Por María Laura Morales*
A pesar de las manifestaciones en rechazo y con una Legislatura vallada, aprobaron la ley antiprotesta, el registro de obstructores de lazos familiares y consiguieron media sanción para las consejerías “antiderechos” en hospitales. Es por todo esto que el jueves 6 de junio, organizaciones de Derechos Humanos y distintas agrupaciones de los feminismos realizaron un abrazo simbólico a la Legislatura.
Días previos a la primera masiva manifestación de Jujuy, docentes autoconvocadxs de Salta habían realizado movilizaciones multitudinarias en reclamo de mejoras salariales que fueron violentamente reprimidas. Allí la policía también tiró a los ojos y hubo personas detenidas. La violencia institucional no es novedad, viene de arrastre, quizás hasta se podría decir que luego de las elecciones provinciales se recrudeció, aunque la periodista salteña Teresita Frías detalló a este medio que desde la pandemia de coronavirus el ex ministro de salud “daba orden para que tiren a la cara a la gente que salía a trabajar”.
A fines de junio, a raíz de la precarización laboral y el cansancio de la comunidad por las condiciones de vida, trabajadores de la salud hicieron un paro que contó con una adhesión del 70 por ciento. Tal como explicó la comunicadora de InfoSalta, el reclamo también era por el incumplimiento de acuerdos entre el gobierno con profesionales de la salud. “No hay un sistema propicio, faltan profesionales en parajes de la provincia, hay lugares que no cuentan con médicxs y no brindan una solución”, señaló Frías mientras que puntualizó en que sólo se piensa en la capital salteña cuando se hace referencia a las mejoras salariales y eso se deja afuera las condiciones edilicias en general, porque quienes viven allí no cuentan con atención sanitaria adecuada en sus localidades.
Hace algunas semanas, la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal Seguro y Gratuito de Salta, a través de un comunicado alertó sobre la media sanción que obtuvo un proyecto de Ley “antiderecho” presentado por la diputada Cristina Fiore, que es “explícita militante opositora al derecho al aborto, que ya es ley desde el 2020”. La norma crea consejerías integrales en los establecimientos de salud para que brinden “atención a la embarazada” y a “la persona por nacer”. Además indica la incorporación en estas consejerías a “representantes de Organizaciones no Gubernamentales y Asociaciones Civiles”. Este proyecto de ley que fue tratado con mucha rapidez ya obtuvo media sanción en diputadxs, y ahora resta el Senado. Por eso desde la Campaña están llevando información a cada integrante de la cámara alta. Esta ley que quieren aprobar en Salta ya se trató de implementar en la Ciudad de Buenos Aires meses atrás, cuando, luego de una reunión con “Mil Pastores”, el intendente Horacio Rodríguez Larreta, pre candidato a Presidente de la Nación, anunció la implementación de la cartelería (con información del 0800 “antiderechos”), que posteriormente fue quitada gracias al trabajo de organizaciones feministas y la Campaña por el Aborto Legal Seguro y Gratuito de CABA.
Diversas organizaciones, además de la Campaña en Salta, señalan el retroceso que significa que logren poner a ONG en hospitales y centros de salud para hacer consejerías a embarazadas. Sofía Fernández, integrante de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal Seguro y Gratuito de Salta remarcó que el abrazo simbólico a la legislatura también se hizo en rechazo al registro de obstructores de lazos familiares. Por su parte desde Madres Protectoras de Salta expresaron: “La creación de este registro vendría a amparar a estos abusadores y violentos que quieren revincularse con los niños/as”. En definitiva lo que buscan es criminalizar a la madre protectora haciendo en algunos casos uso del falso síndrome de alienación parental que ha sido desaprobado por carecer de evidencia científica por diversos organismos nacionales e internacionales.
Ante este contexto de avasallamiento y vulneración de los derechos de la ciudadanía en general, de mujeres, diversidades e infancias en particular, desde la Campaña reafirmaron el pedido de la efectiva separación de las iglesias y el Estado y que se desestime el proyecto de Ley que atenta contra las normas vigentes y contra la efectiva implementación de la Ley 27.610, que regula la interrupción voluntaria y legal del embarazo. Las organizaciones también exigen presupuesto para el fortalecimiento de los equipos de salud.
Con pesar, Fernández, expresó que en Salta las instituciones “no paran de hostigar a mujeres y disidencias sexuales. Ya sea en hospitales, en el Poder Judicial, en la Legislatura, en las calles, estamos en alerta máxima”. Además recordó que hubo trabajadoras de la educación presas por manifestarse y otras recibieron disparos en sus ojos. Al igual que en Jujuy, en Salta, luego de masivas manifestaciones algunos ítems de la norma que sanciona la protesta fueron modificados, pero de igual modo “todo está preparado para garantizar nuestra persecución, cualquier cosa puede llevarnos a una causa judicial, la ley sigue firme”, añadió. Fernández recordó que en principio la hicieron para hostigar a pueblos originarios y disipar movilizaciones callejeras que “en definitiva somos nosotras y nosotres que estamos defendiendo nuestros derechos. Queremos que se derogue completa, implica una amenaza”.
