Por Horacio Rovelli
El déficit fiscal total del año 2020 de la Administración Nacional fue de 2.292.730 millones de pesos y representó un tercio del total del gasto, gasto que se incrementó fuertemente por los programas de salud y asistenciales por la pandemia del covid 19. Dicho déficit fiscal fue financiado parcialmente por el BCRA, por dos vías, una transfiriendo utilidades de la autoridad monetaria (que se generan porque las reservas internacionales brutas en oro y divisas valen más en pesos) por casi un billón de pesos y, otra parte, por Adelantos Transitorio al Tesoro por 467.720 millones, por lo tanto la Administración Nacional debió endeudarse en el año 2020, básicamente en pesos, por la diferencia, que fue de 827.700 millones de pesos. Esquema que plantea repetir este año 2021, para que el 60% del déficit sea financiado por el BCRA y, 40% por deuda, pero con cifras menores (el objetivo es reducir el déficit fiscal total del 8% al 4,5% del PIB para este año 2021).
Pero de allí a afirmar que la política de reducir el déficit fiscal no es de derecha o de izquierda, dista de la realidad, en un país donde a la injusta distribución del ingreso se suma un más injusto y regresivo sistema impositivo. El Ministro Guzmán tiene una idea teórica del tema formado en las universidades de los EEUU, en ese país los impuestos respetan la proporción en la recaudación entre gravámenes a la riqueza (patrimoniales), a las ganancias (rentas) y, al consumo y la actividad, que es de aproximadamente un tercio para cada división, por un lado y, por el otro, esa Nación, una vez descontadas las diferentes exenciones y ventajas fiscales, vemos que el quintil de mayores ingresos enfrenta un tipo federal efectivo que es el doble del quintil de menor ingreso, y además, depende de los Estado la presión fiscal, obviamente en Nueva York es mayor que en el centro oeste americano.
Muy distinto es en nuestro país, donde sumando las imposiciones de las provincias, el total de los impuestos al consumo y a la actividad (IVA; Combustible; Internos; Débito y Crédito Bancario; etc. a nivel nacional y el Impuesto a los Ingresos Brutos a nivel provincial) representan más del 75% de lo que se recauda. El Impuesto a las Ganancias no alcanza a ser el 22% de la recaudación total (donde un tercio es a la cuarta categoría – trabajo personal) y, el gravamen a las riquezas supera levemente el 3%. Por ejemplo teniendo las tierras más fértiles del mundo, el impuesto inmobiliario rural (que recaudan las provincias) no alcanza a ser el 0,3% del PIB, cuando el IVA representa el 10,5% del producto bruto interno argentino.
Por ende se puede lograr reducir el déficit fiscal, pero el camino correcto es esencialmente cobrándole impuestos a los que no pagan o lo hacen mínimamente, que son los sectores más ricos de nuestra sociedad. La presión impositiva es importante para la mayor parte de la población, no así para los que detentan un gran patrimonio.
Por ejemplo, la recaudación de impuesto a los Ingreso Brutos, que se traslada y lo paga el consumidor final, representó en la Provincia de Buenos Aires en el año 2020 el 72,6% de la recaudación de la provincia ($ 339.086 millones), mientras que el Impuesto Inmobiliario Rural fue de solo $ 14.131 millones (el 3% de la recaudación propia), cuando la concentración de la propiedad de la tierra, según informa el Censo Nacional Agropecuario, 2.516 establecimientos son dueños de 11.158.368,9 hectáreas (sobre un total de 25.788.669 hectáreas cultivables de la Provincia), pero a su vez, cuando a comienzo del año 2020 en el Senado bonaerense se trató el Código Fiscal, nos enteramos que los dueños de esos establecimientos son 211 familias y/o sociedades. Estamos hablando de la tierra más fértil del país (y una de las más fértiles del mundo), donde más rinde por hectáreas tiene el maíz, el trigo, la soja, el sorgo, el girasol, etc., paga solamente el 3% de los ingresos propios de la provincia
Es claro que se necesita una reforma integral del sistema tributario y que no se puede realizar una disminución del déficit sino se lo hace principalmente desde los ingresos.
