar obras estratégicas faraónicas como es el Sistema Riachuelo y la planta potabilizadora de Tigre que permite avanzar en las redes en los sectores más vulnerables para el segundo cordón de Conurbano”.
“Estamos ante un esquema privatizador asociado a la rentabilidad más que a un derecho humano como es el acceso al agua potable y el saneamiento. La empresa se va a desplegar solo por las áreas rentables y con el interrogante sobre la realización de obras estratégicas”, enfatizó.
“El Gobierno ya anunció que va a cortar servicios a quiénes entren en falta de pago en una empresa que tiene una tasa de morosidad muy baja, que va a permitir la actualización de las tarifas y aumentos atados a la inflación”, sumó en el análisis.
LA POSTURA DEL SINDICATO
El Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias, encabezado por José Luis Lingeri, difundió un comunicado sobre “el proceso de reorganización societaria de AySA” en un eufemismo para evitar hablar de privatización. “Es importante aclarar que no se trata de una privatización tradicional, sino de un proceso mixto que contempla un esquema de concesión”, argumentan.
Allí destacan: “En este nuevo escenario, se ha garantizado un aspecto central: el 10% del capital accionario de la empresa quedará en manos de los trabajadores y trabajadoras. Esto no solo representa un reconocimiento al compromiso de quienes sostenemos cotidianamente el funcionamiento de AySA, sino que también asegura nuestra participación activa en la nueva etapa que se abre. También es clave para preservar derechos, intervenir en los espacios de decisión y defender la calidad del servicio que prestamos”.
Un esquema similar al modo en que se dieron las privatizaciones en la década del noventa ofreciendo l sindicato del sector una participación accionaria. El resultado es conocido.
“Estamos siguiendo de cerca cada paso de este proceso y no vamos a permitir que se ponga en riesgo el futuro laboral de ningún compañero o compañera. Tampoco vamos a aceptar más ajustes de ningún tipo, y mucho menos si estos implican recortes en materia de personal o afectación de condiciones laborales”, expresaron. Esto sin aclarar que los despidos ya se han dado en diversas etapas desde que asumió Javier Milei.
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