De la lucha a la aplicación

Por Camila Hernández Benítez

8 de marzo de 2020. En un Congreso repleto que gritaba al unísono “la deuda es con nosotrxs”, se daba el puntapié para un año que, a nivel de ampliación de derechos, iba a ser clave. Algunos días antes el Poder Ejecutivo había anunciado que Alberto Fernández tenía previsto enviar al recinto el proyecto de Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo. Lo que nadie se imaginó fue que dos semanas después la Argentina –y el mundo- se pararían por una pandemia que descolocó todo y a todxs.

Un Congreso que dejó de funcionar de manera presencial, que tardó un tiempo en retomar sus actividades con una nueva modalidad, y un Ejecutivo que tuvo que dar un giro de 180 grados con las políticas y a las prioridades a atender.

A pesar de esto, los feminismos –con la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal Seguro y Gratuito a la cabeza- no dejaron que el debate se pierda de la agenda. Así, el 28 de mayo de 2020, cuando la Campaña cumplía 15 años de vida, se llevaron a cabo acciones en todo el país para seguir reclamando por el proyecto de ley.

Finalmente, el martes 17 de noviembre de 2020, Alberto Fernández anunció el envío del proyecto al Congreso. El último mes y medio del año iba ser todo menos tranquilo.

Del 2018 a esta parte, el escenario cambió, las discusiones se torcieron, y el debate por el derecho a decidir y a que el Estado garantice el acceso a un aborto seguro y gratuito se fueron enriqueciendo.

Llega diciembre, llega diputados, llega senadores, llega fin de año. Llega, luego de más de 15 de trabajo por el proyecto de legalización del aborto, y de muchos años de lucha, la ampliación de derechos para las mujeres y personas con capacidad de gestar.

Con esto llegan también los manotazos de ahogado disfrazados de presentaciones judiciales, de objeciones de conciencia institucionales -que no están permitidas por la Ley- y de trabas sin sentido para su aplicación.

Finalmente, el 24 de enero de este año, entró en vigencia la Ley 27.610, de Interrupción Voluntaria del Embarazo. Una ley que le puso fin a la criminalización a las personas con capacidad de gestar. Una Ley que garantiza el poder elegir maternar o no; recordemos que junto a la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) se aprobó la Ley de los Mil Días, para acompañar también a quien decidiera seguir un embarazo.

¿Qué queda por delante? Mucho. Pero la principal diferencia con el 2018 es que en esta ocasión hubo y hay un Estado detrás que vela por su aplicación: apenas promulgada la Ley, en la Provincia de Buenos Aires se presentó una guía de implementación de la misma. Recomendaciones, indicaciones y pautas a seguir para los centros de salud y lxs profesionales que deban garantizar un aborto.

Por último, pero no menos importante, una pata fundamental en esta cuestión: la educación sexual integral. Sin herramientas ni información, no hay derechos que se puedan ejercer. Que las pibas y pibes tengan acceso a una educación sexual integral es clave para no tener que agotar las últimas instancias.

En el Artículo Nº12 de la Ley IVE queda claro: “El Estado nacional, las provincias, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y los municipios tienen la responsabilidad de implementar la Ley 26.150 de Educación Sexual Integral, estableciendo políticas activas para la promoción y el fortalecimiento de la salud sexual y reproductiva de toda la población. El contenido curricular sobre aborto debe ser enseñado como un derecho de las mujeres y personas gestantes, a través de contenidos científicos, laicos, confiables, actualizados y con perspectiva de género que puedan fortalecer su autonomía.”

8 de marzo de 2021. Argentina es un país un poco menos injusto. Miramos para atrás, para el último 8 de marzo, y podemos mirar para adelante con la tranquilidad de estar dejándole a lxs que vienen una deuda menos.