Por un puñado de dólares

Por Horacio Rovelli *

Es obvio que el problema grave que enfrenta este desgobierno de Javier Milei, pese a que ingresaron 12.000 millones de dólares del FMI el martes 15 de abril 2025 y 1.300 millones de dólares unos días más tarde del Banco Mundial, es la falta de dólares para afrontar el pago de los intereses y la demostración de solvencia para refinanciar los vencimientos de capital de la deuda en lo que resta de la gestión.

Esto es, el capital más concentrado tiene objetivos claros, programas e instrumentos de lo que quieren hacer en el país, saben de la importancia de Vaca Muerta y las demás vetas hidrocarburíferas de la Argentina, el litio, los minerales raros, el cobre, el oro, la plata, etc. pero no saben cómo implementar el pago de la deuda (expandida por el carry trade) y un dólar que permita invertir en la producción.

El equipo de Caputo se ahoga en el presente y corto plazo por falta de dólares para cumplir con los pagos. El 9 de julio 2025 deben afrontar vencimientos de capital e interés por 4.500 millones de dólares con el FMI y los bonistas. Y en la ampliación del acuerdo con el FMI se acordó que las reservas internacionales del BCRA se incrementaban en 4.700 millones de dólares antes del 13 de junio 2025

Primero, en lo inmediato, utilizan hasta el cansancio la LECAP y NOCAP , letras y notas capitalizables que  abonan el interés al final, pero ese final es cada vez en menos tiempo, en la licitación del 14 de mayo las LECAPs  con vencimiento 30 de junio y  31 de julio de 2025  se llevaron la mayor parte de los fondos, prácticamente dos tercios del total de títulos colocados, demostrando claramente que en el mercado local confían que el Tesoro va a poder hacer frente a los pagos de vencimientos de junio y julio 2025, pero dudan después, tanto en las tasas y la inflación esperada (que infieren mayor), como en la cancelación de los vencimientos.

Entonces el equipo de economía de Luis Caputo, hábiles mesas dineristas con escuelas en el JP Morgan y en el Deutsche Bank, pero que desconocen el derecho de procedimiento y penal tributario argentino, y menos sobre el acuerdo firmado por la Argentina en el año 2.000 en el GAFI (Grupo de Acción Financiera Internacional), improvisan en una conferencia de prensa el jueves 22 de mayo de 2025, prometiendo que van a enviar al Congreso de la Nación las modificaciones necesarias a la ley penal tributaria y a la ley de procedimiento tributario para  “levantar los umbrales y disminuir los plazos de prescripción” y de esa manera se “blanqueen”  los dólares, que no pudieron hacerlo con la ley 27.743 de medidas fiscales paliativas y relevantes, que establece un régimen de regularización de obligaciones tributarias, aduaneras y de la seguridad social, permitiendo a los contribuyentes ponerse al día con sus deudas y obtener beneficios como la condonación de intereses y multas. E incluye un régimen de regularización de activos para la exteriorización de bienes en el exterior.

El actual titular de la ARCA (Agencia de Recaudación y Control Aduanero) el abogado Juan Alberto Pazo, en esa improvisada conferencia de prensa del 22 de mayo 2025 dijo textualmente:” Gastá lo que quieras, si querés comprate una casa. Si adherís a este régimen, nosotros no te vamos a mirar el pasado.” Él es un funcionario que debe velar por el cumplimiento de las leyes y mientras otra leyes no modifiquen las vigentes, se debe informar el origen de los fondos, por ende su proclama es eso, una proclama para que la Argentina sea un paraíso fiscal, una jurisdicción offshore, donde no importa si el capital proviene del narcotráfico, del contrabando, de la venta ilegal de armas, de la trata de blanca, de la fuga de capitales, etc. pero no es legal.

Luis Caputo sabe de esconder recursos porque antes de ingresar a la función pública, fue el administrador de Noctua Partners LLC, una gerenciadora de fondos de inversión de Miami con ramificaciones en Delaware y las Islas Caimán, dos jurisdicciones donde rigen el secreto y las ventajas fiscales.

Pero en la Argentina lo cierto es que la ley 11.683 de Procedimientos Fiscales, así como otras leyes tributarias que forman parte del régimen legal tributario, prevén a lo largo de su texto distintas presunciones legales (algunas de las cuales admiten prueba en contrario, y otras no) sobre el   “incremento patrimonial no justificado”, y de cómo el organismo fiscal puede valerse para llegar a realizar la estimación de la materia imponible (que su actual administrador no puede desconocer)

Es más, la ley 11.683 establece que cuando se tratare de ingresos de fondos provenientes de países de baja o nula tributación, cualquiera sea su naturaleza, concepto o tipo de operación de que se trate, se considerará que tales fondos constituyen “incremento patrimonial no justificado”, para el tomador o receptor local.

