Por Emilia Trabucco
Hace exactamente diez años, el 3 de junio de 2015, irrumpíamos en las calles bajo una consigna que cambió profundamente la configuración del movimiento popular: Ni Una Menos. Diez años después, en un país arrasado por la crueldad planificada del régimen fascista de Javier Milei, los feminismos y transfeminismos populares volvemos a las calles en todo el país, bajo una consigna urgente: contra el hambre, el saqueo y la crueldad. Ni unx jubiladx menos.
Frente a un contexto signado por el avance del ajuste y la represión, el movimiento llamó a unir las demandas de los múltiples sectores que hoy se movilizan en defensa de sus derechos, con convocatoria el día 3 y 4 de junio. El 4J surge de la iniciativa de acompañar el reclamo de les jubilades frente al Congreso, que son reprimidos brutalmente cada miércoles por operativos policiales ejecutados por las fuerzas que conduce Patricia Bullrich. Con los días fueron plegándose trabajadorxs de Universidades, del CONICET, del Hospital Garrahan, inquilinxs, discapacitadxs, migrantes.
Paradójicamente, no deja de aparecer la pregunta —incluso desde nuestras propias filas— “¿dónde están las feministas?”. Lejos de las cámaras y los cargos de conducción, estamos sosteniendo los comedores populares; somos las que enseñamos en universidades públicas desfinanciadas, las que cuidamos a nuestres hijes con discapacidad sin prestaciones, las que curamos a niñes con cáncer en el hospital Garrahan.
Somos también quienes acompañamos a la mujer de Fernando Gómez, el bagallero asesinado por Gendarmería en Orán. Las que denunciamos y combatimos la expansión del narcotráfico en nuestros barrios populares, que gana terreno ante la ausencia del Estado. Somos las médicas, las cuidadoras, las trabajadoras de base, las militantes anónimas, las trabajadoras sexuales. Somos las que denunciamos el genocidio del pueblo palestino, frente al silencio de los gobiernos del mundo. Somos las que combatimos la lógica de endeudamiento de nuestros hogares, y la cultura de la finaciarización que vende espejitos de colores a nuestrxs jóvenxs bajo promesas de “ganar dinero sin trabajar”, exponiéndolos a adicciones, apuestas virtuales y un sinfín de padecimientos mentales. Un niñx o adolescente entre 10 a 19 años se suicida cada 20 horas en nuestro país.
El recrudecimiento de la crisis económica afecta en mayor medida a mujeres y diversidades sexuales, lo que se explica por las desigualdades estructurales de un sistema basado en el lucro que se reinventa, resistiéndose a morir. De la mano del régimen de La Libertad Avanza, el Estado deja de garantizar los derechos mínimos de las mayorías para ponerse exclusivamente a disposición de los grupos económicos concentrados que viven del saqueo y la especulación financiera. Según el CEPA, el primer cuatrimestre del 2024 cerró con un recorte del 36,2% real en jubilaciones, 22% en educación y más del 60% en partidas de discapacidad.
Las universidades públicas y el CONICET, enfrentan un ajuste sin precedentes: la inversión educativa cayó más del 70% interanual. La salud pública se desangra, con hospitales paralizados y obras sociales ahogadas por falta de transferencias. A esto se le suma la eliminación del Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable, que pone en riesgo el acceso a métodos anticonceptivos y a la IVE-ILE, a 20 años de la lucha por el Aborto Legal Seguro y Gratuito. Este gobierno no solo ajusta, sino que decide a quién deja vivir y a quién deja morir.
En este mismo país que se jacta de su amor por la “libertad”, una persona es víctima de femicidio, travesticidio o lesbicidio cada 31 horas. Según el observatorio “Ahora que sí nos ven”, se registraron 108 femicidios en lo que va del año, en un contexto político y social marcado por el ajuste estatal en políticas públicas de género. De forma perversa, los voceros del gobierno repiten que las estadísticas han disminuido desde la eliminación de prácticamente todos los mecanismos de atención y protección a víctimas; lo que en todo caso, expresa la vuelta del miedo a denunciar.
En este marco de precarización extrema, las violencias estructurales se agudizan, con un Estado que vulnera sistemáticamente los derechos conquistados. A ello se suman discursos negacionistas que naturalizan o banalizan estas violencias, lo que incrementa aún más los riesgos para nuestras vidas, resaltan desde el Observatorio, expresando crudamente que la violencia machista constituye un dispositivo de control y disciplinamiento.
Ante el avance de la reacción conservadora encarnada en las “nuevas derechas” en todo el mundo, cabe la pregunta sobre la causa de la incomodidad que genera el movimiento feminista y transfeminista en las propias organizaciones del campo popular. Hemos sido señaladas culpables (sí, de nuevo la culpa) por perder elecciones, por “pasarnos 20 pueblos” (expresión que significa que buscamos profundizar los procesos políticos a favor de las mayorías cuando “no era el momento”), por bajar la tasa de natalidad, entre otros fenómenos.
Quizás resulte más cómodo para la política tradicional ubicarnos como los chivos expiatorios, mientras las dirigencias se alejan de las demandas de sus representades, se cambian votos por dinero, siguen vetados los lugares de conducción y las candidaturas electorales para nosotres, las tareas de cuidados no remuneradas siguen siendo casi exclusivamente nuestra responsabilidad, y criar un hije hoy no es una decisión libre, si ello te confina directamente a vivir bajo el índice de pobreza o indigencia.
Quizás resulte incómoda la denuncia de los feminismos populares a los límites de las democracias liberales, secuestradas por lobbies judiciales, financieros y mediáticos. Una democracia vapuleada, donde no existe igualdad ante la ley si no hay justicia social, menos aún para las mujeres y diversidades. Hace décadas intentamos avanzar en la construcción de una verdadera democracia participativa y popular. Hoy la derecha reaccionaria encabezada por Milei cabalga sobre las deudas pendientes y las contradicciones del movimiento popular para avanzar aceleradamente en la destrucción de las garantías democráticas que conquistamos en décadas de lucha y organización.
A diez años del primer grito de Ni Una Menos, el movimiento feminista vuelve a las calles en un escenario profundamente distinto. La consigna “Nadie se salva solx”, tomada del imaginario del Eternauta, aparece no como un símbolo estético, sino como una necesidad política urgente. La imagen de cuerpos protegidos para resistir una amenaza invisible se resignifica hoy ante un modelo de exclusión y violencia que avanza sobre los fundamentos de lo común. El feminismo popular –en sus múltiples expresiones territoriales, sindicales, profesionales, comunitarias– ha sostenido históricamente una lógica de articulación entre luchas diversas, y ese acumulado se vuelve estratégico en un presente donde el retroceso de derechos no es solo económico, sino también cultural y civilizatorio.
No es casual que el feminismo popular sea el principal enemigo simbólico de esta nueva derecha, porque defendemos algo que este régimen odia: la idea de humanidad compartida, de bien común, de comunidad organizada. Esta identificación no es casual: responde al carácter profundamente transformador que ha tenido el movimiento en la denuncia de las estructuras de poder, de la desigualdad de género como base del orden capitalista, y en la construcción de redes comunitarias allí donde el Estado se retira o se vuelve represor.
La ofensiva contra los feminismos y transfeminismos populares se inscribe en una estrategia que busca desarticular toda forma de organización colectiva, especialmente aquellas que sostienen la vida en condiciones de crisis. En este marco, la vigencia de Ni Una Menos no se reduce a un aniversario: se actualiza como una clave de lectura del presente y como una invitación a pensar alianzas amplias frente a un régimen fascista que combina autoritarismo, despojo y deshumanización.
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