EL DIFICIT CUASI FISCAL
Lo más llamativo es que el equipo económico no muestra la misma preocupación por el déficit del BCRA o cuasi fiscal, cuando las Leliq (letras de Liquidez del BCRA) más los pases pasivos (que es plata que los bancos le prestan al BCRA) suman en total al 4 de marzo de 2021, 2,8 Billones de pesos, superando a la Base Monetaria que es el total de dinero creado y puesto en circulación por el BCRA que era a esa fecha de 2,6 billones de pesos e incluso, es mayor al déficit fiscal de $ 2,3 Billones
Esa masa de dinero inmovilizada devenga intereses todos los meses, que en febrero de 2021 fue por unos $ 75.000 millones, que paga religiosamente la autoridad monetaria. En la gestión actual del BCRA el renglón que más se incrementó fueron la Leliq, creció de $ 758.453 millones en el inicio de la gestión al 4 de marzo 2021 que ascendía a 1.887.890 millones, en un 148,9%, cuando en igual lapso, toda la base monetaria lo hizo solo en un 44%.
Por lo tanto en la Argentina el crédito y la liquidez (dinero en la calle) es mínimo e insuficiente para impulsar la actividad económica y, no solo no se puede concebir que el BCRA le pague a los Bancos por no prestar, sino que esas inmovilizaciones han tomado una magnitud inconmensurable y, el nivel de esterilización del dinero es de mayor magnitud que el déficit fiscal de Tesoro de la Nación, con el grave riesgo que se convierta en una “bola de nieve” imposible de pagar.
Cínicamente los economistas del sistema critican el déficit fiscal, básicamente ocasionado para poder hacer frente al drama de la pandemia generada por el covid-19, pero nada dicen del déficit cuasi fiscal o déficit del BCRA que crece sin cesar y por motus proprio y, dada la concentración del sistema financiero local, donde diez grandes bancos privados concentran la mayor parte de las Leliq y pases pasivos y, son los mismos que compraron para sí y para sus clientes la mayor parte de los 86.200 millones que se fugaron en la gestión del gobierno de Cambiemos, de los cuales los 100 primeros compradores lo hicieron por 24.769 millones de dólares, según afirma el Informe “Mercado de cambios, deuda y formación de activos externos, 2015-2019” del BCRA.
En ese marco el BCRA lleva a delante una querella contra los funcionarios que hicieron posible el endeudamiento y su fuga en la gestión de Cambiemos, que está muy bien, pero que debe extenderse a las personas físicas y jurídicas que se beneficiaron con esa práctica.
LAS VERDADERAS Y NECESARIAS MEDIDAS
Es obvio que deben tomarse fuertes medidas en el área financiera y cambiaria para revertir la situación y que sean las entidades financieras las que se conviertan en funcionales a un sistema económico en crecimiento y distribuyendo progresivamente el ingreso y no, como ha sido hasta ahora, mecanismo de renta y fuga de capitales, por ello se propone:
1) Anular la facultad que le otorga la Ley 24.144 de 1992 de Carta Orgánica del BCRA de que los dólares que el BCRA le compra al Tesoro de la Nación, por endeudamiento de la Administración Nacional y como el Estado paga mayoritariamente sus gastos en pesos (bienes y servicios, contratos, licitaciones, salarios, jubilaciones y pensiones) y solamente la deuda externa es en divisas, termina vendiéndole al BCRA mayoritariamente esos dólares por pesos y, el BCRA en lugar de tener prohibido transferir los dólares generados por la deuda del Estado, le vende esos dólares a los bancos, financiando la fuga de capitales
2) Fortalecer la capacidad del BCRA para regular el crédito, captar fondos y controlar el sistema financiero. De acuerdo con este esquema, la principal actividad de los bancos debe orientarse a facilitar el acceso al crédito, así como agilizar las transacciones económicas en clara línea con una preocupación por estimular la demanda. En ese sentido se exige mantener una relación cifrada en 5% entre el capital de la entidad y el monto de los depósitos recibidos y otras obligaciones a su cargo, de ese modo, las entidades financieras aumentan su capital si el volumen de operaciones así lo justifica. Con esta medida se busca fomentar la cantidad de préstamos otorgados al sector productivo a través de facilitar las condiciones para las instalaciones de nuevas entidades financieras.