Por lo tanto, la proclama del equipo de Caputo que denominaron “Plan de reparación histórica de los ahorros de los argentinos”, vigente desde el 1 de junio 2025, es de dudosa legitimidad y queda reducido a:

1. Las administradoras de tarjetas de crédito no le informan más a ARCA sobre las compras que hace una persona usando ese medio de pago.
2. Cesa el llamado “Cruzamiento Informático de Transacciones Importantes”, un sistema de información implementado por la ex (AFIP), a través del cual los escribanos debían reportar mensualmente determinadas operaciones notariales.
3. Los concesionarios de autos usados no deberán reportar ninguna operación a ARCA.
4. Las administradoras de consorcios no deberán reportar más el pago de expensas a ARCA.
5. Los prestadores de servicios públicos y telefonía, no deberán reportar más a ARCA sobre los consumos relevantes de electricidad, agua, gas y telefonía.
6. Las entidades financieras no solicitarán las Declaraciones Juradas de impuestos nacionales.

Por lo tanto, su fin es limitar las misiones y funciones del organismo recaudador con el objetivo de que no se declaren operaciones cuyo ingreso de fondos son de origen incierto, acciones que de llevarse a cabo, permiten al menos que Juan Alberto Pazo sea denunciado por incumplimiento como funcionario público.

Pero como si esa autolimitación no fuera suficiente, y el “blanqueo” encubierto sea menor que el que requieren, el equipo de economía que dirige Luis Caputo prevé:

1. La emisión de un bono “peso linked”. Este título estaría nominado en pesos, pero se licitaría en dólares, lo que le permitiría al Estado captar moneda extranjera que se sumaría a las reservas del Banco Central (BCRA).
2. Un nuevo REPO (repurchase agreement” o “contrato de recompra”) por 2.000 millones de dólares.  Que, de concretarse, se suma al único acceso que tuvo este gobierno al crédito internacional que fue el REPO colocado en enero 2025, por 1.000 millones de dólares (dieron como garantía BOPREAL por 3.000 millones de dólares) a dos años y cuatro meses de plazo y a una tasa del 8,8% anual en esa divisa.
3. Para cancelar vencimientos de capital de títulos emitidos por entidades financieras locales a partir del 26 de mayo de 2025, los pagos deberán realizarse al menos 12 meses después de la emisión. De esta manera, el BCRA busca desalentar que los bancos tomen deuda de muy corto plazo en dólares.
4. Permitir a inversores no residentes suscribir títulos del Tesoro directamente con dólares, sin necesidad de liquidarlos previamente en el mercado oficial.
5. Establece que los títulos del Tesoro en moneda extranjera deberán tener una duración mínima promedio de 180 días para cumplir con los requisitos normativos. Este diseño busca dar previsibilidad al flujo de dólares captados a través de estos instrumentos.

Todo de dudosa legitimidad y violando normas de prevención del lavado de activos que será reclamado por los países miembros del GAFI.

El programa de gobierno

El capital más concentrado tiene objetivos claros, programas e instrumentos como, por ejemplo, la Ley 27.742 mal llamada de “Bases y punto de partida”, que fue realizada por grandes estudios jurídicos, contables e impositivos: Lisicki & Litvin; Bruchou & Funes de Rioja; Marval, O Farell &Mairal; KPMG; Price Waterhouse Coopers; Deloitte Argentina, que son a su vez los estudios que certifican y auditan los balances de las grandes empresas del país y liquidan sus impuestos.

Los recursos que tras la reforma constitucional de 1994 pertenecen a las provincias, las mismas han adherido a la ley 27.742 que contiene el RIGI (Régimen de Incentivo de Grandes Inversiones) y genera un modelo extractivista con enclaves económicos que se amparan bajo jurisdicción extranjera, sustrayéndolos de la justicia nacional. Se le confiere estabilidad fiscal por 30 años, a partir del quinto año podrán disponer libremente de todas las divisas que generen, sin obligación alguna de ingresarlas al país.  Sin el pago de retenciones o derechos de exportación desde el tercer año de iniciado el proyecto, y sin obligación de abastecer al mercado interno.

La libre disponibilidad de divisas provenientes de recursos naturales no renovables, es un acto criminal de administración fraudulenta. Dado que supone un vaciamiento del país, de su patrimonio minero y de hidrocarburos, sin obtener nada a cambio.  Los países que gozan de un alto bienestar, son los que han logrado acumular Fondos Soberanos de Inversión, para compensar esas extracciones de recursos no renovables, con una capitalización de ellos destinados a las próximas generaciones, como hace Noruega y los demás países escandinavos, por ejemplo.

Noruega, considerado el país más igualitario y con mayor calidad de vida del mundo, detenta un Fondo Soberano creado en 1990, en base a las exportaciones de petróleo y gas, con un activo de 1,62 billones de dólares que emplea en el desarrollo del país, en su educación y formación, en salud, y en desarrollo económico y social.

En la ley 27.742 se privatizan las empresas ENARSA, NUCLEOELECTRICA ARG., YCRT, AYSA, BELGRANO CARGA, SOFSE, CORREDORES VIALES, y así fue refrendado en la Ampliación del Acuerdo con el FMI, firmado por Luis Caputo y Santiago Bausili el 11 de abril de 2025, como máximas autoridades de economía del país.

