Por Marcos Maldonado *
En el marco de la continuidad del paro que encabezan los principales sindicatos docentes de Jujuy en reclamo de mejoras salariales, el gobernador Gerardo Morales dictó un decreto con el que profundiza la criminalización de la protesta social y establece multas para quienes se manifiesten. Esto fue en la antesala de la marcha convocada en respaldo al reclamo de las y los educadores.
Los montos a pagar en caso de incumplir con el, modificado, Código Contravencional llegan a los 270 mil pesos para “quienes permanezcan en espacios públicos, alterando el orden, obstaculizando la libre circulación vehicular y/o peatonal, causando temor en la población o limitando ilegítimamente y de cualquier modo el libre ejercicio de los derechos de los ciudadanos”.
Lo firmado por el mandatario funciona como anticipo de la reforma de la Constitución de la Provincia de Jujuy, que impulsa su gobierno, como método para disciplinar cualquier tipo de manifestación en su contra. También es parte de su plataforma como precandidato presidencial de la Unión Cívica Radical dentro de Juntos por el Cambio.
Este lunes se lleva adelante la sexta jornada de paro docente, sostenida por trabajadoras y trabajadores nucleados en la Asociación de Educadores Provinciales (ADEP), el Centro de Docentes de Enseñanza Media y Superior (CEDEMS), el Sindicato Argentino de Docentes Privados (SADOP) y la Asociación de Docentes e Investigadores de la Universidad Nacional de Jujuy (ADIUNJu). A pesar del decreto, marchan al Palacio de Gobierno de Jujuy con la consigna “arriba los salarios, abajo la reforma” para exigir la urgente recomposición salarial frente a la elevada inflación que se registra y la consecuente pérdida del poder adquisitivo.
El decreto firmado por Morales generó un potente rechazo no solo en tierras jujeñas, sino también a nivel nacional. CGT y ambas CTA emitieron comunicados planteando su repudio frente a la medida que atenta contra la libertad para protestar.
La Confederación General del Trabajo expuso que se “veda y penaliza la manifestación popular y de las y los trabajadores, cercenando la libertad sindical manifestada en el derecho humano legítimo de huelga”. La principal central obrera de Argentina remarcó que “son medidas que no pueden ser toleradas en una sociedad democrática en donde la libertad de expresión y manifestación constituyen los ejes democráticos de la construcción participativa de nuestra nación”.
“Representan pensamientos y acciones vinculadas con momentos históricos nefastos de nuestro país que tuvieron como fin acallar las voces populares, sindicales y de los y las trabajadores”, afirmó la CGT, haciendo alusión también a la iniciativa que aprobó el Poder Legislativo de Salta, propuesta por el gobernador Gustavo Sáenz, con similares objetivos.
La CTA de los Trabajadores sostuvo que el gobernador jujeño “busca consolidar una especie de Estado de Sitio permanente” y advirtió que “es el globo de ensayo de lo que Juntos por el Cambio tiene previsto hacer si llega a ser gobierno para impedir las protestas que van a generar sus anunciados planes de ajuste”.
A través de una carta en la que se solicita la inmediata intervención, la CTA Autónoma denunció a Gerardo Morales ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT) por “por violación de convenios internacionales” al “restringir el derecho constitucional de protesta y huelga”.
Por su parte, la Confederación de Trabajadores de la Educación de República Argentina (CTERA) manifestó su “más enérgico repudio al Decreto Acuerdo Nº 8464-G/2023 promulgado por el gobernador de la provincia de Jujuy, Gerardo Morales” y convocó una jornada nacional de protesta “en solidaridad con la docencia jujeña”.
📢 JORNADA NACIONAL DE PROTESTA DE CTERA Y CTA. MARTES 13 EN TODO EL PAÍS EN SOLIDARIDAD CON LA DOCENCIA JUJEÑA.
EXIGIMOS AUMENTO SALARIAL PARA LXS DOCENTES Y RECHAZAMOS EL DECRETO DEL GOBERNADOR
GERARDO MORALES.
¡NO AL CERCENAMIENTO DE DERECHOS!
👉🏼https://t.co/mO7R7Oddnf pic.twitter.com/hSy2y0ZiLi— CTERA (@cteracta) June 12, 2023
El conflicto sigue abierto. Los sindicatos docentes, con el fuerte respaldo de gremios, organizaciones sociales, políticas y ahora de las centrales obreras, continúa con el paro por tiempo indeterminado para conquistar el aumento salarial y tumbar el restrictivo y peligroso decreto del mandatario jujeño.
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