3) Fortalecer el rol de superintendencia de las entidades financieras y cambiarias del BCRA. Para ello es se debe conformar una mesa de coordinación institucional con la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac) perteneciente al Ministerio Público Fiscal; el Ministerio de Seguridad; la Superintendencia de Entidades Financieras y Cambiarias (SEFyC) del Banco Central de la República (BCRA); la Comisión Nacional de Valores (CNV); la AFIP; el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social; y la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF).
La SEFyC junto a la UIF y el resto de los reguladores, deben intensificar las ruedas de monitoreo, cruces de información, fiscalización en oficinas de negocios y formulación de denuncias penales a través de Procelac, controlando los mercados paralelos e identificando el entrelazamiento entre el sistema económico formal y diferentes circuitos de circulación de capitales procedentes de las economías informales o clandestinas
Es imprescindible restablecer el Art. 6to de la Ley 20.840 de 1974, comúnmente denominada de “Subversión Económica”, que básicamente preveía sanciones privativas de libertad y multa, respecto de comportamientos que afectaren el patrimonio o bienes de capital de un establecimiento. Considerándose como agravantes de estas acciones, a los efectos de aumentar la pena, los casos en que se produjera desabastecimiento de bienes o servicios de uso común, estafas, el cierre, liquidación o quiebra de empresas o el perjuicio para la economía nacional.
4) Modificar la ley 21.526 de Entidades Financieras para que la actividad sea de interés público nacional que preserva el carácter privado de la misma y su sometimiento a un régimen preponderantemente de derecho privado, pero obliga a las entidades a aceptar la aplicación de una intensa regulación y fiscalización estatal, dado que ellos administran ahorro del público y debe ser orientado a financiar la producción y el trabajo y no a actividades especulativas de ningún tipo.
5) Es indispensable aumentar la liquidez sobre el PIB para que se dirija directamente a los sectores de la población que, principalmente está conformado por los beneficiarios del IFE (Ingreso Familiar de Emergencia) y los trabajadores que perciben remuneraciones por menos del promedio y, a las pequeñas y medianas empresas y al Estado. Para ello el Profesor Sergio Arelovich coordinador del Mirador de la Actualidad del Trabajo y la Economía (Mate), propone transformar el stock de LELIQS en stock de otro activo remunerado, a un plazo de un año y a una tasa mensual variable similar a la tasa pasiva promedio e ir liberando en cuotas tal tenencia, de ese modo y a una tasa regulada o administrada por el BCRA, el enorme stock de LELIQs se transformaría en un factor de expansión monetaria aplicado al restablecimiento del crédito a la producción y al trabajo.
6) Anular el Decreto 893/2017 y de esa manera restablecer el Decreto 2581/1964 de Emergencia Cambiaria, que impediría la compra de dólares de las Reservas internacionales del BCRA y que las decisiones de venta de esas reservas sean tomadas en forma conjunta por la máxima autoridad del BCRA, de la AFIP (que administra la Aduana) y del Ministerio de Producción de la Nación (de quién depende el comercio exterior).
De otro modo, si no se limita el poder omnímodo de los grandes bancos privados que operan en el país, seguiremos dependiendo de ellos y por ende seguirán fugando capitales, incrementando las tasas de interés y no generan crédito ni liquidez suficiente para que el sistema económico argentino funcione.
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