Por Emilia Trabucco*
La reciente visita del almirante Alvin Holsey, jefe del Comando Sur de Estados Unidos a Argentina, consolidó el alineamiento subordinado del gobierno de Javier Milei y su política de defensa y seguridad a los intereses geoestratégicos de Washington. Detrás de los acuerdos firmados con el ministerio de Defensa y el Estado Mayor Conjunto, la presencia del Comando Sur expresa una agenda que no se limita a la “cooperación militar”, sino que avanza sobre la disputa global por los recursos estratégicos del sur del continente y el control geopolítico del Atlántico Sur, la Antártida y las rutas bioceánicas.
Holsey lo dijo con claridad en su presentación ante el Comité de Servicios Armados del Senado de Estados Unidos, el 14 de marzo: “La región posee una variedad de recursos estratégicos –como petróleo, litio, tierras raras y reservas de agua dulce– que son esenciales para el desarrollo tecnológico e industrial, especialmente en sectores como baterías, semiconductores y energías renovables”. Allí, Hosley dejó en claro que para el Comando Sur, Argentina interesa por tres grandes motivos: el litio, el 5G y las rutas marítimas.
Señaló además que China “utiliza inversiones económicas y tecnológicas para ampliar su influencia en la región”, lo cual representa una “amenaza a los intereses estadounidenses”. Reclamó financiamiento para desplegar una “estrategia audaz” que permita competir con la Franja y la Ruta de la Seda, lo que llevó a China a afirmarse en los últimos años como el mayor socio comercial de Sudamérica y el segundo más grande de Centroamérica y el Caribe. Estas son las verdaderas razones detrás de su visita a la Argentina, en continuidad con su antecesora, la generala Laura Richardson, que pisó suelo patagónico en abril de 2024.
En este marco, el país vuelve a posicionarse como un punto clave en la estrategia hemisférica del Pentágono. La instalación de una Base Naval Integrada en Ushuaia —promovida por el gobierno nacional bajo el pretexto de una “plataforma logística antártica”— forma parte de una arquitectura de defensa pensada no desde la soberanía regional, sino desde las prioridades estratégicas de la OTAN y del Comando Sur. Se trata de un enclave que permite controlar el acceso a la Antártida, la proyección sobre los espacios marítimos del Atlántico Sur y la eventual disputa por los recursos de la plataforma continental.
En paralelo, se mantiene la controversia por el radar británico instalado desde 2021 en Tolhuin, Tierra del Fuego. Mientras el gobierno argentino demora en desmontarlo, persisten las sospechas sobre su uso dual y su eventual integración a los sistemas de vigilancia de la OTAN. Hay rumores de que durante la reunión en Casa Rosada, Holsey le pidió a Milei que se ponga en funcionamiento “de manera inmediata” el radar en cuestión. El episodio no es aislado: se inscribe en una escalada de presencia extranjera en la región, que incluye ejercicios militares en el Atlántico Sur con participación de Reino Unido y otras potencias del norte global, en abierta contradicción con la reivindicación argentina sobre las Islas Malvinas y los tratados que promueven la zona como un espacio de paz.
La visita de Holsey no fue un hecho aislado, sino que se inscribe en una secuencia de gestos diplomáticos y presiones externas que revelan el lugar que ocupa hoy Argentina en el tablero estratégico para Estados Unidos. Días antes, estuvo en el país Scott Bessent, secretario del Tesoro norteamericano, prometiendo “préstamos a Argentina en caso de shock global”, quien además se convirtió en uno de los principales asesores geopolíticos de Trump, tras destituir a su consejero de Seguridad Nacional, Mike Waltz el 2 de mayo.
Pocos días después, la directora del Fondo Monetario Internacional, Kristalina Georgieva, elogió el programa de ajuste del gobierno argentino, instando explícitamente a los y las argentinas a votar por La Libertad Avanza en las próximas elecciones. La profundización del alineamiento geopolítico, financiero y militar aparece así como parte de una misma arquitectura de subordinación que condiciona el presente y el futuro de la soberanía argentina.
El recorrido del Comando Sur también coincidió con la creciente militarización del territorio. A los acuerdos bilaterales con fuerzas especiales —como el firmado para el período 2026-2030— se suma el despliegue de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad interior, especialmente en zonas de frontera. La participación de unidades militares en operativos conjuntos en el norte argentino, bajo el pretexto de combatir el narcotráfico y el contrabando, no solo viola los marcos normativos que separan defensa de seguridad, sino que ha generado alarma incluso en gobiernos aliados. Paraguay, mediante canales diplomáticos, manifestó su preocupación por el ingreso de tropas argentinas armadas en zonas de frontera sin coordinación previa.
Esta militarización no está exenta de consecuencias, ni para las propias Fuerzas Armadas. La reciente muerte del teniente Ignacio Olivera, un oficial del Ejército, durante ejercicios de entrenamiento en la Base Naval Puerto Belgrano, Buenos Aires, se suma a las graves lesiones sufridas por Brisa Paéz, oficial de la Armada, durante entrenamientos “antidisturbios” en menos de 15 días, y expone el riesgo de utilizar a las Fuerzas Armadas en funciones para las cuales no están capacitadas ni equipadas.
Esta política no sólo pone en riesgo la vida del personal militar, sino que además compromete su responsabilidad legal: serán ellos quienes deban responder ante la justicia por eventuales abusos o excesos, mientras los responsables políticos siguen gozando de impunidad. Ya se conoció -y fue afirmado por el propio ministro de Defensa, Petri- que las Fuerzas Armadas pueden detener civiles, hecho que despertó las alarmas y el repudio por constituir una grave violación de todas las garantías constitucionales de los y las ciudadanas, ante la habilitación de las Fuerzas Armadas para la represión y disciplinamiento.
La tensión es evidente. Mientras se debilitan las capacidades autónomas de defensa y se desfinancia el sistema científico-tecnológico, se refuerzan los vínculos militares con una potencia extranjera que persigue objetivos imperiales en la región. El Comando Sur no disimula su interés en el litio, las rutas bioceánicas y el control de infraestructura clave para el comercio global. En nombre de la seguridad hemisférica, se redibuja el mapa del poder en Latinoamérica, desplazando la autodeterminación por la dependencia estratégica.
Lejos de cualquier relato de “cooperación” para la “seguridad regional”, esta dinámica refleja el lugar asignado a la Argentina en la arquitectura geopolítica actual: proveedor de recursos críticos, enclave militar de monitoreo y barrera de contención frente a la creciente presencia china en el continente. En un momento de crisis global del capitalismo y reconfiguración del orden mundial, la disputa por los bienes comunes del sur no se libra sólo en los mercados, sino también en el terreno militar.
La soberanía no se declama: se construye con decisiones políticas. Mientras los acuerdos militares se firman a espaldas de la ciudadanía, la militarización avanza, los recursos estratégicos se comprometen y las Fuerzas Armadas son utilizadas como fuerza de choque contra su propio pueblo.
* Psicóloga, Magíster en Seguridad. Analista de la Agencia NODAL y del Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE) en Argentina. Directora del Área de Universidad, Género y Trabajo del IEC-CONADU
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