“Es una obra social que no tiene problemas de solvencia, sino de funcionamiento. Existen dilaciones en la autorización de cirugías con casos de compañeros que tuvieron hasta dos cancelaciones, se han dado de baja a numerosos prestadores y profesionales. Hemos tenido problemas con clínicas a las cuales se cae el convenio y te enterás en la puerta de la misma cuando vas por una urgencia”, describe Marieta Urueña Russo, secretaria General del Sindicato de Trabajadores Judiciales de la República Argentina (SITRAJU-RA), sobre la dramática situación de la obra social. Denuncias que no son nuevas, pero que han quedado más visibles en el último período.
Entrevista por Vivian Elem, Jorge Benedetti y Rodolfo Colángelo
La referencia es a la Obra Social del Poder Judicial de la Nación (OSPJN) que debería dar una cobertura de salud adecuada a aproximadamente 100 mil beneficiarios de los cuales 50 mil son titulares a lo que hay que sumar 50 mil adherentes, pero que no viene cumpliendo. El funcionamiento de la misma depende de la Corte Suprema de la Nación alcanzando a los trabajadores de los tribunales federales y nacionales. Ante esta situación existen dos denuncias por el mal manejo en medio de una interna feroz que atraviesa a los propios “supremos” en la cual Ricardo Lorenzetti mantiene una sorda disputa con sus compañeros.
“Se tiene que investigar que pasa con la plata de la obra social, el dinero está, pero las prestaciones no se cumplen“, afirmó Urueña Russo.
“Como representantes de los trabajadores y trabajadoras venimos impulsando una investigación que hay en la Justicia a partir de las irregularidades en la obra social, pero sobre todo el mal funcionamiento que tiene que es grave. Por lo menos desde el año 2008 tiene un mal funcionamiento“, añadió.
“Además, hablamos de afiliados que tienen problemas de salud y no tienen la atención adecuada, de demoras de meses para hacer reintegros por lo cual los trabajadores se tienen que cubrir los tratamientos médicos, muchos de ellos costosos”, puntualizó.
Días atrás se trató el tema en la Comisión de Juicio Político a los cuatro jueces de la Corte Suprema que se desarrolla en la Cámara de Diputados del Congreso de la Nación. “En la investigación que llevan adelante, fueron dos trabajadoras que contaron con lo que sufrieron como mamás con hijos con discapacidad. Situaciones de mucho estrés para esas familias, con tratamientos que no pueden suspenderse”.
Respecto a las causas judicales, Urueña Russo explicó: “Como sindicato nos presentamos en las dos causas judiciales que existen, en las cuales pedimos ser considerados querellantes“. Una de las causas refiere a la gestión a cargo de Aldo Tonón, ya ha dejado ese puesto, y sobre el nuevo directorio encabezado por Mariano Althabe.
“Nosotros denunciamos la posibilidad contratación fraudulenta de dos empresas, una de ellas se llama Farmandat S.A, que tenía que garantizar medicamentos en todo el país y esos medicamentos no están, además de ser una empresa que no tendría la capacidad para brindar esa logística para entregar esos medicamentos. Al igual que la empresa de emergencia médicas que fue contratada de nombre Emergencia Médica Integral S.A.”.
“Esperamos que las causas judiciales avancen, que se investigue y llegue a las responsabilidades. Vamos a seguir exigiendo transparencia en la obra social, que haya más prestadores, que se agilice la atención. Tenemos todo para que sea una obra social de excelencia“, concluyó la referente judicial.
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