El Gobierno nacional, tras una investigación periodística, tuvo que reconocer la existencia de 5.000 toneladas de alimentos sin entregar a comedores en un contexto de un vertiginoso incremento de la pobreza y la indigencia.
También, ocurre en un marco de un ataque abierto sobre los organizaciones sociales: no entregan alimentos en medio de la emergencia alimentaria, discontinuan o vacian programas sociales o aplican el protocolo “antipiquetes” sobre el sector más postergado.
En diálogo con Radio Gráfica, Johanna Duarte, secretaria Adjunta de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP) expresó sin tapujos: “Es una política criminal la que lleva adelante el Gobierno”.
“No hay respuesta del Estado al reclamo de los comedores, quieren instalar que no existen por lo que un escribano certificó que sí. Atravesamos una emergencia alimentaria insostenible y guardan los alimentos con la única intención de fomentar el hambre y disciplinar al pueblo argentino. Es una situación muy grave, hacen un ajuste con el hambre del pueblo argentino”, agregó.
“Si existen comedores es porque hay una situación de crisis alimentaria. El comedor cumple un rol que debería cumplir el Estado. No es un problema de las organizaciones ni intermediarios, es una decisión de este gobierno”, puntualizó.
“Hay cinco millones de personas que no tienen un plato de comida garantizado en Argentina, hay una criminalidad en esa decisión del Gobierno. Hay una situación de emergencia económica y alimentaria”, enfatizó.
Este lunes se conoció la sentencia del juez federal Sebastián Casanello, que exigió al Ministerio de Capital Humano que encabeza Sandra Pettovello que haga entrega de los alimentos a partir de una denuncia que había presentado Juan Grabois.
“Nosotros no pedimos que pase por nosostros o nuestras organizaciones, ahora, esto inevitablemente termina mal porque no hay manera de sostener esta situación”, dijo Duarte.
“El Gobierno fomenta el odio para implementar su plan económico, para ello necesita que no existan más las organizaciones sociales ni los sindicatos. Y, en segundo lugar, como está planteado en la Ley Bases un blanqueo de capitales, necesita desarticular las redes comunitarias en el territorio para que avance el esquema narco“, advirtió.
“Desde la UTEP estamos en estado de alerta y movilizacion, vamos a seguir reclamando y cuando se trate la ley Bases vamos a movilizarnos”, cerró Duarte.
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