“El gobierno nacional que el imputado encabezaba espió ilegítimamente a los protagonistas de una de las mayores tragedias que se vivió en su gestión. Ello se hizo, entre otras cosas, con el objetivo de anticiparle a Mauricio Macri, cuáles eran los movimientos y los reclamos que existían en ese colectivo de familiares”, escribió el juez federal de Dolores Martín Bava en la resolución que procesó al ex presidente.
La abogada de familiares de víctimas del ARA San Juan, Valeria Carreras, dialogó con Radio Gráfica sobre las implicancias del fallo. “Las pruebas irrefutables de espionaje ilegal son los tres discos que se encuentran en la AFI donde están los reportes, el seguimiento fotográfico, infiltrados, nombres de agentes que tomaban las fotos, fechas. Esto no es un presunto espionaje, es espionaje. Tareas de inteligencia sin orden de un juez, partimos de esa base”, aclaró la letrada.
“Esto no es un presunto espionaje, es espionaje. Tareas de inteligencia sin orden de un juez”
El espionaje se llevó adelante “sobre todo durante los primeros seis meses”. “Después mermó y terminó al año. Digo que terminó porque solo había tres discos, el resto fue incinerado en la base del AMBA AFI de Mar del Plata por la orden de un superior de capital, al tener que entregar el poder el macrismo. Imagínate lo que habían hecho para mandar a quemar la totalidad de antecedentes de tareas que realizaron”, manifestó la abogada.
“Imagínate lo que habían hecho para mandar a quemar la totalidad de antecedentes de tareas que realizaron”
“Ahora hay que determinar quiénes fueron los responsables. Para el juez Bava fueron 12 personas, del presidente hacia abajo; (Mauricio) Macri, el director de la AFI (Gustavo) Arribas, la subdirectora, (Silvia) Majdalani, el titular de la AFI de Mar del Plata, (Nicolás) Iuspe Benítez, y el resto de los nombres no los puedo decir por la Ley Nacional de Inteligencia”, señaló.
Tras conocerse el procesamiento, el ex mandatario calificó al juez Bava de ser “absolutamente parcial” y consideró la resolución como parte de un entramado de persecución política en su contra. “Macri quiere instalar que esto es una causa política, pero cuando él era presidente en abril de 2018, todas las familias dijeron en una audiencia pública televisada en la Bicameral, que los estaban espiando”, recordó Carreras al tiempo que sostuvo que fue el propio ex ministro de Defensa Oscar Aguad quien presentó una denuncia tras escuchar a los familiares.
“Esto no es de ahora, es de antes, el gobierno tenía conocimiento pleno (…) porque el ministro Aguad llamativamente, al día siguiente que la querella mayoritaria hace la denuncia, presenta una denuncia en idénticos términos que terminan tramitando juntas, y cuando el juez y el fiscal (Gerardo) Pollicita de Comodoro Py deciden archivarla, Aguad no hace nada a nivel administrativo, ¿Y por qué no hizo nada? Porque era parte y esa denuncia la hizo para no quedar tan mal parado. El juez Bava dice que fue el peor error porque admitía que existía la posibilidad que se hicieran tareas irregulares de inteligencia”, explicó la abogada.
Consultada por la pena estipulada en este tipo de delitos, Carreras señaló que podrían ser hasta “10 años de cumplimiento efectivo y el doble de tiempo inhabilitado para ejercer cargos públicos”, aunque subrayó que el proceso judicial es largo y puede terminar en la Corte Suprema de Justicia. “Que esta causa pierda interés y termine en el olvido sería como volver a matar a los 44 tripulantes”, concluyó.
- Entrevista realizada por Mauro Cavallin en Abramos la Boca (lunes a viernes de 16 a 18 hs)
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