Por Fernando Muñoz *
El congreso convocó para el 23 a una sesión para tratar la reforma de la ley de alquileres.
Hay una agenda dura, ultraliberal, que plantea o derogar o reformar la ley. Eso pone en riesgo la unidad opositora para la próxima sesión, pero una u otra postura no deja de ser una agenda, una bandera, algo concreto.
La oposición discute abiertamente cómo se libera el cepo para que los tenedores de viviendas para alquilar puedan extraer más ganancia de los ingresos de los trabajadores que no tienen vivienda propia.
Del lado del oficialismo, en cambio, hay dudas, no se disputa, se propone un proyecto que salió forzado en el debate con nosotros y otras organizaciones en abril del 22.
El gobierno se quiere lavar las manos y prefiere que ni se hable del problema, o en todo caso que lo arregle cada provincia, que el conflicto que abarca a dos millones y medio de familias trabajadoras, se resuelva bien lejos de la Rosada.
Así ocurrió con la educación y la salud en tiempos de deuda externa menemista: provincializar la crisis, descentralizar las decisiones, descomprimir el conflicto nacional. Así nos fue, así nos va.
El gobierno no cree en el Estado regulador y equilibrador de injusticias. Entonces el Frente de Todos termina facilitando la sesión pero no va a dar quorum, es decir que una vez más va a quedar mal con todo el mundo.
Y hace unos días quedó demostrado que no se puede estar bien con todo el mundo, es como insistir en ese discurso vacío, inútil, de decir “la ley de alquileres no favoreció ni a los propietarios ni a los inquilinos”, “que decidan las provincias qué hacer con los alquileres”, estupideces para evitar el conflicto.
En concreto, hay dos proyectos aprobados el año pasado en la comisión de Legislación General que presidía Cecilia Moreau:
- El oficialismo mantiene los 3 años de plazo mínimo para alquilar y que los aumentos se hagan únicamente una vez cada 12 meses.
- La oposición coincidió en reducir el plazo mínimo a 2 años y permitir el rentista pueda aumentar los alquileres cada 3 meses.
En lo que coinciden ambos proyectos es en los beneficios impositivos para los tenedores de viviendas vacías, cuando éstas se alquilan.
Porque el Congreso discute la renta y la oferta de vivienda. La demanda para alquilar, el derecho a acceder a un techo digno para vivir y para dormir, es un problema de los trabajadores, ¿qué puede hacer la política?
La idea es que nos vamos a beneficiar los inquilinos si el Congreso le asegura una mejor renta a los propietarios, que no paguen impuestos, que decidan los plazos de los contratos. Vamos a vivir cada vez peor, pero vamos a vivir…
La ley de alquileres vigente es la más avanzada en la región. El negocio de la construcción y el alquiler de vivienda está extendido en todos los centros urbanos de Latinoamérica y del mundo.
Y nosotros, a pesar de los problemas que tenemos en vivienda alquilada, somos una referencia legislativa para todos los movimientos sociales de la región, preocupados por el acceso a la vivienda por alquiler.
Hay una avanzada mundial para liberar los negocios de la vivienda, lo que se denomina “libre contratación”, que el rentista o inversor decida cuándo alquilar, a quién, a qué precio, con qué moneda y por cuánto tiempo.
Y el mercado inmobiliario en la Argentina no quiere quedar atrás. Desregular, encarecer y luego legislar el desalojo es el camino para garantizar seguridad jurídica a los inversores.
Del lado inquilino, hemos discutido y decidido en asambleas convocadas por Inquilinos Agrupados tres acciones:
1- Movilización al Congreso Nacional el día 23/8
2- Presentar a la presidenta de la cámara de diputados (Cecilia Moreau) y presidentes de bloques de pedido de abstención en la votación de aquellos diputados/as que tengan conflictos de intereses por ser rentistas (tener propiedades en alquiler).
3- Publicar una solicitada firmada por secretarios generales de sindicatos exigiendo que no se modifique la ley de alquileres por el perjuicio que puede tener sobre los salarios de los trabajadores y trabajadoras.
La discusión es clara y simple, se trata del precio del alquiler. Nos quieren someter a la idea que solo pagando más caro habrá viviendas, sino las siguen teniendo vacías, “retiran oferta”, como dice el mercado inmobiliario.
El gobierno no sabe cuántas viviendas están alquiladas, desconoce el precio que pagamos los que estamos con contrato vigente, no hace cumplir la legislación, y como en los 90 le quiere patear la responsabilidad a las provincias.
Pero lo que sí conoce, porque está publicado en los censos nacionales, es que desde 1991 la Argentina duplicó la cantidad de viviendas construidas (de 8.500.000 a 17.700.000), y la población creció apenas un 50% (30.800.000 a 46 millones).
Ocurre en todo el país: no hay manera de tapar las viviendas vacías, porque viviendas sobran.
Los hogares inquilinos, en cambio, crecieron de 1.000.000 en 2001 a 1.800.000 en 2010 y cerca de 2.500.000 actualmente.
Paradójicamente, y a pesar de la experiencia popular kirchnerista, el mercado es mucho más fuerte que en los 90 y la política es mucho más débil que en la primera ola liberal menemista.
El 15 de junio de 1989, plena transición hacia el gobierno menemista, salida a las corridas de Alfonsin, el Congreso votó una ley por la que redujo la indexación de los alquileres un 50%, es decir que si en los próximos cuatro meses tenías aumento de tu alquiler, te lo reducías a la mitad. Y para los profesionales y comercios, se reducían 25%.
Es decir que si quieren bajar los alquileres, los bajan por ley y punto. En ese tiempo, el Estado compensó esa diferencia con un impuesto sobre los plazos fijos para constituir un fondo y devolverle lo perdido a los propietarios a través de las sucursales del Banco Nación.
Fue una buena ocasión para demostrar lo que estoy pensando mientras lo escribo: ¿acaso los rentistas se presentaron con sus títulos de propiedad y sus contratos, a reclamar el dinero de la renta compensatoria? No, respondieron con menos oferta de vivienda.
La discusión sigue siendo la misma, el gobierno ¿tiene que hacer lo que dicen los medios de comunicación? ¿tiene que obedecer a las cámaras propietarias? ¿O se la tiene que jugar por los trabajadores que alquilan vivienda?
Ese fue el problema del 13 de agosto. Ojalá el 23 tenga otra actitud y muestre otro camino, otra decisión hacia las elecciones de octubre.
(*) Militante de Inquilinos Agrupados. Columnista de Punto de Partida.
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