Por María Laura Morales
El Juzgado Federal de Río Gallegos a cargo de Claudio Vázquez, dio lugar a una acción de amparo presentada por la Facultad Regional Santa Cruz de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN FRSC) contra el Estado Nacional, la Secretaría de Energía y ENARGAS.
Sebastián Puig, decano de esa regional, contó en el programa ¡HEU! (Hecho en la Universidad)* que en abril del 2024 recibieron y pagaron una boleta de gas con un importe de casi noventa mil pesos mientras que en mayo aproximadamente fue de un millón doscientos mil pesos. Por lo tanto, el tarifazo del gobierno nacional le significó 1200% de aumento en un servicio esencial para vivir en el sur del país.
Frente a esa situación que fue y es imposible de sostener para el sistema educativo en general, en un contexto de desfinanciamiento, sin presupuesto universitario por segundo año, la FRSC hizo una presentación ante la Justicia. Luego de algunas apelaciones, el viernes 13 de junio el juez dictaminó retrotraer los valores al cuadro tarifario 2024.
Puig, explicó que lo más interesante es que el juez dijo retrotraer hasta tanto el gobierno nacional haga un cuadro tarifario acorde a la universidad pública o tenga un presupuesto aprobado.
Semanas atrás el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), la Federación Universitaria Argentina (FUA), Conadu, Conadu Histórica, FEDUN, FAGDUT, FATUN, CTERA, UDA presentaron un proyecto de ley de Financiamiento del Sistema Universitario con el objetivo de garantizar la protección y el sostenimiento del financiamiento de las instituciones universitarias públicas en todo el territorio de la República Argentina.
El proyecto cuenta con aportes de distintos sectores, durante más de dos meses federaciones de estudiantes, docentes y nodocentes de todo el país elaboraron el documento que explicita las necesidades del sistema universitario y científico.
Los principales ejes fueron presentados en la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados de la Nación, donde estuvieron presentes más 30 rectores y rectoras de Universidades Públicas de todo el país. El texto consta de 12 artículos, el 5to refiere a los gastos de funcionamiento y señala: “Encomiéndese al Poder Ejecutivo Nacional garantizar anualmente el monto de los gastos de funcionamiento de las universidades públicas correspondientes a las actividades presupuestarias“.
El proyecto circula por redes sociales y grupos de WhatsApp buscando la mayor cantidad de firmas posibles. En las ocho carillas se encuentra una fundamentación detallada de lo que viene ocurriendo a partir de la gestión del gobierno de La Libertad Avanza. Señala la crítica situación salarial de docentes y nodocentes con un 70% de trabajadores percibiendo salarios por debajo de la línea de pobreza.
En este sentido advierten que el presupuesto asignado a las universidades para el 2025 representa solo el 50% de lo requerido para su funcionamiento, lo que ha llevado a una reducción de actividades planificadas.
El reciente fallo de la Justicia Federal reconoce la importancia del sistema educativo, no solo sienta un precedente para el resto de las instituciones sino que es un freno a la arbitrariedad de los tarifazos que están generando pérdidas invaluables para nuestro país: trabajadores y trabajadoras que se ven obligados a buscar nuevos destinos, proyectos e investigaciones que no pueden continuar, equipamientos que no tienen mantenimiento, instituciones que no pueden dar clases en determinados horarios para ahorrar energía, por solo dar algunos pocos ejemplos. Además en este caso particular es un reconocimiento a las condiciones climáticas de la Patagonia. Queda por ver si el gobierno nacional apela el fallo o acata lo sentenciado por la Justicia.
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