Por Fernando Muñoz *
El blanqueo es la finalización de un círculo vicioso, que se inicia con la fuga de capitales. Los capitales locales en el exterior, que en 1975 eran de 5 millones dólares, a fines del siglo pasado superaban los 115.000 millones y ahora representan 400.000 millones de dólares. Hubo excepciones como en los primeros años del menemismo, que se repatriaron capitales para comprar los activos de las empresas públicas privatizadas.
La falta de dólares significa caída de reservas y en nuestro país se encara con endeudamiento externo o blanqueo de capitales fugados. Por tanto, el blanqueo es consecuencia de la fuga, de la falta de dólares.
Los blanqueos refuerzan el carácter corporativo de la clase dirigente. Se hacen cerrados, oscuros, ponen acento en el secreto fiscal. No tiene nada de popular. Blanquear dinero fugado es para una exclusiva élite. Estos acuerdos aceitan la complicidad entre dirigentes políticos que se sienten aliados, amigos o socios de los fugadores de capitales.
Los blanqueadores se salvan de toda acusación penal, o civil, por evasión o por origen. El Estado los convierte en delincuentes honestos y sin prontuario. El país les debe agradecer el aporte que ahora realizan, más allá del origen de su capital.
El blanqueo permite que ingresen dólares part-time, por un ratito. Es la antítesis de una reforma fiscal. Para el Frente de Todos es una buena excusa para evitar un debate de fondo. Para el kirchnerismo, un salto en largo del “Fondo nacional para la cancelación de la deuda con el FMI”. Ya fue, con esto vamos tirando.
El último blanqueo es de la gestión albertista. El blanqueo de plata ilegal o no declarada en construcciones nuevas, en compra “durante la construcción”, es decir en pozo. No hay mucha información sobre el resultado. Se dijo que fue de 200 millones de dólares, cuando los empresarios de la construcción habían prometido al Presidente que iba a ser de 5.000 millones de dólares.
La ley lleva por nombre “Incentivo a la Construcción y Acceso a la Vivienda”, un artilugio vulgar, una artimaña trillada del capitalismo total que atraviesa en este tiempo las instituciones. Pero a la vez un acto de sinceridad: en la Argentina tienen prioridad los fugadores para acceder a la compra de vivienda.
En agosto insistieron Massa y Ritondo –a través de un proyecto conjunto de ley-, con acompañamiento de la Cámara de la Construcción y la UOCRA (el sindicato que agrupa a los trabajadores). El Congreso volvió a votar la prórroga del blanqueo por un año más.
Sergio Massa, ahora como ministro de Economía, envía al Congreso un proyecto de ampliación para compra de viviendas usadas a los evasores.
¿Por qué? Si la vivienda usada no genera empleo. Es un bien improductivo. ¿Cuál es la razón por la que se incluye en el presupuesto la apertura a los dólares fugados para comprar viviendas usadas en un país donde se dice que faltan viviendas?
La Argentina tiene un mercado de viviendas de más de dos millones sin ocupar, un negocio privado. Vacías, o circunstancialmente ocupadas.
¿Van a consultar esta medida al Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat?
¿El INDEC va a publicar los datos del último censo para que conozcamos cuántas viviendas desocupadas o vacías hay en el país?
¿La AFIP va a obligar a estos “inversores” de poca moralidad fiscal a declarar sus contratos de alquiler?
¿Además de blanquear plata fugada, el gobierno va a difundir la Ley de Alquileres vigente en la Argentina?
¿Se va a prohibir a estos “inversores” que terminen obteniendo una renta abusiva a través del alquiler turístico?
¿El gobierno está pensando en resolver las demandas habitacionales de la población inquilina?
¿Quién va a controlar que esas viviendas nuevas o usadas sean efectivamente para habitación?
¿O seguirán el camino de la vivienda especulativa, vacía, para seguir engordando el circuito de la especulación?
No hay que ser un experto para encontrar la respuesta. Nosotros somos el país de la región con más viviendas vacías. Buenos Aires tiene una vivienda cada dos habitantes y Rosario tiene 60.000 viviendas más que las necesidades de su población.
Y el Estado, en vez de disponer de las viviendas vacías con una planificación concreta, abre aún más el mercado de negocios a los capitales sin origen y en fuga de impuestos.
Si hablamos de vivienda, necesitamos discutir en el sentido contrario. El Estado debe intervenir el mercado inmobiliario, en vez de hacer de soporte de infraestructura del negocio privado.
La vivienda vacía es un crimen. Y el gobierno tiene responsabilidad pública. No puede seguir hablando del sueño de la casa propia mientras alienta el negocio libre de regulaciones, libre de plusvalía, libre de impuestos y libre de penalidades.
(*) Autor de “La desigualdad bajo techo. Más de 100 años de alquiler”
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