Por Leonardo Martín
Nuevamente Edesur en el centro de la escena y de las críticas por el pésimo servicio que presta a los usuarios del sur del Conurbano Bonaerense y la Ciudad de Buenos Aires. Agudizado en los días de altas temperaturas, miles de vecinos han sufrido cortes de energía, prolongados en horas y días, además de repetitivos. Entre muchas, algunas de las preguntas que surgen son: ¿qué hacer con Edesur? ¿qué está dispuesto a hacer el Gobierno nacional con la empresa?
Edesur como tal comenzó a funcionar en septiembre de 1992, siendo el fruto de las reformas neoliberales del menemismo temprano que avanzó con un masivo proceso de privatizaciones. SEGBA fue parcelada y vendida a diversos prestadores según la zona. En el caso de Edesur estuvo inicialmente bajo el manejo de Chilectra (Chile) y una parte minoritaria de Pérez Companc, luego pasó por manos españolas (ENDESA). La empresa italiana ENEL, actualmente con el manejo de la compañía, desembarcó en el 2009 para hacerse cargo del servicio que alcanza a 7 millones de personas, con 2,6 millones de clientes.
Semanas atrás, ENEL anunció su retirada del país, puso el cartel de venta de Edesur y ya se desprendió de las plantas generadoras Central Costanera y Central Dock Sud, ambas adquiridas por Central Puerto.
Con las altas temperaturas de las últimas semanas volvió a quedar en evidencia la fragilidad del servicio con cortes de luz que proliferaron por la región. La reacción del Gobierno, en pleno caos, fue imponerle una sanción de 1.000 millones de pesos, obligar a no cobrar la última factura a aquellas personas que hayan tenido cortes prolongados y anunció que van a designar veedores para seguir de cerca el funcionamiento y auditar los incumplimientos de inversiones, entre otros aspectos. Está claro que el servicio es malo, que ENEL está en retirada, y que difícilmente lleguen las inversiones para mejorar el servicio. ¿Y entonces?
El Gobierno, pese a que existen sobrados motivos, evita hablar de nacionalización, si advierte por una posible intervención sin estatización y por lo pronto decidió enviar veedores que no participarán de la gestión de Edesur. Una auditoría mostraría lo evidente, que no se hicieron las inversiones necesarias ni en el tendido, ni las subestaciones para garantizar el servicio.
En diálogo con Radio Gráfica, el interventor del Ente Nacional Regulador de Electricidad (ENRE), Walter Martello, expresó que la “presencia en la empresa es para controlar la prestación del servicio. Incorporar esta figura que no es una intervención, pero tenemos en tiempo real que está ocurriendo. Existe un problema crónico con Edesur que viene incumpliendo parte de su contrato al no brindar un servicio como debería a los usuarios”.
“Edesur dice que no invierte porque no tiene la suba de tarifas. Es cierto que durante el gobierno del Frente de Todos las tarifas han subido muy por debajo de la inflación, pero cuando tuvieron aumentos del 2.500% durante el anterior gobierno tampoco invirtieron”, agregó Martello.
Respecto a eventuales modificaciones indicó que “en su opinión hay modelos mixtos en el mundo que trabajan bien, con capitales privados junto al Estado”, para que “este tenga presencia en las decisiones. Ahora estos modelos deben ser discutidos en un ámbito político que me excede”.
Vale agregar que ENEL tiene la mayoría accionaria y que una eventual estatización compulsiva podría derivar en un juicio en el CIADI, del Banco Mundial, como ocurrió con YPF, Aerolíneas Argentinas y AYSA, en un tribunal que es abiertamente favorable para los intereses empresariales. La pregunta es: ¿Y si el Estado decide comprar directamente las acciones de una devaluada Edesur? Para muestra está la referencia de lo que ocurrió recientemente con Edenor, que con muchos menos problemas de servicios, fue adquirida por el tridente Daniel Vila, José Luis Manzano y Mauricio Filiberti por una suma que según trascendió fue de 100 millones de dólares. Lo que eventualmente pueda valer Edesur tomando esa referencia no parece una cifra imposible teniendo en cuenta el valor estratégico de la misma.
El Gobierno, recientemente, condonó una deuda supermillonaria a diferentes empresas de distribución de energía, entre ellas Edenor y Edesur. De los 220 mil millones que le debían a Camessa, empresa generadora de propiedad estatal, les condonaron 140 mil millones permitiendo pagar los 80 mil millones restantes en 96 cuotas subsidiadas. ¿Qué sentido tiene seguir financiando y condonando deudas a Edesur?
CARLOS MINUCCI, APSEE: “PLANTEAMOS QUE ENARSA TOME LA MAYORÍA ACCIONARIA DE EDESUR”
El secretario General de la Asociación del Personal Superior de Empresas de Energía (APSEE), Carlos Minucci, viene denunciando desde hace años la falta de inversiones de Edesur y promoviendo el control de las empresas de Energía por parte del Estado.
“En el análisis hay que partir de la premisa de que la energía es un derecho humano y que eso no se puede negociar”, afirma Minucci tras describir los innumerables cortes de luz. “La gran tragedia fue la privatización de las empresas estatales, desde hace 30 años que no invierten, por eso el servicio es cada vez más malo y va a empeorar de seguir así. Un ejemplo es que acá no hay subestaciones nuevas desde los años noventa”.
Desde APSEE presentaron a comienzos de año un proyecto de ley en el Congreso para que “el Estado se haga cargo de los activos de ENEL”.
Allí destacaron la “oportunidad de iniciar una política de defensa del patrimonio de los argentinos y recuperar su rol estratégico nacional en el área del servicio público de electricidad”. El proyecto fue tomado por diputados de extracción sindical en el Congreso.
“En el proyecto planteamos que ENARSA se haga cargo del 51% de las acciones como por ejemplo ocurrió con YPF, en una empresa de carácter mixto”, afirmo.
Lo cierto es que hoy no parece la primera opción en carpeta del gobierno aunque por ahora no está siendo descartado. “El Gobierno analiza todas las variables siempre que legalmente existan y sean posibles para cuidar a los usuarios”, indicó la vocera presidencial Gabriel Cerruti en su conferencia de prensa semanal días atrás. Traduciendo, no es la primer voluntad del gobierno la estatización, quizás se pueda dar ante un escenario donde se profundicen los problemas y cortes en el servicio. El tiempo dará las respuestas.
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