La ley 27.742 implica también modificaciones a la ley de contrato de trabajo para precarizar las condiciones de empleo mediante una reforma que fragmenta cada vez más el trabajo, que es cada vez más inestable, como define la economista Ana Rameri, convierte a los trabajadores en “recolectores de ingresos” para la subsistencia.

También anula el sistema de indemnizaciones, incluso por Resolución CNV (Comisión Nacional de Valores) 1066/25 del 09/05/2025, crea los “Fondos de Cese Laboral” administrado por Fondos Comunes de Inversión o Fideicomisos Financieros, donde deja de cumplirse el artículo 245 de la Ley de Contrato de Trabajo. El trabajador ya no recibe una indemnización proporcional a su antigüedad, sino lo que haya acumulado el fondo. Si el fondo por a o por b pierde valor, el empleador no se hace cargo del mismo. El riesgo lo asume el trabajador despedido, la relación laboral, protegida históricamente por el derecho, ahora se convierte en una relación financiera. El trabajador deja de ser sujeto de derechos laborales para pasar a ser un titular de cuota partes.

En el marco de la ley 27.742 se introduce restricciones a las huelgas, apuntando a convalidar una alta tasa de desempleo que es funcional al modelo extractivista. Por eso el Gobierno nacional con la publicación del Decreto de Necesidad Urgencia 340/25 el 21 de mayo de 2025, limita el derecho constitucional a huelga por parte de las organizaciones sindicales, un intento que ya había hecho en el mega DNU 70/23 con un capítulo laboral que fue declarado inconstitucional en dos instancias judiciales y espera la resolución en la Corte Suprema de Justicia. En el marco de un DNU 340/25 en donde el Gobierno desregula el Régimen de la Marina Mercante, también introduce restricciones a la huelga declarando servicios esenciales y trascendentales que es prácticamente toda la actividad económica.

Para impulsar el modelo extactivista, se torna necesario sumar al freno cambiario por carry trade, facilitar aún más la competencia a los productos locales de nuestra industria, lo demuestra la importación textil, y con la medida de bajar los aranceles de importación de los productos electrónicos que anteriormente eran de un 16% y que serán eliminados progresivamente, alcanzando el 0% en enero de 2026. Esto último es enfrentado por los trabajadores de las fábricas de celulares, televisores y aires acondicionados que están sin actividad desde hace una semana, pero este miércoles 21 de mayo se sumaron el transporte y la educación, oponiéndose a los Decretos 333/2025 y 334/2025 del gobierno libertario, que buscan “desmantelar” el régimen de promoción industrial de Tierra del Fuego.

La Amcham

La voz rectora del plan de gobierno es la de la Cámara de Comercio de EEUU -Argentina “AmCham” a través de  su Presidente, Facundo Gómez Minujin (Presidente del JP Morgan de la Argentina), que reclaman un sistema impositivo que reduzca la tasa del impuesto a las ganancias a las empresas y que elimine el Impuesto a los Ingresos Brutos (principal fuente de recursos propio de las provincias), desfinanciando aún más a las administraciones sub nacionales (por la coparticipación de Ganancias y por la eliminación del IIBB) e incluso a la administración nacional.

Y proponen reducir el gasto salarial en un sistema similar al de Chile o Perú, que el gobierno de Milei se afronta a realizar.

También afirman que el 94% de las cargas se transportan en camión y que los costos logísticos representan cerca del 30% del valor exportado, el doble que en países como Chile o como Perú. En ese marco, piden más inversión en rutas, trenes, puertos, energía y conectividad a cargo del Estado (que, a su vez, desfinancian con la reducción de impuestos a las empresas), por ende, se realizarán como en Chile con el sistema de concesiones público -privado

Pero temen el lavado de dinero que este gobierno de Milei propicia para poder juntar dólares y pagar los intereses de la deuda que implica un porcentaje cada vez mayor del gasto público, por eso no ven con bueno ojos la maniobra de este gobierno de: a) No cumplir con la ley de lavado de activos y con el grupo GAFI; b) No permitir la aprobación de la llamada Ley de Ficha Limpia, y c) que se nombre jueces por decreto.

En síntesis

En una situación confusa y no exenta de contradicciones, el equipo de economía dirigido por Luis Caputo pretende seguir adelante en la hegemonía del capital financiero sobre el productivo y el trabajo. Los trabajadores de Tierra de Fuego enfrentan dignamente la reducción arancelaria, es hora que ese ejemplo sea tomado por todos los trabajadores en conjunto y por las centrales sindicales y llamar a un paro general ahora.  Mañana ya es tarde y el capital del narcotráfico va a financiar al candidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires, como lo hizo para que sea diputado.

(*) Licenciado en Economía por la Universidad de Buenos Aires. Profesor a cargo de la asignatura Política Económica de la Facultad de Ciencias Sociales (UBA), y de Instituciones Monetarias e Integración Financiera Regional en la Facultad de Ciencias Económicas (UBA).