En estos últimos días, los medios no pudieron escapar de mostrar el jujeñazo, quizás algunos se olvidaron de contar o analizar la velocidad con la que el gobernador Gerardo Morales consiguió efectivizar una reforma de la carta magna y los motivos por los que lo hizo a espaldas del pueblo “entre gallos y medianoche”, como ahora todos dicen. “Se firmó con los ojos cerrados, muchos diputados no sabían muy bien de qué se trataba ni entendían por qué estábamos en contra, es más, no veían obstáculo en que haya organizaciones antiderechos en vez de médicos en hospitales tratando de convencernos a parir”, dijo Fernández.
Salud: una médica fue detenida e imputada por realizar una Interrupción Voluntaria del Embarazo
El año pasado, luego de mucha lucha de los feminismos, el activismo logró la absolución para Miranda Ruiz, una médica de Tartagal que fue víctima de grupos “antiderechos”, que en complicidad con el Poder Judicial de la provincia armaron una causa para intentar disciplinar a quienes garantizan el acceso al aborto seguro. En ese entonces, desde la Red de Profesionales de la Salud por el Derecho a Decidir alertaban sobre este accionar que pretende que las mujeres y personas gestantes no puedan acceder a un aborto legal, sometiéndolas de esta manera a la clandestinidad.
En relación a la norma impulsada por Fiore del espacio Confluir, que cuenta con media sanción en diputadxs, Fernández la consideró macabra y expresó que lo que ofrecen estos sectores es un acompañamiento a corto plazo, porque esas mujeres después continúan siendo violentadas en el mismo sistema de salud. “La diputada Fiore trabaja en contra de los derechos de mujeres, disidencias sexuales y niñeces, pareciera que a nadie le importa (…) El registro de obstructores de lazos familiares es una violencia más donde el 80 por ciento de las familias son monomarentales”.
Adultocentrismo: se sancionó norma que revictimiza a infancias
El Registro de Obstructores de Lazos Familiares en el ámbito del Poder Judicial tiene como objetivo registrar a progenitores, guardadores o tutores que, teniendo a su cargo el cuidado personal de niñas, niños y adolescentes “impidan el ejercicio del derecho a la comunicación o contacto del otro progenitor no conviviente o de la persona que tiene tales derechos”. Aquellas personas que tengan una denuncia no podrán sacar carnet de conducir, les quitarán la Asignación Universal por Hijx y dejarán de tener acceso a un terreno en el Instituto Provincial de la Vivienda.
Si bien en la provincia cuentan con una Secretaría de Mujeres que se expresó en contra de estos proyectos, la militante de la Campaña Fernández explicó que “el techo de cristal para nosotras está en todos lados, en el Estado también. Nosotras llevamos argumentos para los senadores, porque lo de las consejerías es innecesario, está todo garantizado en la salud pública por profesionales de la salud y es ilegal, va en desmedro de las personas con capacidad de gestar y lo mismo con la obstruccion de vinculos familiares”.
Educación: diplomatura para “prevenir” abortos legales
A inicios de marzo, a través de un comunicado la Red de Cátedra en Universidades Púbicas Nacionales sobre Educación Sexual Integral y Derecho al Aborto manifestaron su preocupación por la creación de la diplomatura denominada «Acompañamiento a la Mujer con embarazo vulnerable. Formación para la mujer en situación de aborto» de la Universidad Católica de Salta. El espacio de formación está dirigido a profesionales y estudiantes de ciencias de la salud, derecho, educación, orientación familiar como así también, agentes de pastoral y de familia, ONGs que trabajan con mujeres y público en general. El programa propone temas como “el milagro de la vida” y cuenta con un enfoque moralista sobre temas como “la responsabilidad frente a la vida humana”, “el binomio madre-hijo”, “el embarazo inesperado”, “el derecho a la vida”, “la contención a la mujer”, “los cuidados perinatales” y la aplicación de políticas públicas.
Fernández hizo hincapié en que son las mismas personas que articulan con la diputada Fiore. “Esto que están haciendo es un intento de meter esa gente (diplomatura USAL) en las consejerías que pretenden instalar en hospitales y centros de salud”, dijo. Además remarcó que el Estado salteño articula con el Poder Judicial y la Iglesia Católica de una manera muy violenta hacia las personas: “Es un entramado muy grande, no es una sola persona queriendo imponer su visiòn, la Iglesia tiene su peso, con su capital social, político, económico. En las instituciones, la mayoría de los jueces, fiscales y abogados vienen de la universidad católica, es la única que dicta abogacía y es paga”.
La integrante de la Campaña de Salta evalúo que ganar las recientes elecciones le dió al gobierno provincial de Saenz más ímpetu para arremeter contra los derechos. Para el gesto simbólico solo basta recordar que el 24 y 25 de mayo a la comunidad que reclamaba por sus derechos fue reprimida a los tiros en la cara.
(*) Conductora de Desde el Barrio, lunes a viernes de 10 a 13 hs, por Radio Gráfica.
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