Presentaron en el Congreso Nacional un proyecto de ley de Financiamiento Universitario, que busca garantizar el funcionamiento de las universidades, la recomposición salarial para sus trabajadores y trabajadoras, el incremento en las becas y los fondos para ciencia y obras, entre otros puntos.
Los rectores y las rectoras del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y dirigentes de las organizaciones gremiales universitarias -docentes, no docentes y dirigentes estudiantiles- hicieron una defensa del proyecto en la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados. Paralelamente, en la Plaza de los Dos Congresos se realizó una radio abierta.
El proyecto fue tomado por los diputados Pablo Carro (UxP), Esteban Paulón (socialismo de Santa Fe), Danya Tavela (Democracia para Siempre) y Cristian Castillo (FITU).
ProyectoLeyFinanciamientoUniversitario
La iniciativa propone aumentar la inversión en la educación universitaria pública “sin crear nuevos impuestos ni comprometer el equilibrio fiscal”. Así lo argumentaron los diferentes espacios en defensa del proyecto.
La propuesta de ley busca alcanzar una inversión del 1,5 % del PBI en 2031 y la recuperación del poder adquisitivo de los docentes y no docentes, en base a la inflación acumulada desde diciembre de 2023. También propone la creación de un fondo especial para el desarrollo de carreras estratégicas para el país y un aumento de las becas para estudiantes.
“Hoy lo destinado a inversión en educación superior es el 0,45 % del PBI, cuando históricamente ha sido del 0,8 %”, explicó Oscar Alpa, presidente del CIN y rector de la Universidad Nacional de La Pampa, para visibilizar la crítica situación presupuestaria que atraviesan con el gobierno de Javier Milei.
En cuanto al presupuesto universitario, recordó que ante la falta de sanción del presupuesto nacional, aún se encuentra vigente el que corresponde al año 2023, tras dos años de altos niveles de inflación.
Por tales causas, el presupuesto asignado a las universidades para el año 2025 representa solo el 50 % de lo requerido para su funcionamiento, lo que ha llevado a una reducción significativa en las actividades académicas, de investigación y extensión.
“Y si vemos los datos de la recaudación tributaria del gobierno nacional, veremos que el Poder Ejecutivo Nacional sí tuvo los fondos suficientes como para mantener tanto los gastos operativos de las universidades, como los salarios docentes y no docentes en niveles que permitieran el normal funcionamiento de las instituciones de educación superior”, explicó el presidente del CIN.
Carlos De Feo, titular de CONADU, expresó en la radio abierta, tras la presentación realizada en el Congreso: “Es un gobierno nacional que en 18 meses ha demostrado que no habla, no escucha y está decidido a llevar a como de lugar su proyecto político que no solo destruye la universidad, destruye la Argentina. Es necesario estar en el Congreso y también en la calle”.
En el año 2024 fue presentado un proyecto de ley de similares características, que tuvo el posterior veto de Javier Milei. La Cámara de Diputados no logró su rechazo durante la sesión posterior, a pesar de las masivas marchas que se llevaron a cabo en defensa de las universidades públicas en todo el país.
Ante este complejo contexto y la posibilidad de un nuevo rechazo presidencial, el CIN, junto a los gremios docentes, no docentes y las organizaciones estudiantiles buscarán re editar la masiva marcha de abril de 2024 durante junio, en una fecha a confirmar.
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