Por María Laura Morales
El pasado 22 de febrero desde la Asociación que preside Verónica Quiroga presentaron una denuncia dirigida a la cámara de diputados, -Comisión de Derechos y Garantías- para exigir que se investigue el proceder y se avance en un juicio político a estos dos funcionarios del Estado provincial.
El texto presentado indica que tanto las madres como sus hijxs son sometidos a un proceso tortuoso con la complicidad de un sector del Ministerio Público mientras que avanzan en “la construcción de una imagen de ‘mala madre’ generadora o merecedora del arrancamiento de su hijo, desviando el foco de las demandas e investigaciones, DE ORIGEN PENAL, a través de ALUSIONES AL SEUDO CIENTÍFICO SINDROME DE ALIENACIÓN PARENTAL”.
En diálogo con Radio Gráfica, Quiroga contó que habían pensado que luego del caso de Lucio el Estado iba a actuar de otra manera ante este tipo de casos, pero advirtió que notan que el sistema no se hizo cargo de las ausencias del Estado y del poder judicial sino que ocurre todo lo contrario porque se han recrudecido los ataques contra las madres protectoras y las infancias. En Santa Fe hay agentes operarios que continúan revictimizando a las infancias, no les creen y vulneran todos sus derechos.
“Denunciamos a dos jueces, Liliana Michelassi y Fabio Dela Siega e hicimos un pedido de juicio político porque sistemáticamente ante una denuncia de abuso sexual o violencia en la infancia la medida que toman es no creer en el relato de la víctima o de las personas develadoras que generalmente son las madres y revierten la guarda en favor de la persona denunciada”, agregó la presidenta de la asociación Red Viva.
“Sistemáticamente ante una denuncia de abuso sexual o violencia en la infancia la medida que toman es no creer en el relato de la víctima”
Además recordó que en relación al infanticidio de Lucio también son responsables los agentes del Estado que debieron tomar en cuenta todas las alarmas y denuncias que se venían realizando y alertó sobre un caso muy similar que se está dando en Santa Fe: “Acá estamos a un paso de tener un caso similar porque los niños están siendo entregados incluso a los progenitores que están denunciados por violencia de género con intento de femicidio”.
La denuncia presentada se elaboró de forma colectiva, se construyó a partir de los casos que se visibilizaron a raíz de hacer pública esta denuncia de madres protectoras. Lo que denuncian en Santa Fe es un accionar que ocurre de manera casi calcada en otras provincias de Argentina, como La Rioja o Córdoba, donde las madres están impedidas de contacto con sus hijxs por haber denunciado abuso sexual.
En este último tiempo en Santa Fe están observando que se agregó otro factor ya que en el sistema penal no prosperan las denuncias porque no llaman a Cámara Gessel, por lo tanto archivan las denuncias ya sean por abuso sexual o violencia de género. “Lo que sufren madres e hijxs es tortura judicial (…). Hay una avanzada en los juzgados de familia porque al no haber condena porque no investigan, lo que hacen es no creer en las denuncias y se suma como se ha instalado el impedimento de contacto que es una ley que viola todos los derechos”, contó Quiroga.
“Lo que sufren madres e hijxs es tortura judicial”
La Ley 24.270 se sancionó el 3 noviembre de 1993 y se promulgó a los 22 días, es muy breve ya que cuenta con cinco artículos. En el primero queda establecido que “será reprimido con prisión de un mes a un año el padre o tercero que, ilegalmente, impidiere u obstruyere el contacto de menores de edad con sus padres no convivientes”. Por su parte el cuarto incorpora el inciso tercero donde “sanciona el impedimento de contacto de los hijos menores con sus padres no convivientes”.
“Esta ley lo que permite es que se pueda hacer una denuncia penal sin pruebas, con esto lo que hacen es usar las medidas autosatifactivas que fueron creadas para las víctimas y las usan en favor de los victimarios”, remarcó Quiroga mientras que agregó que en Santa Fe llegaron al extremo de tener un niño secuestrado judicialmente y entregado a la persona denunciada por abuso sexual.
El poder judicial oprime y persigue a las madres que cuidan a sus hijxs y denuncian a los agresores. En distintas provincias del país hay mujeres que no pueden ver a sus hijxs como castigo por haber denunciado abuso sexual por parte de los progenitores. El sistema, compuesto por hombres en su mayoría, pero no en su totalidad, extorsiona para silenciar a las madres protectoras y no protege a las infancias.
Discusión acerca de esta noticia